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Lo que no se ve

Carlos Díaz-Durán
17 de septiembre, 2020

El célebre economista francés Frédéric Bastiat escribió un ensayo titulado “Lo que se ve y lo que no se ve” en el que explica con ejemplos muy cotidianos las consecuencias no intencionadas que tienen algunas políticas públicas. Bastiat identifica que muchas veces el efecto inmediato de algunas de estas políticas -lo que se ve- es agradable, sin embargo, las consecuencias ulteriores, son negativas -lo que no se ve-. Asimismo, señala Bastiat, se da a la inversa. Algunas veces lo que se ve en el corto plazo es poco agradable, pero lo que no se ve, los resultados posteriores, son positivos. 

Rob Norton define las consecuencias no intencionadas de la siguiente forma: “La ley de consecuencias no intencionadas, muchas veces citada pero rara vez definida, es que las acciones de las personas -y especialmente del gobierno- siempre tienen efectos no anticipados o no intencionados”. Muchas veces, las consecuencias no intencionadas no se prevén o se ignoran por razones eminentemente políticas. Se toman decisiones basadas en la percepción pública en el corto plazo, en lo que es popular en ese momento y no en lo que realmente funciona. 

Sobran los ejemplos de regulaciones estatales o políticas públicas que han tenido consecuencias no intencionadas negativas mucho mayores al beneficio que se buscaba obtener con ellas. Encontramos ejemplo reciente de consecuencias no intencionadas en algunas de las medidas tomadas para contener el COVID-19. Podríamos decir en este caso que lo que se ve, es que se están haciendo esfuerzos para contener la pandemia; lo que no se ve es que se están causando daños a la salud de muchas personas y a la economía que probablemente costarán más vidas que la propia pandemia. 

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Lo mismo cabe decir de algunas medidas de “alivio” económico que se están tomando. Se han hecho ampliaciones presupuestarias enormes con deuda pública, hablándose incluso de que el Banco Central adquiera bonos del estado como una fuente extraordinaria de financiamiento. En este caso, aunque en el corto plazo se puede ver que el estado contará con más recursos para incrementar el gasto público y “ayudar” a las personas y a la activación económica, la consecuencia no intencionada podría ser inflación derivada del financiamiento por parte del Banco Central a través de la adquisición de los bonos del estado, lo que golpearía aún más la economía guatemalteca en el mediano y largo plazo.

Las consecuencias no intencionadas pueden resultar más obvias en el ámbito económico, sin embargo, trascienden a otras esferas. Un ejemplo en Guatemala del que poco se habla es el sistema de adopciones. Con la aparente intención de evitar irregularidades en los procesos de adopciones se creó un sistema centralizado, burocrático y casi inoperante. La consecuencia no intencionada en este caso es que niños con posibilidades de ser adoptados y vivir bajo el abrigo de una familia, tengan que vivir sus infancias completas institucionalizados, con todos los traumas que esto implica derivado de la ineficiencia del sistema. El daño está siendo mayor que el mal que se pretendía evitar.

En los próximos meses, el estado seguirá tomando medidas que pueden tener serias consecuencias no intencionadas bajo el pretexto de la crisis que atravesamos. Debemos mantenernos atentos y no permitir ni apoyar programas que, aunque sean populares, tendrán en el mediano y largo plazo consecuencias peores que cualquier bien que podrían lograr. 

Lo que no se ve

Carlos Díaz-Durán
17 de septiembre, 2020

El célebre economista francés Frédéric Bastiat escribió un ensayo titulado “Lo que se ve y lo que no se ve” en el que explica con ejemplos muy cotidianos las consecuencias no intencionadas que tienen algunas políticas públicas. Bastiat identifica que muchas veces el efecto inmediato de algunas de estas políticas -lo que se ve- es agradable, sin embargo, las consecuencias ulteriores, son negativas -lo que no se ve-. Asimismo, señala Bastiat, se da a la inversa. Algunas veces lo que se ve en el corto plazo es poco agradable, pero lo que no se ve, los resultados posteriores, son positivos. 

Rob Norton define las consecuencias no intencionadas de la siguiente forma: “La ley de consecuencias no intencionadas, muchas veces citada pero rara vez definida, es que las acciones de las personas -y especialmente del gobierno- siempre tienen efectos no anticipados o no intencionados”. Muchas veces, las consecuencias no intencionadas no se prevén o se ignoran por razones eminentemente políticas. Se toman decisiones basadas en la percepción pública en el corto plazo, en lo que es popular en ese momento y no en lo que realmente funciona. 

Sobran los ejemplos de regulaciones estatales o políticas públicas que han tenido consecuencias no intencionadas negativas mucho mayores al beneficio que se buscaba obtener con ellas. Encontramos ejemplo reciente de consecuencias no intencionadas en algunas de las medidas tomadas para contener el COVID-19. Podríamos decir en este caso que lo que se ve, es que se están haciendo esfuerzos para contener la pandemia; lo que no se ve es que se están causando daños a la salud de muchas personas y a la economía que probablemente costarán más vidas que la propia pandemia. 

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Lo mismo cabe decir de algunas medidas de “alivio” económico que se están tomando. Se han hecho ampliaciones presupuestarias enormes con deuda pública, hablándose incluso de que el Banco Central adquiera bonos del estado como una fuente extraordinaria de financiamiento. En este caso, aunque en el corto plazo se puede ver que el estado contará con más recursos para incrementar el gasto público y “ayudar” a las personas y a la activación económica, la consecuencia no intencionada podría ser inflación derivada del financiamiento por parte del Banco Central a través de la adquisición de los bonos del estado, lo que golpearía aún más la economía guatemalteca en el mediano y largo plazo.

Las consecuencias no intencionadas pueden resultar más obvias en el ámbito económico, sin embargo, trascienden a otras esferas. Un ejemplo en Guatemala del que poco se habla es el sistema de adopciones. Con la aparente intención de evitar irregularidades en los procesos de adopciones se creó un sistema centralizado, burocrático y casi inoperante. La consecuencia no intencionada en este caso es que niños con posibilidades de ser adoptados y vivir bajo el abrigo de una familia, tengan que vivir sus infancias completas institucionalizados, con todos los traumas que esto implica derivado de la ineficiencia del sistema. El daño está siendo mayor que el mal que se pretendía evitar.

En los próximos meses, el estado seguirá tomando medidas que pueden tener serias consecuencias no intencionadas bajo el pretexto de la crisis que atravesamos. Debemos mantenernos atentos y no permitir ni apoyar programas que, aunque sean populares, tendrán en el mediano y largo plazo consecuencias peores que cualquier bien que podrían lograr.