Hace unas dos semanas, frente a mi lugar de trabajo, fui atacado por una muchedumbre violenta e irracional que protestaba en contra de algo que, inmerso yo en tanto grito e insulto improvisado, no logré delimitar con precisión, pero tenía que ver con Cristóbal Colón, Pedro de Alvarado y la corona española, o algo así.  El caso es que, escoltada la turba por los chalecos azules de la Procuraduría de los Derechos Humanos, me identificaron ellos caprichosamente como un enviado por el presidente Giammattei para la represión y, sin relación lógica de hechos alguna, me sentenciaron sumariamente a morir linchado. Aún no logro determinar si fue mi gafete del Ministerio de Economía o si fue mi rostro de felicidad lo que les hizo saltar a tan apresuradas y absurdas conclusiones, como si ser feliz fuera en sí mismo un acto de opresión. Como si yo, solo por ser asesor del Estado –de ellos mismos, es decir–, fuese responsable de sus fracasos. En fin, me bloquearon el paso, me tomaron por la fuerza, me golpearon y me amenazaron con morir quemado. 

Distópico.

Pero –mucho ojo aquí, amigo lector– el problema jamás fue un asunto de moretones, cortadas o raspones. De situaciones más extremas me he librado. Lo que encendió todas mis alarmas críticas –y me obliga a escribir sobre ello y a no abandonar la lucha– fue el gravísimo asalto a mi libertad, pues, atentar en contra de las libertades más fundamentales de un ciudadano decente, es declararle la guerra a la libertad misma y todos los ciudadanos decentes. 

Y esa sí, estimados compatriotas, es una batalla que debe ser librada. 

Después de la agresión, mi decisión primaria fue presentar una doble denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos, Magistrado de la Consciencia y Defensor del Pueblo, Licenciado Augusto Jordán Rodas Andrade: una por la violación a mi derecho de locomoción y mi libertad de consciencia en contra de estos hooligans disfrazados de democracia y otra en contra de los jóvenes de chaleco azul, quienes abofeteando su razón institucional de ser, se negaron a asistirme en un momento terrorífico de vida o muerte, porque “traían instrucciones de solo proteger a los manifestantes”.  Después, frente mi determinación de perseguir esto por la vía administrativa de los derechos humanos, muchos de mis amigos me dijeron que me estaba equivocando de oficina, pues “las denuncias se presentan ante el Ministerio Público (MP) no ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)”. 

Les explico aquí por qué se equivocan. 

(Esto sin tener que ahondar en pormenores jurídicos, pues tanto la Constitución como la ley ordinaria obligan al PDH a recibir e investigar denuncias «planteadas por cualquier persona, sobre violaciones a los derechos humanos»–¿qué detalles revelaría una solicitud de informe sobre el número de denuncias planteadas ante ese organismo versus el número de denuncias investigadas? Sospecho que sería más que sonrojante para el procurador, quien gestiona diez millones de quetzales al mes, de nuestra plata, para no atender denuncias–). 

Regresando a la explicación: 

El mandato constitucional del MP es investigar delitos y ejercer la acción penal pública, en casos específicos. En ese sentido y más allá del precedente, su labor no cambia el statu quo en el que se estiman o desestiman peticiones, en ninguna medida, sino que buscan corregir violaciones concretas y sancionar, también concretamente, al violador. La PDH, por su parte, es un garante de un statu quo de protección universal a los derechos humanos y su función pública se debe reflejar, por precepto constituyente y por sentido común, en situaciones y criterios generales de aplicación universal. 

Las diferencias administrativas, políticas y narrativas son notables. 

Una denuncia ante el MP (si es que no la archivan, que es lo más seguro), para todos los efectos prácticos, solo puede beneficiarme a mí. En cambio, una denuncia ante la PDH equivale a una acción colectiva en nombre de todas aquellas personas honorables que buscan vivir en un Estado de certezas jurídicas que garantice sus derechos humanos esenciales: en donde cualquiera pueda escoger transitar o no la vía pública, trabajar o no en la industria de su elección, emprender sin obstáculos, acumular patrimonio, dejar legado y —muy naturalmente— decidir en qué creer, qué ideología encarnar y a qué grupos apoyar o no.

Verán. Una silla tan alta como la del Procurador de los Derechos Humanos debe ser ocupada por personas de altura, que se sepan insignificantes frente a la grandeza de la institución y que tengan la capacidad de someter sus arbitrarios caprichos, torpezas y credos a los designios de su alta comisión. La Procuraduría no es un partido político. Lo digo de otra forma: el procurador pasará, pero la Procuraduría permanecerá y por eso se espera que garantice, no que menoscabe, el Estado de derecho. 

Cierro con dos subtítulos.

¿Qué paso con la denuncia? 

La doble denuncia se terminó convirtiendo en una triple denuncia, pues mis primeros intentos de presentar la delación original fueron rechazados por operadores jurídicos del PDH, quienes me aseguraron que la PDH no recibe denuncias, defecándose así, con su inepta respuesta, en el mismísimo contrato social y en siglos de consensos políticos universales.

La tercera denuncia fue un memorial por escrito, hace unos 15 días, dirigida al Procurador de los Derechos Humanos, la cual fue recibida bajo protesta en el edificio de la PDH, quienes parecen desconocer la ley. Aún no he recibido ningún tipo de respuesta. Eso sí, al abordar yo a Jordán Rodas y no darle chance de escapatoria, me ha prometido una audiencia, la cual tampoco se ha concretado más allá de palabras e intenciones (esperen noticias).

Amigos, lo innegable de toda esta reflexión es que la institución debe ser reformada con carácter de urgencia y desde sus raíces: primero en su ideario y después en sus expresiones gubernamentales concretas, creando para ello una Defensoría del Emprendedor (¿iniciativa de ley, alguien?), pues, al día de hoy solo existen defensorías contra los llamados pueblos oprimidos – y esto es consecuencia directa de la cooptación narrativo-ideológica de la institución de los derechos humanos por una corriente política particular, con sus propios intereses económicos. 

Se buscan valientes para vivir honestamente y luchar la buena batalla.

Miren qué irónico… 

Miren qué irónico resulta pensar en las circunstancias del día del ataque, pues yo me dirigía con una amiga a un comedor muy bueno, propiedad de una familia de mujeres indígenas emprendedoras, quienes, ante su condición de precariedad, decidieron ejercer su derecho a perseguir sus sueños con dedicación, honestidad y sin pretextos abstractos. 

Dos grupos en situaciones similares, pero con actitud y resultados vastamente diferentes.

Son un ejemplo y por eso almuerzo allí todos los días y lo seguiré haciendo, bochincheros o no en mi camino.

Estimado procurador Jordán Rodas: ¿Qué derecho es más humano que el derecho a vivir libre, emprender y perseguir voluntariosa y éticamente la felicidad? 

Entonces: ¿Por qué eso no lo defiende?

17 millones de personas esperan su respuesta.