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MP presenta más antejuicios en 2020, la mayoría por abuso de autoridad

Glenda Sanchez
24 de noviembre, 2020

De enero a septiembre de este año el Ministerio Público presentó al Organismo Judicial 78 solicitudes para retirar la inmunidad a funcionarios de los tres organismo del Estado y alcaldes.

La cifra es superior a la presentada durante igual periodo del año pasado (enero a septiembre). En ese periodo se registraron 70, es decir ocho menos, según el reporte de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).

El informe los antejuicios solicitados en esos dos años suman 148. Del total, el 31%, equivalente a 47 antejuicios, fueron solicitados por el delito de abuso de autoridad y el 14% (20 peticiones) por prevaricato.

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Mientras por incumplimiento de deberes de funcionarios fueron 19, resolución violatorias a la Constitución 14 y por amenazas cinco antejuicios durante los dos periodos.

Y los delitos menos frecuentes fueron disparos al aire sin justificación, desobediencia de funcionarios, coacción y retardo malicioso.

Justificación y antejuicios

Se solicitó al Ministerio Público el nombre de los funcionarios contra quienes solicitó retirar la inmunidad, sin embargo, el MP justificó que la consulta se debe realizarse de manera directa en las Fiscalías responsables de los procesos.

“Es importes que se observarse lo regulado en el artículo 314 del Código Procesal Penal … Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios”, expone la resolución del expediente de la UIP 2020-002255 del MP.

Además justificaron no poder dar respuesta a la cantidad de antejuicios a los que se les dio trámite en el Organismo Judicial.

“La información se proporciona según el artículo 45 del último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública. Dicho artículo establece que la información se proporciona en el estado en que se encuentre en posesión de los sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante”, detalla la resolución.

Magistrados del Organismo Judicial, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados de Congreso, alcalde son algunos de los funcionarios contra quienes el MP solicitó retirar la inmunidad para poder investigarlos.

Último caso

El lunes 23 de noviembre la Fiscalía de Sección Contra Delitos Electorales del MP presentó una solicitud de antejuicio contra Blanca Estela Mendoza Méndez, alcaldesa del municipio de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu.

“La petición se realizó por la posible comisión del delito de propaganda oficial ilegal. Los hechos sucedieron el 9 de junio de 2019 frente a su domicilio en el municipio de San Martín Zapotitlán;”, explicó la Fiscalía.

Agregó que la funcionaria realizó su cierre de campaña y ante sus simpatizantes pronunció un discurso, promoviendo su imagen personal, la de su organización política que la postulaba (TODOS).

Además se indicó que efectuó publicidad y propaganda de las obras públicas ejecutadas y actividades oficiales que por obligación y mandato constitucional y legal estaba obligada a realizar.

Mendoza fue electa en ese municipio en el año 2015 y en el año 2019 fue inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral, siendo reelecta en el cargo para el período 2020-2024.

¿Qué es un antejuicio?

En términos jurídicos, el antejuicio es una protección que la Constitución brinda para algunos funcionarios de Estado que por sus funciones, pueden estar expuestos a calumnias. Por esa razón la Carta Magna les otorga inmunidad judicial.

La idea es que exista una revisión previa de las acusaciones, para que los funcionarios no acudan a cualquier proceso judicial.

Quienes gozan de antejuicio se encuentran protegidos por denuncias falsas o calumniosas, y con el antejuicio se evita que se abran procesos penales que podrían ser por razones políticas o injustificadas.  Si se ordena con lugar el antejuicio, los funcionarios enfrentan las acusaciones como ciudadanos comunes.

MP presenta más antejuicios en 2020, la mayoría por abuso de autoridad

Glenda Sanchez
24 de noviembre, 2020

De enero a septiembre de este año el Ministerio Público presentó al Organismo Judicial 78 solicitudes para retirar la inmunidad a funcionarios de los tres organismo del Estado y alcaldes.

La cifra es superior a la presentada durante igual periodo del año pasado (enero a septiembre). En ese periodo se registraron 70, es decir ocho menos, según el reporte de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).

El informe los antejuicios solicitados en esos dos años suman 148. Del total, el 31%, equivalente a 47 antejuicios, fueron solicitados por el delito de abuso de autoridad y el 14% (20 peticiones) por prevaricato.

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Mientras por incumplimiento de deberes de funcionarios fueron 19, resolución violatorias a la Constitución 14 y por amenazas cinco antejuicios durante los dos periodos.

Y los delitos menos frecuentes fueron disparos al aire sin justificación, desobediencia de funcionarios, coacción y retardo malicioso.

Justificación y antejuicios

Se solicitó al Ministerio Público el nombre de los funcionarios contra quienes solicitó retirar la inmunidad, sin embargo, el MP justificó que la consulta se debe realizarse de manera directa en las Fiscalías responsables de los procesos.

“Es importes que se observarse lo regulado en el artículo 314 del Código Procesal Penal … Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios”, expone la resolución del expediente de la UIP 2020-002255 del MP.

Además justificaron no poder dar respuesta a la cantidad de antejuicios a los que se les dio trámite en el Organismo Judicial.

“La información se proporciona según el artículo 45 del último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública. Dicho artículo establece que la información se proporciona en el estado en que se encuentre en posesión de los sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante”, detalla la resolución.

Magistrados del Organismo Judicial, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados de Congreso, alcalde son algunos de los funcionarios contra quienes el MP solicitó retirar la inmunidad para poder investigarlos.

Último caso

El lunes 23 de noviembre la Fiscalía de Sección Contra Delitos Electorales del MP presentó una solicitud de antejuicio contra Blanca Estela Mendoza Méndez, alcaldesa del municipio de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu.

“La petición se realizó por la posible comisión del delito de propaganda oficial ilegal. Los hechos sucedieron el 9 de junio de 2019 frente a su domicilio en el municipio de San Martín Zapotitlán;”, explicó la Fiscalía.

Agregó que la funcionaria realizó su cierre de campaña y ante sus simpatizantes pronunció un discurso, promoviendo su imagen personal, la de su organización política que la postulaba (TODOS).

Además se indicó que efectuó publicidad y propaganda de las obras públicas ejecutadas y actividades oficiales que por obligación y mandato constitucional y legal estaba obligada a realizar.

Mendoza fue electa en ese municipio en el año 2015 y en el año 2019 fue inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral, siendo reelecta en el cargo para el período 2020-2024.

¿Qué es un antejuicio?

En términos jurídicos, el antejuicio es una protección que la Constitución brinda para algunos funcionarios de Estado que por sus funciones, pueden estar expuestos a calumnias. Por esa razón la Carta Magna les otorga inmunidad judicial.

La idea es que exista una revisión previa de las acusaciones, para que los funcionarios no acudan a cualquier proceso judicial.

Quienes gozan de antejuicio se encuentran protegidos por denuncias falsas o calumniosas, y con el antejuicio se evita que se abran procesos penales que podrían ser por razones políticas o injustificadas.  Si se ordena con lugar el antejuicio, los funcionarios enfrentan las acusaciones como ciudadanos comunes.