Experto del CIEN advierte del “peligro” que se retrase la toma de posesión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026. La elección avanza en cuatro de los cinco grupos responsables de hacer la designación de sus representantes (magistrado titular y suplente).
Aseguró que el riesgo existe por las seis acciones presentadas que cuestionan los procesos desarrollados por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Superior Universitario de la Usac, y por otros intereses.
Francisco Quezada, experto del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), confirmó que desde antes que iniciara el proceso de designación, existía el interés de retrasar el proceso y “quedarse en poder de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.
“Sí, hay un peligro inminente. Creo que de hecho la Corte de Constitucionalidad ya había previsto prolongarse en su poder; sin embargo, se presentaron algunas variables que no esperaban, como los cambios de algunos magistrados en el último momento”, explicó Quezada.
Amparos y atrasos
El experto agregó que los amparos serían utilizados como mecanismos o acciones dilatorias para quedarse en poder de la CC.
“Además, hay un riesgo que los amparos se han presentado para sacar de competencia a profesionales que deben continuar en el proceso. También para dilatar el proceso, es decir, para tener a los magistrados ad hoc más tiempo, es uno de los peligros más viables“, afirmó Quezada.
Reconoció que esa situación no se había dado y que “todo” se debe al poder que ha adquirido.
“Ese poder hace que hoy la elección de la CC, ya casi, hablo irónicamente, debería de ser regulada en la Ley Electoral Partidos Políticos porque allí están todas las prácticas políticas; los políticos ya vieron que allí se concentra el poder (…)”, añadió.
Asumido otras funciones
Quezada declaró que la CC vela por la defensa de la Constitución, pero “eso no implica tener alcance de un poder constituyente u originario, pues sería desnaturalizar sus funciones”.
“La CC es un tribunal especializado en materia de la Constitución; no enmienda la plana sino sólo se invoca cuando se discuten temas de interpretación Constitucional, en lo judicial o en una consulta”, explicó el experto.
Además, señaló, que cuando los magistrados se alejan de la legalidad en búsqueda de la promoción de sus fines burocráticos y personales; siguen metas programáticas e ideológicas que se alinean a las demandas de una coalición que visualizan como dominante y les represente estabilidad.
Quezada concluyó que “el reto es que la nueva magistratura descanse en juristas dispuestos a defender el sistema democrático y republicano de división de poderes establecido en la Constitución”, para deconstruir el poder omnímodo y sin control espuriamente concentrado en la Corte de Constitucionalidad.
Recomendaciones del CIEN
- La Corte de Constitucionalidad ha detentado cada vez más funciones de otros poderes del Estado. Por lo que la coalición dominante habrá conseguido dirigir la institución con más poder e influencia.
- Una CC todopoderosa dominada por una facción genera todas las condiciones para un sistema autoritario, donde pese existir elecciones, el poder se concentra en ella.
- Aquellos magistrados que únicamente han perseguido proteger sus fines burocráticos y personales, han hecho de la Corte de Constitucionalidad un ente sin control, fracturando la división de poderes y la democracia liberal.
- La nueva magistratura, debiera descansar en juristas devotos del sistema democrático y republicano, con los arrestos necesarios para emprender la deconstrucción del poder omnímodo y sin control, que fue concentrando espuriamente por la CC.
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Experto del CIEN advierte del “peligro” que se retrase la toma de posesión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026. La elección avanza en cuatro de los cinco grupos responsables de hacer la designación de sus representantes (magistrado titular y suplente).
Aseguró que el riesgo existe por las seis acciones presentadas que cuestionan los procesos desarrollados por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Superior Universitario de la Usac, y por otros intereses.
Francisco Quezada, experto del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), confirmó que desde antes que iniciara el proceso de designación, existía el interés de retrasar el proceso y “quedarse en poder de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.
“Sí, hay un peligro inminente. Creo que de hecho la Corte de Constitucionalidad ya había previsto prolongarse en su poder; sin embargo, se presentaron algunas variables que no esperaban, como los cambios de algunos magistrados en el último momento”, explicó Quezada.
Amparos y atrasos
El experto agregó que los amparos serían utilizados como mecanismos o acciones dilatorias para quedarse en poder de la CC.
“Además, hay un riesgo que los amparos se han presentado para sacar de competencia a profesionales que deben continuar en el proceso. También para dilatar el proceso, es decir, para tener a los magistrados ad hoc más tiempo, es uno de los peligros más viables“, afirmó Quezada.
Reconoció que esa situación no se había dado y que “todo” se debe al poder que ha adquirido.
“Ese poder hace que hoy la elección de la CC, ya casi, hablo irónicamente, debería de ser regulada en la Ley Electoral Partidos Políticos porque allí están todas las prácticas políticas; los políticos ya vieron que allí se concentra el poder (…)”, añadió.
Asumido otras funciones
Quezada declaró que la CC vela por la defensa de la Constitución, pero “eso no implica tener alcance de un poder constituyente u originario, pues sería desnaturalizar sus funciones”.
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Además, señaló, que cuando los magistrados se alejan de la legalidad en búsqueda de la promoción de sus fines burocráticos y personales; siguen metas programáticas e ideológicas que se alinean a las demandas de una coalición que visualizan como dominante y les represente estabilidad.
Quezada concluyó que “el reto es que la nueva magistratura descanse en juristas dispuestos a defender el sistema democrático y republicano de división de poderes establecido en la Constitución”, para deconstruir el poder omnímodo y sin control espuriamente concentrado en la Corte de Constitucionalidad.
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