El Ministerio Público (MP) objeta al juez Mynor Moto y al exrector Estuardo Gálvez, dos de los cinco abogados que buscan ser electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La Fiscalía recuerda que contra el juez Moto se presentó una solicitud de antejuicio por el caso Bufete de la Impunidad. La petición fue planteada en noviembre de 2017, y rechazada por la Corte Suprema de Justicia.
Ello derivado de dos órdenes de distintas Salas de la Corte de Apelaciones para que Moto revocara resoluciones que afectaron una investigación penal o un proceso judicial.
El MP también cuestiona que el juez se reuniera con personas vinculadas con el caso Comisiones Paralelas 2020.
“El juez Moto mediante la petición de una persona particular, asumió el control jurisdiccional del caso… el Código Procesal Penal indica que los jueces de primera instancia son los contralores de la investigación del MP y no de peticiones aisladas de particulares”, indica el comunicado.
Además, se cuestiona que el juez Moto a beneficiado a sindicados en procesos de “alto impacto” a cargo de la Fiscalía.
El juez y el exrector no llenan requisitos
Asimismo, el Ministerio Público señala que el exrector Estuardo Gálvez fue una de las personas que se constató, se reunió con el reo Gustavo Alejos.
Alejos es el cabecilla que señala la Fiscalía en el caso Comisiones Paralelas 2020. Se indica que el procesado manipuló la selección de candidatos a las Cortes de justicia para beneficio propio.
Por ello, la Fiscalía planteó un recurso para anular ese proceso. La CC no lo anuló, como lo pidió el MP, pero ordenó excluir de los listados a todos los aspirantes con procesos abiertos o investigaciones penales en curso.
La participación de ambos candidatos, Moto y Gálvez, podría “deslegitimar el poder judicial”. Además, la Fiscalía ve una posible “manipulación y la influencia de vínculos profesionales, gremiales, académicos, de amistad e incluso personales” en caso llegara alguno a la magistratura de la CC.
El MP concluye que lo anterior “transgrede la capacidad, idoneidad y honradez, incumpliendo el artículo 113 de la Constitución.
El Ministerio Público (MP) objeta al juez Mynor Moto y al exrector Estuardo Gálvez, dos de los cinco abogados que buscan ser electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La Fiscalía recuerda que contra el juez Moto se presentó una solicitud de antejuicio por el caso Bufete de la Impunidad. La petición fue planteada en noviembre de 2017, y rechazada por la Corte Suprema de Justicia.
Ello derivado de dos órdenes de distintas Salas de la Corte de Apelaciones para que Moto revocara resoluciones que afectaron una investigación penal o un proceso judicial.
El MP también cuestiona que el juez se reuniera con personas vinculadas con el caso Comisiones Paralelas 2020.
“El juez Moto mediante la petición de una persona particular, asumió el control jurisdiccional del caso… el Código Procesal Penal indica que los jueces de primera instancia son los contralores de la investigación del MP y no de peticiones aisladas de particulares”, indica el comunicado.
Además, se cuestiona que el juez Moto a beneficiado a sindicados en procesos de “alto impacto” a cargo de la Fiscalía.
El juez y el exrector no llenan requisitos
Asimismo, el Ministerio Público señala que el exrector Estuardo Gálvez fue una de las personas que se constató, se reunió con el reo Gustavo Alejos.
Alejos es el cabecilla que señala la Fiscalía en el caso Comisiones Paralelas 2020. Se indica que el procesado manipuló la selección de candidatos a las Cortes de justicia para beneficio propio.
Por ello, la Fiscalía planteó un recurso para anular ese proceso. La CC no lo anuló, como lo pidió el MP, pero ordenó excluir de los listados a todos los aspirantes con procesos abiertos o investigaciones penales en curso.
La participación de ambos candidatos, Moto y Gálvez, podría “deslegitimar el poder judicial”. Además, la Fiscalía ve una posible “manipulación y la influencia de vínculos profesionales, gremiales, académicos, de amistad e incluso personales” en caso llegara alguno a la magistratura de la CC.
El MP concluye que lo anterior “transgrede la capacidad, idoneidad y honradez, incumpliendo el artículo 113 de la Constitución.