En momentos de crisis como la que actualmente vivimos, el costo de la formalidad es un factor relevante para quienes buscan mantenerse o sobrevivir en sus empresas y emprendimientos. Por lo que, si el gobierno quiere recaudar más impuestos, en lugar de anunciar la fiscalización de las ventas en las redes sociales debería incentivar la formalización mediante la reducción del costo de la formalidad.
En días recientes, el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, anunció, entre otras cosas, la fiscalización de este tipo de ventas por medios digitales a través de “contact centers” para controlar estas operaciones. Aunque después rectificó la información y aclaró que se refería a “estructuras” de defraudación fiscal y no a los pequeños emprendedores que buscan sobrevivir a las medidas de confinamiento, estas declaraciones reflejan en buena medida la visión de los recaudadores de impuestos en la mayoría de los países latinoamericanos.
La SAT empieza a enfrentar el dilema de cómo llegar a la meta de recaudación con una economía casi cerrada, con un Producto Interno Bruto negativo, aumento en el desempleo y la recesión económica tocando a la puerta.
Entonces ¿qué hacer ante un panorama complicado? La mayoría recomendará la receta de siempre, que ha demostrado no funcionar en el largo plazo, aumentar el gasto público para “reactivar” la economía, pedir préstamos para financiar el gasto público y después, cuando le condicionen los préstamos a una reforma fiscal, propondrán aumentar los impuestos, las regulaciones y los controles fiscales con el consiguiente aumento de los poderes burocráticos discrecionales.
En pocas palabras, pedir fiado para despilfarrarlo, cuando ya no les presten y deban pagar los préstamos, aumentar la carga fiscal al tributario y el poder de castigarlo si no cumple con su obligación de mantener a los políticos y funcionarios.
Sin embargo, existe otra opción y esta es bajar el costo de la formalidad, la cual implica no sólo la carga fiscal, que ya es alta, sino también reducir y simplificar las regulaciones sanitarias, laborales, administrativas, ambientales y demás trabas que se le ocurran a los legisladores, burócratas y grupos de presión. Es decir, reducir al mínimo todos aquellos gastos que implica actuar en la legalidad.
En el tema fiscal, la reducción de impuestos, así como la simplificación de trámites ayudará a una recuperación más rápida de la economía. Recuerde que el dinero es más productivo en manos del legítimo creador de esa riqueza, ya sea en reinversión o consumo, que en manos del político de turno.
Si a esto le sumamos una reducción y simplificación de los trámites burocráticos entonces será más fácil crear empresas, emprendimientos y reactivar, desde lo individual y lo privado, la economía. A fin de cuentas, toda esta tramitología poco o nada le agregan valor al consumidor y sólo sirven para darle el poder al funcionario de multar o extorsionar a quien no los cumple.
Debemos entender que somos nosotros, en lo privado, quienes haremos el esfuerzo de reactivar la economía, que somos nosotros los encargados de crear riqueza, recuerde que el gobierno sólo la gasta, y que somos nosotros quienes cargaremos con el costo de tener gobierno.
El costo de la formalidad para un empresario o emprendedor es como traer una carga a cuestas, y ahora, con todas las restricciones gubernamentales, la carga se vuelve más pesada. Entonces, si queremos salir lo más rápido posible de esta crisis, esa carga llamada costo de formalidad deberá ser la más ligera posible, no me refiero a privilegios ni a subsidios mercantilistas, sino a “no estorbar” en la creación de riqueza que tanta falta hace en nuestros países.
@Md30
Facebook.com/Mda30
En momentos de crisis como la que actualmente vivimos, el costo de la formalidad es un factor relevante para quienes buscan mantenerse o sobrevivir en sus empresas y emprendimientos. Por lo que, si el gobierno quiere recaudar más impuestos, en lugar de anunciar la fiscalización de las ventas en las redes sociales debería incentivar la formalización mediante la reducción del costo de la formalidad.
En días recientes, el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, anunció, entre otras cosas, la fiscalización de este tipo de ventas por medios digitales a través de “contact centers” para controlar estas operaciones. Aunque después rectificó la información y aclaró que se refería a “estructuras” de defraudación fiscal y no a los pequeños emprendedores que buscan sobrevivir a las medidas de confinamiento, estas declaraciones reflejan en buena medida la visión de los recaudadores de impuestos en la mayoría de los países latinoamericanos.
La SAT empieza a enfrentar el dilema de cómo llegar a la meta de recaudación con una economía casi cerrada, con un Producto Interno Bruto negativo, aumento en el desempleo y la recesión económica tocando a la puerta.
Entonces ¿qué hacer ante un panorama complicado? La mayoría recomendará la receta de siempre, que ha demostrado no funcionar en el largo plazo, aumentar el gasto público para “reactivar” la economía, pedir préstamos para financiar el gasto público y después, cuando le condicionen los préstamos a una reforma fiscal, propondrán aumentar los impuestos, las regulaciones y los controles fiscales con el consiguiente aumento de los poderes burocráticos discrecionales.
En pocas palabras, pedir fiado para despilfarrarlo, cuando ya no les presten y deban pagar los préstamos, aumentar la carga fiscal al tributario y el poder de castigarlo si no cumple con su obligación de mantener a los políticos y funcionarios.
Sin embargo, existe otra opción y esta es bajar el costo de la formalidad, la cual implica no sólo la carga fiscal, que ya es alta, sino también reducir y simplificar las regulaciones sanitarias, laborales, administrativas, ambientales y demás trabas que se le ocurran a los legisladores, burócratas y grupos de presión. Es decir, reducir al mínimo todos aquellos gastos que implica actuar en la legalidad.
En el tema fiscal, la reducción de impuestos, así como la simplificación de trámites ayudará a una recuperación más rápida de la economía. Recuerde que el dinero es más productivo en manos del legítimo creador de esa riqueza, ya sea en reinversión o consumo, que en manos del político de turno.
Si a esto le sumamos una reducción y simplificación de los trámites burocráticos entonces será más fácil crear empresas, emprendimientos y reactivar, desde lo individual y lo privado, la economía. A fin de cuentas, toda esta tramitología poco o nada le agregan valor al consumidor y sólo sirven para darle el poder al funcionario de multar o extorsionar a quien no los cumple.
Debemos entender que somos nosotros, en lo privado, quienes haremos el esfuerzo de reactivar la economía, que somos nosotros los encargados de crear riqueza, recuerde que el gobierno sólo la gasta, y que somos nosotros quienes cargaremos con el costo de tener gobierno.
El costo de la formalidad para un empresario o emprendedor es como traer una carga a cuestas, y ahora, con todas las restricciones gubernamentales, la carga se vuelve más pesada. Entonces, si queremos salir lo más rápido posible de esta crisis, esa carga llamada costo de formalidad deberá ser la más ligera posible, no me refiero a privilegios ni a subsidios mercantilistas, sino a “no estorbar” en la creación de riqueza que tanta falta hace en nuestros países.
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