El acuerdo de colaboración eficaz entre Paulina Paiz, Olga Méndez y el Ministerio Público (MP), quedó en suspenso luego de una resolución que consideró fallas en el convenio.
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal concluyó que previo a establecer el acuerdo de colaboración eficaz, la Fiscalía debió incluir en las negociaciones a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Este paso no se cumplió y por ello los jueces determinaron que el proceso legal debe retornar al inicio, ahora tomando en cuenta a la PGN, pues el Estado es agraviado por las acciones de las señaladas.
Paiz testificó que por medio de la empresa Novaservicios, S.A., ligada a su familia, se habrían canalizado Q7 millones para el pago de fiscales de FCN-Nación, el día de la segunda vuelta de las Elecciones Generales, el 6 de septiembre de 2015.
Con su testimonio, la Fiscalía emprendió un acción legal por financiamiento no reportado al Tribunal Supremo Electoral contra varios empresarios que habrían aportado para sumar los Q7 millones.
A cambio de su testimonio, Paulina Paiz y Olga Méndez fueron beneficiadas con un criterio de oportunidad que evitó una persecución penal.
En este caso están vinculados Felipe Bosch Gutiérrez, José Fraterno Vila Girón, José Guillermo Castillo Villacorta, Salvador Paiz del Carmen y José Miguel Torrebiarte Novella. También figuran Rodrigo Arenas y Andrés Botrán.
El caso se sustenta en Paulina Paiz y Olga Méndez
Según el abogado José Toledo, todo el caso contra los empresarios se sustenta en el testimonio de Paulina Paiz y Olga Méndez, por tanto, al quedar en firme el fallo, la Fiscalía ya no tiene pruebas contra los procesados.
Añadió que aparte de las contradicciones en el testimonio de las mencionadas, se dio esta irregularidad de no incluir a la PGN en la negociación del acuerdo de colaborador eficaz.
El amparo definitivo a favor de la PGN le permite ahora al Estado reclamar daños por la conducta de Paiz y Méndez, previo a la posiblidad de establecer otro acuerdo.
La Fiscalía y los abogados de Paulina Paiz y Olga Méndez todavía pueden recurrir a instancias legales contra la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
El junio de 2009 el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, también anuló el acuerdo establecido entre el MP y la empresa Novaservicios. Asimismo, suspendió el convenio con Paulina Paiz por errores en el expediente.
El acuerdo de colaboración eficaz entre Paulina Paiz, Olga Méndez y el Ministerio Público (MP), quedó en suspenso luego de una resolución que consideró fallas en el convenio.
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal concluyó que previo a establecer el acuerdo de colaboración eficaz, la Fiscalía debió incluir en las negociaciones a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Este paso no se cumplió y por ello los jueces determinaron que el proceso legal debe retornar al inicio, ahora tomando en cuenta a la PGN, pues el Estado es agraviado por las acciones de las señaladas.
Paiz testificó que por medio de la empresa Novaservicios, S.A., ligada a su familia, se habrían canalizado Q7 millones para el pago de fiscales de FCN-Nación, el día de la segunda vuelta de las Elecciones Generales, el 6 de septiembre de 2015.
Con su testimonio, la Fiscalía emprendió un acción legal por financiamiento no reportado al Tribunal Supremo Electoral contra varios empresarios que habrían aportado para sumar los Q7 millones.
A cambio de su testimonio, Paulina Paiz y Olga Méndez fueron beneficiadas con un criterio de oportunidad que evitó una persecución penal.
En este caso están vinculados Felipe Bosch Gutiérrez, José Fraterno Vila Girón, José Guillermo Castillo Villacorta, Salvador Paiz del Carmen y José Miguel Torrebiarte Novella. También figuran Rodrigo Arenas y Andrés Botrán.
El caso se sustenta en Paulina Paiz y Olga Méndez
Según el abogado José Toledo, todo el caso contra los empresarios se sustenta en el testimonio de Paulina Paiz y Olga Méndez, por tanto, al quedar en firme el fallo, la Fiscalía ya no tiene pruebas contra los procesados.
Añadió que aparte de las contradicciones en el testimonio de las mencionadas, se dio esta irregularidad de no incluir a la PGN en la negociación del acuerdo de colaborador eficaz.
El amparo definitivo a favor de la PGN le permite ahora al Estado reclamar daños por la conducta de Paiz y Méndez, previo a la posiblidad de establecer otro acuerdo.
La Fiscalía y los abogados de Paulina Paiz y Olga Méndez todavía pueden recurrir a instancias legales contra la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
El junio de 2009 el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, también anuló el acuerdo establecido entre el MP y la empresa Novaservicios. Asimismo, suspendió el convenio con Paulina Paiz por errores en el expediente.