El lunes 16 de noviembre se suspendió un desalojo por falta de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho es denunciado por la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro).
No cumplir con este procedimiento causa “frustración por el desamparo del Estado para proteger a propietarios de grupos dedicados al robo y usurpación de tierras”, señalan.
“La Asociación lamenta la falta de apoyo por parte del Gobierno de Guatemala. En especial del Ministerio de Gobernación, para llevar a cabo el desalojo”, indica la Acdepro.
El operativo estaba previsto para desalojar a personas que se apropiaron de manera ilegal de una finca ubicada en San José Pinula, indican los afectados. La propiedad fue usurpada por 250 personas.
“Institucionalidad inoperante”
La Acdepro denuncia estos hechos al margen de la ley, indica que el desalojo se programó con diez días de anticipación.
El 5 de noviembre la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula pidió apoyo al Ministerio de Gobernación y a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
También a la Policía Nacional Civil, Ministerio de la Defensa, Procuraduría General de la Nación y a la Defensa Pública Penal. Estas entidades, según el protocolo, deben participar en los eventos.
Las instituciones fueron informadas con anticipación del operativo del 16 de noviembre a partir de las 10:30 horas.
“Pero únicamente fueron enviados unos 12 agentes que no eran suficientes elementos para desalojar a los usurpadores que generalmente se tornan violentos”, indica Acdepro.
Acdepro denuncia “burocracia”
La institución denuncia que esta nueva “cancelación evidencia un problema a nivel del Estado.
Cada institución de gobierno tiene diferentes protocolos de acción, y en algunos casos resultan más lesivos que otros para los legítimos dueños de sus propiedades privadas”.
Por ejemplo, Acdepro señala procedimientos diferentes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Policía Nacional Civil, Ministerio Público (MP).
“El MP cuenta con el más nefasto y violatorio a la Constitución de la República. Fue firmado por la exfiscal del Ministerio Público Claudia Paz y Paz en el 2012″, denuncia Acdepro.
“Obliga a las víctimas del delito de usurpación, es decir a los dueños de casas, lotes, terrenos, fincas y demás, a negociar con los delincuentes. A venderles sus propiedades usurpadas, o encontrarles un lugar donde vivir, enfatizan los afectados.
Impunidad en desalojo
La entidad enfatiza que la falta de acción de las autoridades solo ocasiona impunidad y fomenta la acción de estructuras criminales.
“Hace pocos días fue invadida de manera violenta la finca Concepción, ubicada en el Valle del Polochic, en Tucurú, Alta Verapaz”, menciona Acdepro.
“Fueron golpeados trabajadores y secuestrados dos de ellos. Otros pobladores tomaron los terrenos en los alrededores, a un costado de Sachamac, Cobán”, enfatizan.
“Acdepro manifiesta descontento y rechazo a la forma de actuar de las instituciones públicas. Así como del Gobierno de Guatemala y del Ministerio de Gobernación”, refieren.
Acdepro resalta la “incapacidad” del Estado para proteger la propiedad privada en detrimento de los artículos 39 de la Constitución y el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“En ambas normas se establece que es un derecho universal la propiedad privada y nadie puede ser privado arbitrariamente de sus posesiones privadas por un delito flagrante de usurpación”, concluye Acepro.
El lunes 16 de noviembre se suspendió un desalojo por falta de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho es denunciado por la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro).
No cumplir con este procedimiento causa “frustración por el desamparo del Estado para proteger a propietarios de grupos dedicados al robo y usurpación de tierras”, señalan.
“La Asociación lamenta la falta de apoyo por parte del Gobierno de Guatemala. En especial del Ministerio de Gobernación, para llevar a cabo el desalojo”, indica la Acdepro.
El operativo estaba previsto para desalojar a personas que se apropiaron de manera ilegal de una finca ubicada en San José Pinula, indican los afectados. La propiedad fue usurpada por 250 personas.
“Institucionalidad inoperante”
La Acdepro denuncia estos hechos al margen de la ley, indica que el desalojo se programó con diez días de anticipación.
El 5 de noviembre la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula pidió apoyo al Ministerio de Gobernación y a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
También a la Policía Nacional Civil, Ministerio de la Defensa, Procuraduría General de la Nación y a la Defensa Pública Penal. Estas entidades, según el protocolo, deben participar en los eventos.
Las instituciones fueron informadas con anticipación del operativo del 16 de noviembre a partir de las 10:30 horas.
“Pero únicamente fueron enviados unos 12 agentes que no eran suficientes elementos para desalojar a los usurpadores que generalmente se tornan violentos”, indica Acdepro.
Acdepro denuncia “burocracia”
La institución denuncia que esta nueva “cancelación evidencia un problema a nivel del Estado.
Cada institución de gobierno tiene diferentes protocolos de acción, y en algunos casos resultan más lesivos que otros para los legítimos dueños de sus propiedades privadas”.
Por ejemplo, Acdepro señala procedimientos diferentes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Policía Nacional Civil, Ministerio Público (MP).
“El MP cuenta con el más nefasto y violatorio a la Constitución de la República. Fue firmado por la exfiscal del Ministerio Público Claudia Paz y Paz en el 2012″, denuncia Acdepro.
“Obliga a las víctimas del delito de usurpación, es decir a los dueños de casas, lotes, terrenos, fincas y demás, a negociar con los delincuentes. A venderles sus propiedades usurpadas, o encontrarles un lugar donde vivir, enfatizan los afectados.
Impunidad en desalojo
La entidad enfatiza que la falta de acción de las autoridades solo ocasiona impunidad y fomenta la acción de estructuras criminales.
“Hace pocos días fue invadida de manera violenta la finca Concepción, ubicada en el Valle del Polochic, en Tucurú, Alta Verapaz”, menciona Acdepro.
“Fueron golpeados trabajadores y secuestrados dos de ellos. Otros pobladores tomaron los terrenos en los alrededores, a un costado de Sachamac, Cobán”, enfatizan.
“Acdepro manifiesta descontento y rechazo a la forma de actuar de las instituciones públicas. Así como del Gobierno de Guatemala y del Ministerio de Gobernación”, refieren.
Acdepro resalta la “incapacidad” del Estado para proteger la propiedad privada en detrimento de los artículos 39 de la Constitución y el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“En ambas normas se establece que es un derecho universal la propiedad privada y nadie puede ser privado arbitrariamente de sus posesiones privadas por un delito flagrante de usurpación”, concluye Acepro.