El diario La Hora y el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, realizaron señalamientos falsos contra el sector productivo del país.
El Procurador de los Derechos Humanos escribió un tuit donde asegura que las cámaras empresariales no han fijado postura respecto a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.
Mientras que el vespertino asegura que “el sector empresarial escasamente se ha pronunciado por el tema de la elección de Cortes, contrario a lo ocurrido, en esta, y en ocasiones previas, en donde el mensaje hacia la CC ha sido enviado de manera enfática”.
Rodas y el medio de comunicación se refieren a los comunicados que el fin de semana publicaron el Cacif, las cámaras del Agro y de Industria, así como la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).
En los pronunciamientos, las instituciones hacen un llamado a la Corte de Constitucionalidad, en especial a su presidenta Gloria Porras, a declarar la cesantía del magistrado Neftaly Aldana.
La familia del magistrado Aldana pidió suspenderlo del cargo por motivos de salud y el sector privado demanda atender esta solicitud para mantener la integración de la Corte de Constitucionalidad. Pero en dos plenos realizados, la CC no llegó a ningún acuerdo. Sobre todo por la oposición de Porras y los magistrados Francisco De Mata Vela, Cristina Fernández y Mynor Par Usen.
Sector privado y sus pronunciamientos acerca de las Cortes
Al verificar las publicaciones en medios y las posturas en las cuentas de redes sociales del sector privado, se confirma que los señalamientos son falsos. Las Cámaras empresariales sí se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre el tema.
“Él (Procurador) solo lee lo que quiere, lo que le interesa. Nosotros hemos manifestado en comunicados y de distintas formas, nuestra preocupación de lo que se ha venido dando en la CC, en la Corte Suprema. Lamentamos que solo quiera ver una parte de la película”, dijo Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria (CIG).
Esta Cámara se pronunció el 12 de octubre del 2019, un día antes del plazo en que debían asumir las nuevas autoridades, donde hizo un llamado a no romper el orden constitucional.
“Preocupación en relación a la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. No obstante, que el plazo establecido por la Constitución Política de la República para la permanencia en los puestos de los jueces y magistrados del Organismo Judicial, vence el 12 de octubre”, dice el comunicado.
Dos meses meses después el Cacif (que aglutina a todas las cámaras) volvió a fijar postura y considera que la resolución establece plazos poco factibles.
En febrero del 2020 volvió a fijar postura cuando el Congreso acordaba hacer la elección. En esa ocasión pidieron a los congresistas que eligieran a profesionales con cualidades para ejercer adecuadamente la judicatura.
El 30 de septiembre último volvió a pronunciarse sobre la importancia de tener una CC integrada, así como una CSJ y una Corte de Apelaciones.
“El Sector Empresarial ha insistido en repetidas ocasiones sobre la necesidad de respetar las normas constitucionales y legales, así como de asegurar el debido funcionamiento de las instituciones”, detalla el comunicado.
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“Ha sido una postura tibia”, dice el PDH
Sin embargo, para el magistrado de conciencia estas voces no son suficientes. República. se comunicó vía telefónica para consultarle si mantenía esa opinión pese a los comunicados y posturas.
“Ha sido una postura tibia, las cámaras empresariales señaladas en el tuit no han sido contundentes en cuanto al no cumplimiento de la sentencia de la Corte que obliga al Congreso a elegir Cortes. ¿Qué inversionista serio quiere venir a invertir en el país donde se posterga la elección de Cortes?”, insistió Rodas.
La elección de cortes no se pudo efectuar en el tiempo establecido debido a una serie de acciones legales presentadas en la CC por la Fundación Mirna Mack, Familiares, Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) y el magistrado Noé Ventura Loyo.
Luego de ordenar un nuevo proceso en febrero de este año, la Asociación de Estudiantes Universitarios, el Ministerio Público y Acción Ciudadana accionaron en la CC para detener nuevamente el proceso. Finalmente los magistrados ordenaron al Congreso hacer la elección, la cual no se ha concretado.
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