La integración de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones sigue siendo una de las grandes tareas pendientes, entre tantas otras urgencias que tiene nuestro país. Tras ya casi un año y medio desde que debieron haber asumido los nuevos magistrados, la elección continúa pendiente y como país parecemos no darnos cuenta de la gravedad del asunto. La prolongación de los magistrados en sus funciones atienta en contra de la institucionalidad, pues va abierta en contra del diseño constitucional de las instituciones de nuestro poder judicial. Continuamos sentando un precedente nefasto en cuanto a la prolongación de los funcionarios en su cargo, sin consecuencia alguna.
Mientras continúa la incertidumbre y se sigue golpeando la poca seguridad y certeza jurídica que le queda al país, nuestro sistema de justicia se hace cada vez más inoperante. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que cada vez perdemos más en este país. Este año, el sistema de justicia estuvo detenido por meses, lo que provocó un gran número de procesos retrasados y un gran número de personas sin acceso a la justicia. Además del natural retraso en los procesos, en los pocos meses que el Organismo Judicial tiene de haber regresado a sus actividades en cierta medida, los jueces parecen querer dar una imagen de que no hay mayores retrasos y para ello, muchos juzgados han optado por rechazar sistemáticamente demandas o procedimientos de otros tipos basados en criterios arbitrarios no basados en ley.
Los rechazos sistemáticos acarrean consigo un incentivo perverso para que los litigantes no hagan uso de los recursos legales para subsanar la arbitrariedad de los jueces, pues hacerlo implica tiempos y gastos que resultan poco eficientes tanto para el litigante como para su cliente. Dicho de otra forma, gran parte del sistema de justicia se está “sacudiendo de encima” los expedientes que les son asignados para mantener su mesa limpia, sin tener en cuenta que con ello se está vedando el acceso a la justicia que ya de por sí se encuentra muy limitado en el país.
¿Qué tiene que ver esto con la integración de las cortes? Mientras reine la incertidumbre a lo interno del Organismo Judicial, es difícil pensar que algo cambie a lo externo. Es iluso pensar que una Corte Suprema de Justicia saliente, que ya ha excedido su período por más de un año va a impulsar cambios significativos en el sistema de justicia. La Corte entrante, que, esperemos asuma pronto sus funciones, tendrá mucho trabajo por hacer para garantizar el acceso a la justicia. Esta semana, el Congreso de la República incluyó en su agenda la elección de los magistrados, esperemos que esta vez sí se integren las Cortes, de forma correcta y transparente y que con ello podamos empezar a resolver esta gran tarea pendiente.
La integración de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones sigue siendo una de las grandes tareas pendientes, entre tantas otras urgencias que tiene nuestro país. Tras ya casi un año y medio desde que debieron haber asumido los nuevos magistrados, la elección continúa pendiente y como país parecemos no darnos cuenta de la gravedad del asunto. La prolongación de los magistrados en sus funciones atienta en contra de la institucionalidad, pues va abierta en contra del diseño constitucional de las instituciones de nuestro poder judicial. Continuamos sentando un precedente nefasto en cuanto a la prolongación de los funcionarios en su cargo, sin consecuencia alguna.
Mientras continúa la incertidumbre y se sigue golpeando la poca seguridad y certeza jurídica que le queda al país, nuestro sistema de justicia se hace cada vez más inoperante. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que cada vez perdemos más en este país. Este año, el sistema de justicia estuvo detenido por meses, lo que provocó un gran número de procesos retrasados y un gran número de personas sin acceso a la justicia. Además del natural retraso en los procesos, en los pocos meses que el Organismo Judicial tiene de haber regresado a sus actividades en cierta medida, los jueces parecen querer dar una imagen de que no hay mayores retrasos y para ello, muchos juzgados han optado por rechazar sistemáticamente demandas o procedimientos de otros tipos basados en criterios arbitrarios no basados en ley.
Los rechazos sistemáticos acarrean consigo un incentivo perverso para que los litigantes no hagan uso de los recursos legales para subsanar la arbitrariedad de los jueces, pues hacerlo implica tiempos y gastos que resultan poco eficientes tanto para el litigante como para su cliente. Dicho de otra forma, gran parte del sistema de justicia se está “sacudiendo de encima” los expedientes que les son asignados para mantener su mesa limpia, sin tener en cuenta que con ello se está vedando el acceso a la justicia que ya de por sí se encuentra muy limitado en el país.
¿Qué tiene que ver esto con la integración de las cortes? Mientras reine la incertidumbre a lo interno del Organismo Judicial, es difícil pensar que algo cambie a lo externo. Es iluso pensar que una Corte Suprema de Justicia saliente, que ya ha excedido su período por más de un año va a impulsar cambios significativos en el sistema de justicia. La Corte entrante, que, esperemos asuma pronto sus funciones, tendrá mucho trabajo por hacer para garantizar el acceso a la justicia. Esta semana, el Congreso de la República incluyó en su agenda la elección de los magistrados, esperemos que esta vez sí se integren las Cortes, de forma correcta y transparente y que con ello podamos empezar a resolver esta gran tarea pendiente.