Los médicos denuncian que el gobierno autoritario del país toma represalias contra ellos por firmar cartas públicas que exigen medidas de contención del virus y equipos de protección.

Carlos Quant, un especialista en enfermedades infecciosas en un hospital público de Managua, fue despedido a principios de junio después de que organizó un grupo de colegas con ideas similares para decirles a los nicaragüenses cómo protegerse del nuevo coronavirus.

Desde entonces, al menos otros 21 médicos en Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio occidental, después de Haití, han sido purgados, perdiendo sus trabajos en hospitales públicos de todo el país, según testimonios de galenos y asociaciones médicas. Ante las presiones, otros dos renunciaron a sus puestos.

Los médicos dicen que los despidos son represalias del presidente autoritario de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por llamar la atención sobre la pandemia. Casi todos los médicos despedidos, incluido el Doctor Quant, firmaron cartas públicas pidiendo al gobierno que confrontara la amenaza del coronavirus y exigían equipos de protección para los trabajadores de la salud.

“El crimen está alzando la voz, pidiendo medidas para contener el virus y ayudando a los médicos a obtener equipos de protección”, dice Quant, quien fue despedido el 4 de junio del Hospital Roberto Calderón.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han protestado por los despidos.

Noventa escritores, artistas e intelectuales dirigidos por el ganador del Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, escribieron una carta a Ortega en protesta por los despidos.

“Es un delito politizar la medicina, especialmente en medio de esta terrible pandemia”, decía la carta.

El gobierno ha ignorado las críticas. Ni Murillo, que se desempeña como portavoz del gobierno, ni el Ministerio de Salud de Nicaragua respondieron a las solicitudes de comentarios.

La ofensiva contra los médicos es solo una parte del enfoque más amplio del gobierno nicaragüense ante la pandemia que, según los expertos en salud, ha sido reservado y errático.

Nicaragua no entró en cuarentena y el país no implementó medidas de distanciamiento social. Sus escuelas públicas y universidades nunca cerraron, excepto por unas vacaciones extendidas de mitad de año y reabrieron la semana pasada.

Los funcionarios del partido gobernante Sandinista del Frente de Liberación Nacional evitaron el uso de las mascarillas. En lugar de prohibir las reuniones masivas, el gobierno continuó promoviendo festivales, eventos deportivos y manifestaciones políticas.

Incluso, uno en marzo llamado “Amor en el tiempo de Covid-19“, durante el cual miles de seguidores sandinistas caminaron más de una milla en una de las principales avenidas de Managua, bajo las banderas negras y rojas de su movimiento.

Desde entonces, incluso a medida que aumentaron los casos y las muertes por coronavirus, el gobierno ha encubierto activamente el alcance de la pandemia y ha perseguido a aquellos que intentan contrarrestar su narrativa, según médicos locales y expertos en salud.

Hasta el 21 de julio, el Ministerio de Salud nicaragüense había reportado 3,439 infecciones por coronavirus y 108 muertes para el país de 6.5 millones de personas.

Los médicos dicen que la cifra de muertes es absurdamente baja. “Personalmente conozco a 10 personas que murieron de Covid”, dice el doctor Leonel Argüello, epidemiólogo en Managua, refiriéndose al covid-19, la enfermedad causada por el nuevo virus.

Una organización independiente, el Observatorio Ciudadano covid-19, compuesto por médicos y trabajadores de la salud, ha mantenido su propia cuenta de los registros de hospitales y médicos.

Hasta el 22 de julio, enumeraba 8.755 casos de sospecha de infección y 2.487 muertes, aproximadamente 23 veces el número oficial de muertes.

Eso pondría el número de muertos per cápita de Nicaragua en 38 por cada 100,000 personas, el 13º más alto del mundo, justo después de Brasil.

Nicaragua no ha permitido que los médicos de la Organización Panamericana de la Salud, la organización regional de salud afiliada a la ONU, accedan a los hospitales del país.

Y no proporciona información sobre los resultados de las pruebas que realiza, lo que hace imposible que los especialistas en salud o los nicaragüenses tengan una idea clara del estado y el camino de la coronavirus.

“Seguimos muy preocupados por la respuesta de Nicaragua al coronavirus, incluidas las pruebas, el rastreo de contactos y la notificación de casos y muertes”, dijo la organización.

Durante semanas -en mayo y junio-, los hospitales estuvieron colapsados. Las ciudades nicaragüenses se convirtieron en el escenario de lo que se conoce como funerales expresos, en los que los cuerpos de las víctimas de covid-19 fueron trasladados a los cementerios en mitad de la noche para funerales rápidos y escasamente atendidos.

Durante las últimas semanas, la curva ascendente del virus parece haberse estabilizado, pero la falta de estadísticas confiables hace que sea imposible obtener una imagen clara de la pandemia, dicen médicos locales y expertos internacionales en salud.

Entre los sandinistas muertos hay un ex alcalde de Managua; cuatro legisladores nacionales; y Edén Pastora, quien luchó en ambos lados de la guerra civil de Nicaragua y terminó sus días como partidario de Ortega. Los certificados de defunción dicen que todas estas personas murieron por otras causas, como neumonía o ataques cardíacos, pero pocos en Nicaragua creen eso.

“No se lo tomaron en serio”, dice Dora María Téllez, quien fue una vez comandante sandinista, pero ahora es enemiga de Ortega. Ella estima que, hasta 200 funcionarios gubernamentales, de seguridad y del partido han muerto a causa del Covid-19.

El 19 de julio, Ortega usó una máscara públicamente por primera vez desde el comienzo de la pandemia, mientras presidía una reunión al aire libre de unos 800 jóvenes sandinistas, que se sentaron en un gran círculo lejos del líder.

La reunión para conmemorar el aniversario del triunfo de 1979 sobre el difunto dictador Anastasio Somoza estuvo muy lejos de años anteriores, cuando hasta 300,000 personas asistieron a la celebración.

Pocos días después del despido de Quant, a principios de junio, la doctora María Lagos perdió su trabajo. La doctora. Lagos dice que era la única especialista pulmonar pediátrica en Estelí, una ciudad en el norte de Nicaragua que está experimentando un brote grave.

Desde el comienzo de la pandemia en marzo, distribuyó cientos de máscaras donadas y otros equipos de protección al personal y pacientes de su hospital.

Debido a que el gobierno consideraba que las máscaras eran políticamente incorrectas, Lagos dice que era la única doctora en el Hospital de San Juan de Dios que usaba una. Agregó que finalmente fue despedida porque distribuyó las máscaras donadas.

“Habían prohibido el uso de máscaras quirúrgicas porque decían que el virus solo persigue a los ricos y que no entrará en Nicaragua”, sentenció Lagos.

A fines de marzo, los medios progubernamentales hicieron proclamas ‘antimask’. Uno de ellos, en el periódico sandinista Barricada, dijo: “Los golpistas se quitaron las máscaras y se pusieron sus máscaras quirúrgicas”. Un locutor de radio progubernamental llamó al Covid-19 “el Ébola de los ricos y los blancos. Mucha gente rica está muriendo “.

En mayo, a medida que aumentaron las muertes y las críticas, el gobierno de Nicaragua publicó un libro blanco acusando a sus enemigos internos, aliados con las agencias de inteligencia estadounidenses, de emprender una campaña de desinformación para socavar al gobierno de Ortega.

“Han visto en la pandemia una gran oportunidad para asustar y desinformar a la gente (…) y corroer la confianza en el gobierno”, citaba el libro blanco.

No es la primera vez que los médicos son criticados por el gobierno de Ortega. En 2018, más de 400 médicos, enfermeras y trabajadores de la salud fueron despedidos de trabajos en hospitales públicos por atender a nicaragüenses heridos en protestas contra los Ortega; que en un momento amenazaron con derrocar al régimen.

Al menos 300 personas murieron en estos movimientos sociales, la mayoría de ellas asesinadas por las fuerzas de seguridad.

“El régimen considera que los médicos son golpistas con batas blancas”, dice el doctor José Antonio Vásquez, un cirujano que fue despedido en 2018 a raíz de las manifestaciones. “Los despidieron para enviar un mensaje a otros médicos, para aterrorizarlos: si hablas, perderás tu trabajo”.