La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura presentó una denuncia contra autoridades del Sistema Penitenciario por sospechar que hubo negligencia en la muerte del exministro de Salud, Jorge Villavicencio.
“La denuncia fue presentada esta semana en el Ministerio Público (MP) por el delito de homicidio culposo”, dijo Otto Paz, relator presidente de la Oficina de Prevención de la Tortura.
Agregó que ahora los fiscales deberán determinar si hubo negligencia y “si procede una investigación por homicidio culposo”.
Agregó que a su criterio las autoridades de Presidios no acataron la orden del juez competente de trasladar al exministro para recibir el tratamiento por coroanvirus.
Denuncia y responsabilidad
Además, manifestó no comprender por qué un alcaide le da seguimiento a una orden judicial dirigida al Director de Presidios.
“Eso no es competencia de ellos. El Ministerio Público deberá establecer si existió una responsabilidad penal”, afirmó Paz.
El exministro de Salud falleció el 20 de julio en el Hospital Roosevelt por complicaciones de salud, después de ser afectado por covid-19.
El relator también informó que durante varias verificaciones a las cárceles del país observaron que persiste el hacinamiento, la falta de insumos para los guardias y los privados de libertad.
“Durante las visitas encontramos que los agentes tienen lo mínimo para protegerse del coronavirus, es decir una mascarilla. En las entrevistas algunos de ellos declararon que tienen que comprar sus propia tapabocas. Muchos de ellos confirmaron que con el Bono 14 aprovecharon para comprar”, explicó Cecilia Barrios, también relatora de la Oficina.
Más hallazgos
Barrios agregó que otro de los hallazgos fue que las encomiendas no son desinfectadas, los guardias usan guantes no adecuados. Además, dijo que persiste los problemas con los traslados para los centros por cuestiones administrativas y judiciales.
Afirmó que se han tenido reuniones con el director del Sistema Penitenciario, Organismo Judicial y personal administrativo para recomendar protocolos interinstitucionales para atender a los privados de libertad.
“Iniciamos acciones legales contra estos funcionarios irresponsables, pues consideramos que se están perdiendo vidas. Como oficina hemos hecho las visitas correspondientes y las recomendaciones, pero hasta la fecha todo sigue igual”, aseveró el presidente relator.
Otra denucia
El 22 de julio el abogado Mario Cano presentó una denuncia penal contra la jueza Erika Aifán y Luis Rodolfo Escobar, director de Presidios, por el mismo caso.
La acción busca responsabilizar a los funcionarios de la muerte del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, quien falleció el lunes por complicaciones del covid-19
En la denuncia también se señala a Darío De Jesús Álvarez y a Jorge René González Velásquez, responsables de decisiones que habrían costado la vida a Villavicencio.
Lo que debe investigar el Ministerio Público es la responsabilidad que habrían tenido en el hecho los funcionarios denunciados.
En el caso de la jueza Aifán, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D, que lleva un proceso penal contra Villavicencio, se le señala de prevaricato y retardo de justicia.
Contra Escobar el delito que le señala es incumplimiento de deberes y contra Álvarez y González es incumplimiento de deberes y falsedad material.
Los señalamientos contra la jueza y Presidios
Villavicencio estaba recluido en el sector más poblado de la cárcel de la Brigada Mariscal Zavala. Cuando el virus tocó la puerta de esa prisión y empezaron a registrarse casos, el exministro atendió a los enfermos.
En ese momento supo que su vida estaba en riesgo por la edad y otros padecimientos. Entonces solicitó a la jueza Aifán una medida sustitutiva, pero su petición fue rechazada.
El exministro regresó a la cárcel a atender a los enfermos y se contagió. Un hospital privado le hizo la prueba que dio positivo y con ese resultado pidió de nuevo salir de la prisión. Esta vez, ya enfermo, la jueza le concedió un permiso especial, pero Presidios no lo dejó salir.
El Sistema Penitenciario dudó de la prueba del hospital privado y cuando, por fin Inacif confirmó que tenía covid-19, fue demasiado tarde, indica un pariente que prefirió no ser citado.
Al llegar al hospital requirió de un respirador artificial, pues su situación era delicada. Villavicencio pidió prisión domiciliar para ser atendido en su vivienda por uno de sus hijos que es médico.
El 10 de julio ingresó en el hospital y la familia ya no lo vio. El lunes 20 de julio, pasadas las 22:00 horas, la noticia de su muerte se hizo pública.
Tanto el director de Presidios, como la jueza Aifán, aseguran que cumplieron con los procedimientos legales. El miércoles 22 de julio, dos días después de su muerte, estaba prevista una revisión de su medida.
La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura presentó una denuncia contra autoridades del Sistema Penitenciario por sospechar que hubo negligencia en la muerte del exministro de Salud, Jorge Villavicencio.
“La denuncia fue presentada esta semana en el Ministerio Público (MP) por el delito de homicidio culposo”, dijo Otto Paz, relator presidente de la Oficina de Prevención de la Tortura.
Agregó que ahora los fiscales deberán determinar si hubo negligencia y “si procede una investigación por homicidio culposo”.
Agregó que a su criterio las autoridades de Presidios no acataron la orden del juez competente de trasladar al exministro para recibir el tratamiento por coroanvirus.
Denuncia y responsabilidad
Además, manifestó no comprender por qué un alcaide le da seguimiento a una orden judicial dirigida al Director de Presidios.
“Eso no es competencia de ellos. El Ministerio Público deberá establecer si existió una responsabilidad penal”, afirmó Paz.
El exministro de Salud falleció el 20 de julio en el Hospital Roosevelt por complicaciones de salud, después de ser afectado por covid-19.
El relator también informó que durante varias verificaciones a las cárceles del país observaron que persiste el hacinamiento, la falta de insumos para los guardias y los privados de libertad.
“Durante las visitas encontramos que los agentes tienen lo mínimo para protegerse del coronavirus, es decir una mascarilla. En las entrevistas algunos de ellos declararon que tienen que comprar sus propia tapabocas. Muchos de ellos confirmaron que con el Bono 14 aprovecharon para comprar”, explicó Cecilia Barrios, también relatora de la Oficina.
Más hallazgos
Barrios agregó que otro de los hallazgos fue que las encomiendas no son desinfectadas, los guardias usan guantes no adecuados. Además, dijo que persiste los problemas con los traslados para los centros por cuestiones administrativas y judiciales.
Afirmó que se han tenido reuniones con el director del Sistema Penitenciario, Organismo Judicial y personal administrativo para recomendar protocolos interinstitucionales para atender a los privados de libertad.
“Iniciamos acciones legales contra estos funcionarios irresponsables, pues consideramos que se están perdiendo vidas. Como oficina hemos hecho las visitas correspondientes y las recomendaciones, pero hasta la fecha todo sigue igual”, aseveró el presidente relator.
Otra denucia
El 22 de julio el abogado Mario Cano presentó una denuncia penal contra la jueza Erika Aifán y Luis Rodolfo Escobar, director de Presidios, por el mismo caso.
La acción busca responsabilizar a los funcionarios de la muerte del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, quien falleció el lunes por complicaciones del covid-19
En la denuncia también se señala a Darío De Jesús Álvarez y a Jorge René González Velásquez, responsables de decisiones que habrían costado la vida a Villavicencio.
Lo que debe investigar el Ministerio Público es la responsabilidad que habrían tenido en el hecho los funcionarios denunciados.
En el caso de la jueza Aifán, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D, que lleva un proceso penal contra Villavicencio, se le señala de prevaricato y retardo de justicia.
Contra Escobar el delito que le señala es incumplimiento de deberes y contra Álvarez y González es incumplimiento de deberes y falsedad material.
Los señalamientos contra la jueza y Presidios
Villavicencio estaba recluido en el sector más poblado de la cárcel de la Brigada Mariscal Zavala. Cuando el virus tocó la puerta de esa prisión y empezaron a registrarse casos, el exministro atendió a los enfermos.
En ese momento supo que su vida estaba en riesgo por la edad y otros padecimientos. Entonces solicitó a la jueza Aifán una medida sustitutiva, pero su petición fue rechazada.
El exministro regresó a la cárcel a atender a los enfermos y se contagió. Un hospital privado le hizo la prueba que dio positivo y con ese resultado pidió de nuevo salir de la prisión. Esta vez, ya enfermo, la jueza le concedió un permiso especial, pero Presidios no lo dejó salir.
El Sistema Penitenciario dudó de la prueba del hospital privado y cuando, por fin Inacif confirmó que tenía covid-19, fue demasiado tarde, indica un pariente que prefirió no ser citado.
Al llegar al hospital requirió de un respirador artificial, pues su situación era delicada. Villavicencio pidió prisión domiciliar para ser atendido en su vivienda por uno de sus hijos que es médico.
El 10 de julio ingresó en el hospital y la familia ya no lo vio. El lunes 20 de julio, pasadas las 22:00 horas, la noticia de su muerte se hizo pública.
Tanto el director de Presidios, como la jueza Aifán, aseguran que cumplieron con los procedimientos legales. El miércoles 22 de julio, dos días después de su muerte, estaba prevista una revisión de su medida.