En España, se han destruido más de 100.000 empresas en un año. Ayer se acodó un plan de mal llamadas ayudas directas tardío, insuficiente (7.000 millones en vez de los 11.000 anunciados y los 50.000 que Foment del Treball o el Banco de España estiman urgentes) y cuya ejecución va a ser en una maraña burocrática.
Los datos que llegan del procedimiento y canalización de esas ayudas nos hacen temer un infierno burocrático muy similar a lo que ha ocurrido con otras medidas anunciadas a bombo y platillo.
El Gobierno asegura que firmará el traspaso de los fondos a las comunidades en «un mes y diez días». Veremos. En cualquier caso, si se ponen en marcha, son bienvenidas aunque la cifra se quede en nada para la inmensa mayoría. Un autónomo que acceda a estas ayudas recibirá más o menos lo que paga en cuotas en un año. Y Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones cuando su agujero es más de 10 veces superior.
Los datos que llegan del procedimiento y canalización de esas ayudas nos hacen temer un infierno burocrático
En un entorno de devastación empresarial como el de España, sorprende que el gobierno utilice el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para dos empresas cuyas dificultades van mucho más allá de la pandemia.
El Gobierno aprobó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas “con el fin de dar apoyo financiero a empresas solventes que atraviesan dificultades por culpa de la pandemia y que, además, sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional”.
Es dudoso pensar que, de todo el tejido empresarial español, las dos últimas operaciones de este fondo vayan a dos empresas cuya vinculación con el régimen de Venezuela, sea vía grandes comisiones y contratos como accionarial, ha sido ampliamente reportada por los medios de comunicación.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda concedió un rescate a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros tras ser considerada como una “empresa estratégica” por su contribución al turismo.
Sin embargo, Plus Ultra ha movido entre 100.000 y 160.000 pasajeros al año en 2018 y 2019, menos del 1% del tráfico aéreo de España. Sorprende que se considere una empresa estratégica a una operadora con cuatro avionesy que nunca ha reportado beneficios.
Tanto el resultado de explotación como el resultado neto han sido negativos en 2016, 17, 18 y 2019, lo cual pone en duda el requisito de empresa solvente, estratégica y cuyas dificultades vienen por la pandemia.
Si las condiciones del rescate son claras y evidentes deben darse muchos más datos de los aportados por la SEPI. Así se despejarían las preocupaciones ante el rescate con dinero público de una empresa participada en un 47,2% por un empresario venezolano públicamente conectado a Nicolás Maduro y Delci Rodríguez, presidente y vicepresidenta de Venezuela.
Es curioso que Venezuela también aparezca como nexo de unión en el rescate de Duro Felguera. De nuevo, los problemas financieros de dicha empresa vienen de mucho antes de la crisis pandémica.
La apuesta por Venezuela de esta empresa ya le había causado importantes agujeros financieros desde hace años y estar al borde del concurso de acreedores. Ya en 2011 los analistas alertaban del riesgo de enorme concentración en un proyecto estimado en 1.500 millones de dólares en Venezuela y que se quedó en nada.
Las acciones de Duro Felguera se dispararon 9% en bolsa cuando anunciaron en junio de 2009 el contrato de Venezuela, alcanzando máximos de un año y elevando la capitalización bursátil hasta los 684 millones de euros.
Un contrato que vino, como otros de grandes empresas españolas, tras un viaje con el gobierno español para fomentar la inversión durante el gobierno de Chávez en Venezuela. Una bendición que se convirtió en un suplicio. Sorprendía la apuesta agresiva de estas empresas por Venezuela cuando la ola de expropiaciones chavistas y el desastre económico y de falta de seguridad jurídica del régimen ya eran evidentes.
Por supuesto, la cadena de impagos y favores exigidos por el chavismo y la batería de devaluaciones y destrucción del país hundieron a la empresa que, además, sufrió impago del chavismo, investigación de anticorrupción en España y multa de Hacienda.
Un desastre sin precedentes que se llevó por delante a una empresa de ingeniería con un gran capital humano. Pero sus problemas no tienen nada que ver con la pandemia ni con el año 2020. Es más, el capital humano y la capacidad de competir de la empresa en un mundo tan competitivo como es el de los contratistas de ingeniería ya han sido erosionados de manera casi irreparable desde hace tiempo.
La empresa ya tuvo una enorme quita de deuda 2018, cuando debía 320 millones a la banca, que aceptó dicha enorme quita —234 millones de euros— para evitar el concurso de acreedores. Una vez pasado, los accionistas perdieron el 97% de su patrimonio.
Incluso si aceptamos las razones de la SEPI para rescatar estas dos empresas, no podemos ignorar el más que evidente riesgo de usar fondos que ni van a mantener los empleos a medio plazo ni van a solventar un problema de zombificación que ya era evidente mucho antes de la pandemia.
No podemos ignorar el más que evidente riesgo de usar fondos que ni van a mantener los empleos a medio plazo ni van a solventar un problema de zombificación
Cualquier analista del sector aerolíneas o del sector de ingeniería sabe que estas empresas estaban, desafortunadamente, dañadas de manera irreparable en dos sectores en los que incluso empresas líderes globales llevan años, antes de la pandemia, lidiando con márgenes más bajos, presión competitiva y dificultades generalizadas en sectores donde la mayoría generan rentabilidad muy por debajo de su coste de capital incluso en periodos de crecimiento, como vimos ya entre 2015 y 2019.
El problema del aumento de las empresas zombi (que está circunscrito fundamentalmente a grandes empresas) no es nuevo. En la Unión Europea, ya antes de la pandemia, el porcentaje de empresas zombi (aquellas que no pueden pagar sus compromisos de deuda con beneficio operativo incluso en periodos de crecimiento) ya era muy evidente, y el Bank of International Settlements ya alertaba de la constante refinanciación y zombificación de empresas por la ola de tipos bajos y alta liquidez.
El verdadero problema es que, en esta crisis, las empresas que están cayendo como moscas son las que estaban haciendo las cosas de manera adecuada, cumplían sus compromisos y se mantenían sin endeudamiento. Aquellas a las que se les ha cerrado la actividad por decreto, que son las que no van a ver casi nada de estas ayudas. Mientras tanto, se pone la etiqueta de “estratégico” a empresas que ya tenían problemas antes, y graves. Con el más que probable resultado de nuevas pérdidas en el futuro.
Estas noticias reflejan dos importantes problemas. Los apoyos al tejido productivo que lo necesita y era viable en 2019 son insuficientes y llegan tarde, y la tendencia de los gobiernos a interferir cuando denominan “estratégica” a una empresa es a hacerla menos viable de lo que ya es.
Acerca de Daniel Lacalle
Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres. Es colaborador frecuente en medios como CNBC, Hedgeye, Wall Street Journal, El Español, A3 Media and 13TV. Tiene un certificado internacional de analista de inversiones CIIA y un máster en Investigación económica y el IESE. Ver todas las entradas por Daniel Lacalle →
En España, se han destruido más de 100.000 empresas en un año. Ayer se acodó un plan de mal llamadas ayudas directas tardío, insuficiente (7.000 millones en vez de los 11.000 anunciados y los 50.000 que Foment del Treball o el Banco de España estiman urgentes) y cuya ejecución va a ser en una maraña burocrática.
Los datos que llegan del procedimiento y canalización de esas ayudas nos hacen temer un infierno burocrático muy similar a lo que ha ocurrido con otras medidas anunciadas a bombo y platillo.
El Gobierno asegura que firmará el traspaso de los fondos a las comunidades en «un mes y diez días». Veremos. En cualquier caso, si se ponen en marcha, son bienvenidas aunque la cifra se quede en nada para la inmensa mayoría. Un autónomo que acceda a estas ayudas recibirá más o menos lo que paga en cuotas en un año. Y Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones cuando su agujero es más de 10 veces superior.
Los datos que llegan del procedimiento y canalización de esas ayudas nos hacen temer un infierno burocrático
En un entorno de devastación empresarial como el de España, sorprende que el gobierno utilice el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para dos empresas cuyas dificultades van mucho más allá de la pandemia.
El Gobierno aprobó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas “con el fin de dar apoyo financiero a empresas solventes que atraviesan dificultades por culpa de la pandemia y que, además, sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional”.
Es dudoso pensar que, de todo el tejido empresarial español, las dos últimas operaciones de este fondo vayan a dos empresas cuya vinculación con el régimen de Venezuela, sea vía grandes comisiones y contratos como accionarial, ha sido ampliamente reportada por los medios de comunicación.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda concedió un rescate a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros tras ser considerada como una “empresa estratégica” por su contribución al turismo.
Sin embargo, Plus Ultra ha movido entre 100.000 y 160.000 pasajeros al año en 2018 y 2019, menos del 1% del tráfico aéreo de España. Sorprende que se considere una empresa estratégica a una operadora con cuatro avionesy que nunca ha reportado beneficios.
Tanto el resultado de explotación como el resultado neto han sido negativos en 2016, 17, 18 y 2019, lo cual pone en duda el requisito de empresa solvente, estratégica y cuyas dificultades vienen por la pandemia.
Si las condiciones del rescate son claras y evidentes deben darse muchos más datos de los aportados por la SEPI. Así se despejarían las preocupaciones ante el rescate con dinero público de una empresa participada en un 47,2% por un empresario venezolano públicamente conectado a Nicolás Maduro y Delci Rodríguez, presidente y vicepresidenta de Venezuela.
Es curioso que Venezuela también aparezca como nexo de unión en el rescate de Duro Felguera. De nuevo, los problemas financieros de dicha empresa vienen de mucho antes de la crisis pandémica.
La apuesta por Venezuela de esta empresa ya le había causado importantes agujeros financieros desde hace años y estar al borde del concurso de acreedores. Ya en 2011 los analistas alertaban del riesgo de enorme concentración en un proyecto estimado en 1.500 millones de dólares en Venezuela y que se quedó en nada.
Las acciones de Duro Felguera se dispararon 9% en bolsa cuando anunciaron en junio de 2009 el contrato de Venezuela, alcanzando máximos de un año y elevando la capitalización bursátil hasta los 684 millones de euros.
Un contrato que vino, como otros de grandes empresas españolas, tras un viaje con el gobierno español para fomentar la inversión durante el gobierno de Chávez en Venezuela. Una bendición que se convirtió en un suplicio. Sorprendía la apuesta agresiva de estas empresas por Venezuela cuando la ola de expropiaciones chavistas y el desastre económico y de falta de seguridad jurídica del régimen ya eran evidentes.
Por supuesto, la cadena de impagos y favores exigidos por el chavismo y la batería de devaluaciones y destrucción del país hundieron a la empresa que, además, sufrió impago del chavismo, investigación de anticorrupción en España y multa de Hacienda.
Un desastre sin precedentes que se llevó por delante a una empresa de ingeniería con un gran capital humano. Pero sus problemas no tienen nada que ver con la pandemia ni con el año 2020. Es más, el capital humano y la capacidad de competir de la empresa en un mundo tan competitivo como es el de los contratistas de ingeniería ya han sido erosionados de manera casi irreparable desde hace tiempo.
La empresa ya tuvo una enorme quita de deuda 2018, cuando debía 320 millones a la banca, que aceptó dicha enorme quita —234 millones de euros— para evitar el concurso de acreedores. Una vez pasado, los accionistas perdieron el 97% de su patrimonio.
Incluso si aceptamos las razones de la SEPI para rescatar estas dos empresas, no podemos ignorar el más que evidente riesgo de usar fondos que ni van a mantener los empleos a medio plazo ni van a solventar un problema de zombificación que ya era evidente mucho antes de la pandemia.
No podemos ignorar el más que evidente riesgo de usar fondos que ni van a mantener los empleos a medio plazo ni van a solventar un problema de zombificación
Cualquier analista del sector aerolíneas o del sector de ingeniería sabe que estas empresas estaban, desafortunadamente, dañadas de manera irreparable en dos sectores en los que incluso empresas líderes globales llevan años, antes de la pandemia, lidiando con márgenes más bajos, presión competitiva y dificultades generalizadas en sectores donde la mayoría generan rentabilidad muy por debajo de su coste de capital incluso en periodos de crecimiento, como vimos ya entre 2015 y 2019.
El problema del aumento de las empresas zombi (que está circunscrito fundamentalmente a grandes empresas) no es nuevo. En la Unión Europea, ya antes de la pandemia, el porcentaje de empresas zombi (aquellas que no pueden pagar sus compromisos de deuda con beneficio operativo incluso en periodos de crecimiento) ya era muy evidente, y el Bank of International Settlements ya alertaba de la constante refinanciación y zombificación de empresas por la ola de tipos bajos y alta liquidez.
El verdadero problema es que, en esta crisis, las empresas que están cayendo como moscas son las que estaban haciendo las cosas de manera adecuada, cumplían sus compromisos y se mantenían sin endeudamiento. Aquellas a las que se les ha cerrado la actividad por decreto, que son las que no van a ver casi nada de estas ayudas. Mientras tanto, se pone la etiqueta de “estratégico” a empresas que ya tenían problemas antes, y graves. Con el más que probable resultado de nuevas pérdidas en el futuro.
Estas noticias reflejan dos importantes problemas. Los apoyos al tejido productivo que lo necesita y era viable en 2019 son insuficientes y llegan tarde, y la tendencia de los gobiernos a interferir cuando denominan “estratégica” a una empresa es a hacerla menos viable de lo que ya es.
Acerca de Daniel Lacalle
Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres. Es colaborador frecuente en medios como CNBC, Hedgeye, Wall Street Journal, El Español, A3 Media and 13TV. Tiene un certificado internacional de analista de inversiones CIIA y un máster en Investigación económica y el IESE. Ver todas las entradas por Daniel Lacalle →