La Corte de Constitucionalidad (CC), suspendió el trámite de antejuicio contra la jueza del Juzgado de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.
Los magistrados otorgaron un amparo provisional a la jueza Aifán contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de dio trámite a la solicitud planteada por el Instituto de Magistrados.
La juzgadora es señalada de cometer irregularidades en el caso llamado “Comisiones Paralelas 2020”, y por ello se pidió iniciar el proceso para quitarle la inmunidad.
Por el momento se desconocen detalles de la resolución temporal de los magistrados de la CC, la que fue informada mediante un comunicado de prensa.
Los tres señalamientos contra Aifán
El Instituto de Magistrados consideró una ilegalidad la acción de Aifán, porque los Juzgados de Mayor Riesgo solo pueden conocer procesos asignados por la Corte Suprema de Justicia. En este caso no ocurrió ese procedimiento.
Señalan que la juzgadora pudo incurrir en los delitos de abuso de poder y tráfico de influencias.
“La jueza conoce un caso de 2020 sin que tenga facultad de la Corte Suprema de Justicia, en un contexto de un proceso de 2016 que no sabe cuál es”, indica el magistrado Estuardo Castellanos.
El siguiente señalamiento contra la jueza es porque pudo autorizar, de manera ilegal, investigaciones contra los magistrados u otros funcionarios que gozan del derecho de antejuicio.
Ello porque en el informe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se indica que solicitaron información telefónica de señalados de comunicarse con Gustavo Alejos. El delito cometido acá podría ser infracción de privilegio.
Y el tercer señalamiento se refirió a que podría existir un “acuerdo” entre el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, la jueza Aifán y la Fundación Myrna Mack.
El objetivo sería promover las acciones que señalan en su informe, basados en estudios de esta oenegé.
Por ello pidieron investigar a la jueza para determinar el grado de relación porque participan, de manera conjunta, en foros, capacitaciones, premiaciones y otras actividades que los vinculan.
En este caso se solicitó revisar quién financia estas actividades y las comunicaciones telefónicas entre ellos. Acá los delitos podrían ser tráfico de influencias y asociación ilícita.
La Corte de Constitucionalidad (CC), suspendió el trámite de antejuicio contra la jueza del Juzgado de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.
Los magistrados otorgaron un amparo provisional a la jueza Aifán contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de dio trámite a la solicitud planteada por el Instituto de Magistrados.
La juzgadora es señalada de cometer irregularidades en el caso llamado “Comisiones Paralelas 2020”, y por ello se pidió iniciar el proceso para quitarle la inmunidad.
Por el momento se desconocen detalles de la resolución temporal de los magistrados de la CC, la que fue informada mediante un comunicado de prensa.
Los tres señalamientos contra Aifán
El Instituto de Magistrados consideró una ilegalidad la acción de Aifán, porque los Juzgados de Mayor Riesgo solo pueden conocer procesos asignados por la Corte Suprema de Justicia. En este caso no ocurrió ese procedimiento.
Señalan que la juzgadora pudo incurrir en los delitos de abuso de poder y tráfico de influencias.
“La jueza conoce un caso de 2020 sin que tenga facultad de la Corte Suprema de Justicia, en un contexto de un proceso de 2016 que no sabe cuál es”, indica el magistrado Estuardo Castellanos.
El siguiente señalamiento contra la jueza es porque pudo autorizar, de manera ilegal, investigaciones contra los magistrados u otros funcionarios que gozan del derecho de antejuicio.
Ello porque en el informe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se indica que solicitaron información telefónica de señalados de comunicarse con Gustavo Alejos. El delito cometido acá podría ser infracción de privilegio.
Y el tercer señalamiento se refirió a que podría existir un “acuerdo” entre el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, la jueza Aifán y la Fundación Myrna Mack.
El objetivo sería promover las acciones que señalan en su informe, basados en estudios de esta oenegé.
Por ello pidieron investigar a la jueza para determinar el grado de relación porque participan, de manera conjunta, en foros, capacitaciones, premiaciones y otras actividades que los vinculan.
En este caso se solicitó revisar quién financia estas actividades y las comunicaciones telefónicas entre ellos. Acá los delitos podrían ser tráfico de influencias y asociación ilícita.