El Gobierno del presidente Donald Trump continuó su política antiinmigración con nuevas regulaciones que hacen casi imposible que los extranjeros obtengan asilo en Estados Unidos. La disposiciones entrarían en vigor nueve días antes de la inauguración del presidente electo Joe Biden el 20 de enero próximo.
La nueva reglamentación ordena a los funcionarios y jueces de inmigración que rechacen las solicitudes de asilo de las personas que hayan ingresado ilegalmente en Estados Unidos. Además, contra quienes usen documentos falsos, o que hayan pasado por otros países sin pedir primero asilo en otras partes.
“Estas nuevas regulaciones liquidan el salvavidas que necesitan quienes huyen del peligro y reiteran una versión falsa promovida por el Gobierno de Trump. Esto es que la seguridad de las fronteras solo puede obtenerse terminando el sistema de asilo”, dijo Jennifer Minear, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA).
Estas medidas “ponen el asilo fuera del alcance de todos excepto algunos pocos afortunados”, dijo Aaron Reichlin Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración.
La política antimigrantes de Trump
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump dirigió de manera constante una política que restringe la inmigración. Rechaza a quienes buscan asilo y hace más complicada y costosa la obtención de residencia legal y la adquisición de la ciudadanía estadounidense.
Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Gobierno de Trump ha modificado unas 400 regulaciones en los sistemas de inmigración y asilo.
A partir de 2019, el Gobierno de Trump ha rechazado a decenas de miles de personas que llegaron a la frontera sur.
Los migrantes solicitan asilo, pero son enviados de regreso a México y América Central a la espera de la audiencia de inmigración que les provee la ley estadounidense.
Entre otras medidas, el Gobierno de Trump busca terminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El programa de ayuda a menores que ingresaron con sus padres sin documentos, fue creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.
Con el DACA se evitó la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad.
Asimismo, Trump dispuso la terminación del estatus de protección temporal, o TPS, para los ciudadanos de varios países que han escapado de conflictos armados o desastres naturales.
Todas esas medidas de Trump han sido cuestionadas en tribunales y han quedado en suspenso, o han sido refutadas por jueces federales. El Tribunal Supremo tiene ante sí ahora una decisión final sobre el programa DACA.
“Huir de peligros mortales en busca de seguridad duradera es un esfuerzo hercúleo, y obtener la seguridad no debería serlo. El Gobierno de Estados Unidos no debería seguir erigiendo barreras que obstaculizan el asilo”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.
El Gobierno del presidente Donald Trump continuó su política antiinmigración con nuevas regulaciones que hacen casi imposible que los extranjeros obtengan asilo en Estados Unidos. La disposiciones entrarían en vigor nueve días antes de la inauguración del presidente electo Joe Biden el 20 de enero próximo.
La nueva reglamentación ordena a los funcionarios y jueces de inmigración que rechacen las solicitudes de asilo de las personas que hayan ingresado ilegalmente en Estados Unidos. Además, contra quienes usen documentos falsos, o que hayan pasado por otros países sin pedir primero asilo en otras partes.
“Estas nuevas regulaciones liquidan el salvavidas que necesitan quienes huyen del peligro y reiteran una versión falsa promovida por el Gobierno de Trump. Esto es que la seguridad de las fronteras solo puede obtenerse terminando el sistema de asilo”, dijo Jennifer Minear, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA).
Estas medidas “ponen el asilo fuera del alcance de todos excepto algunos pocos afortunados”, dijo Aaron Reichlin Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración.
La política antimigrantes de Trump
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump dirigió de manera constante una política que restringe la inmigración. Rechaza a quienes buscan asilo y hace más complicada y costosa la obtención de residencia legal y la adquisición de la ciudadanía estadounidense.
Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Gobierno de Trump ha modificado unas 400 regulaciones en los sistemas de inmigración y asilo.
A partir de 2019, el Gobierno de Trump ha rechazado a decenas de miles de personas que llegaron a la frontera sur.
Los migrantes solicitan asilo, pero son enviados de regreso a México y América Central a la espera de la audiencia de inmigración que les provee la ley estadounidense.
Entre otras medidas, el Gobierno de Trump busca terminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El programa de ayuda a menores que ingresaron con sus padres sin documentos, fue creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.
Con el DACA se evitó la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad.
Asimismo, Trump dispuso la terminación del estatus de protección temporal, o TPS, para los ciudadanos de varios países que han escapado de conflictos armados o desastres naturales.
Todas esas medidas de Trump han sido cuestionadas en tribunales y han quedado en suspenso, o han sido refutadas por jueces federales. El Tribunal Supremo tiene ante sí ahora una decisión final sobre el programa DACA.
“Huir de peligros mortales en busca de seguridad duradera es un esfuerzo hercúleo, y obtener la seguridad no debería serlo. El Gobierno de Estados Unidos no debería seguir erigiendo barreras que obstaculizan el asilo”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.