El proceso por presunto fraude procesal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) dio este viernes un giro con la decisión de la Fiscalía de pedir su preclusión.
Pero el caso aún no quedará cerrado sino en manos de un juez que será el que decida qué camino seguir.
Uribe, quien hasta agosto era senador por el Centro Democrático, partido del presidente colombiano, Iván Duque, tiene más de un centenar de procesos ante la Justicia colombiana.
Las acciones se refieren a actuaciones que van desde su proceder cuando era gobernador del departamento de Antioquia hasta su Presidencia. Pero el caso actual es el más avanzado, aunque paradójicamente sea por un delito de los menos graves.
Uribe permaneció, desde el 4 de agosto y hasta el 10 de octubre, 67 días en detención domiciliaria en su finca “El Ubérrimo”.
Por esa decisión, se convirtió en el primer expresidente en ser detenido, aunque de forma preventiva, en el país.
Sin embargo, en una decisión “cantada”, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien el año pasado fue designado para llevar el caso de Uribe, solicitó la preclusión del caso.
La Fiscalía considera que las conductas con las que se le vinculó “no tienen la característica de delito”.
El senador de izquierdas Iván Cepeda, que en el proceso es víctima, dijo que la decisión del fiscal Jaimes se venía venir. Que fue previamente ambientada para hacer parecer que fue “algo legal”.
“Eso es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso. Hay un inmenso acervo probatorio desde el punto de vista de la solidez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema”, dijo el congresista del Polo Democrático Alternativo (PDA).
“Además de lo voluminoso que es el expediente, de 1 mil 550 páginas elaborado por la Sala de Instrucción para pedir la medida de aseguramiento (prisión) contra Uribe”, añadió.
La decisión a favor de Uribe
Jaimes justificó su decisión al considerar que las conductas con las que se le vinculó al expresidente “no tienen la característica de delito”.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito. Otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, dijo Jaimes en un comunicado.
Al poco tiempo de conocerse la decisión, que no tomó por sorpresa a nadie, el senador Cepeda anunció que demandará a Jaimes por el presunto delito de prevaricato.
La querella será presentada en los próximos días por Cepeda y por el ex fiscal general de Colombia Eduardo Montealegre, que hacen parte del proceso en calidad de víctimas.
Cepeda basa su demanda en que Jaimes supuestamente favoreció los “intereses del procesado. Al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe“.
Detalló que Jaimes ha pretendido invalidar lo realizado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ello al repetir la práctica de pruebas “beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso”.
Por su lado, el expresidente Uribe dijo en redes sociales que lo ocurrido hoy con su caso es un “paso positivo” y agradeció a la gente las expresiones de “solidaridad”.
Lejos del final
La decisión de Jaimes, lejos de ponerle punto final a este caso, abre un abanico de posibilidades. Las partes serán citadas por un juez que escuchará las tesis de cada uno. Para esa cita no hay todavía una fecha definida.
En esa dirección la Fiscalía dijo que sus conclusiones para pedir el cierre del sumario “serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal”.
“Podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa. También por el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados”.
Y, además, recordó que es de su resorte “solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”.
Es previsible que sea cual sea la decisión del juez, una de las partes quede a disgusto y apele la decisión al Tribunal Superior de Bogotá. Si esto ocurre, el Tribunal puede tardar años en pronunciarse.
Mientras tanto, la lluvia de reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar. Incluso hay llamados a realizar plantones de apoyo a Uribe y a Jaimes. Otros consideran que ese pedido de preclusión está por fuera de la ley.
https://republica.gt/2021/03/05/francisco-rivas-recconoce-derrota-en-el-colegio-de-abogados/
El proceso por presunto fraude procesal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) dio este viernes un giro con la decisión de la Fiscalía de pedir su preclusión.
Pero el caso aún no quedará cerrado sino en manos de un juez que será el que decida qué camino seguir.
Uribe, quien hasta agosto era senador por el Centro Democrático, partido del presidente colombiano, Iván Duque, tiene más de un centenar de procesos ante la Justicia colombiana.
Las acciones se refieren a actuaciones que van desde su proceder cuando era gobernador del departamento de Antioquia hasta su Presidencia. Pero el caso actual es el más avanzado, aunque paradójicamente sea por un delito de los menos graves.
Uribe permaneció, desde el 4 de agosto y hasta el 10 de octubre, 67 días en detención domiciliaria en su finca “El Ubérrimo”.
Por esa decisión, se convirtió en el primer expresidente en ser detenido, aunque de forma preventiva, en el país.
Sin embargo, en una decisión “cantada”, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien el año pasado fue designado para llevar el caso de Uribe, solicitó la preclusión del caso.
La Fiscalía considera que las conductas con las que se le vinculó “no tienen la característica de delito”.
El senador de izquierdas Iván Cepeda, que en el proceso es víctima, dijo que la decisión del fiscal Jaimes se venía venir. Que fue previamente ambientada para hacer parecer que fue “algo legal”.
“Eso es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso. Hay un inmenso acervo probatorio desde el punto de vista de la solidez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema”, dijo el congresista del Polo Democrático Alternativo (PDA).
“Además de lo voluminoso que es el expediente, de 1 mil 550 páginas elaborado por la Sala de Instrucción para pedir la medida de aseguramiento (prisión) contra Uribe”, añadió.
La decisión a favor de Uribe
Jaimes justificó su decisión al considerar que las conductas con las que se le vinculó al expresidente “no tienen la característica de delito”.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito. Otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, dijo Jaimes en un comunicado.
Al poco tiempo de conocerse la decisión, que no tomó por sorpresa a nadie, el senador Cepeda anunció que demandará a Jaimes por el presunto delito de prevaricato.
La querella será presentada en los próximos días por Cepeda y por el ex fiscal general de Colombia Eduardo Montealegre, que hacen parte del proceso en calidad de víctimas.
Cepeda basa su demanda en que Jaimes supuestamente favoreció los “intereses del procesado. Al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe“.
Detalló que Jaimes ha pretendido invalidar lo realizado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ello al repetir la práctica de pruebas “beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso”.
Por su lado, el expresidente Uribe dijo en redes sociales que lo ocurrido hoy con su caso es un “paso positivo” y agradeció a la gente las expresiones de “solidaridad”.
Lejos del final
La decisión de Jaimes, lejos de ponerle punto final a este caso, abre un abanico de posibilidades. Las partes serán citadas por un juez que escuchará las tesis de cada uno. Para esa cita no hay todavía una fecha definida.
En esa dirección la Fiscalía dijo que sus conclusiones para pedir el cierre del sumario “serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal”.
“Podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa. También por el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados”.
Y, además, recordó que es de su resorte “solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”.
Es previsible que sea cual sea la decisión del juez, una de las partes quede a disgusto y apele la decisión al Tribunal Superior de Bogotá. Si esto ocurre, el Tribunal puede tardar años en pronunciarse.
Mientras tanto, la lluvia de reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar. Incluso hay llamados a realizar plantones de apoyo a Uribe y a Jaimes. Otros consideran que ese pedido de preclusión está por fuera de la ley.
https://republica.gt/2021/03/05/francisco-rivas-recconoce-derrota-en-el-colegio-de-abogados/