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Bono Familia | Los tres departamentos con más denuncias por cobros ilegales

Saira Ramos
17 de abril, 2021

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) interpuso 16 mil 28 denuncias al Ministerio Público (MP) por cobros ilegales del Bono Familia.

Los tres departamentos que más casos reportaron, según sus estadísticas son:

  • Jutiapa: 1 mil 842
  • Guatemala: 1 mil 581
  • Suchitepéquez: 1 mil 511

El MP ya está investigando los casos y determinará las acciones que tomarán por las irregularidades detectadas.

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Esta semana se dio a conocer que, la agencia fiscal del MP de Nueva Santa Rosa, municipio de Santa Rosa, determinó que 39 personas deben reintegrar el dinero porque se beneficiaron de dos programas sociales.

El primero fue de Q1 mil por Apoyo al Comercio Popular, diseñado para los vendedores del sector informal afectados por la pandemia. El segundo, Q2 mil 500 del Bono Familia.

Reglamento del Bono Familia

El Bono Familia es un programa social a cargo del Mides que se creó en 2020 para apoyar a las personas más afectadas económicamente por las medidas de emergencia, derivadas por el covid-19.

Los beneficiarios fueron quienes tenían un consumo de energía eléctrica por debajo de 200kWh.

Para transparentar el programa, el Mides creó un reglamento en el que indicaba quienes no podían optar al beneficio, pero muchos lo ignoraron y recibieron el efectivo.

A continuación, te recordamos quienes tenían prohibición para optar al Bono Familia y que, ahora, podrían estar entre las personas denunciadas en el MP:

  • Los ciudadanos que habitaran en una vivienda cuyo consumo eléctrico haya superados los 200 kWh durante febrero de 2020
  • Servidores públicos
  • Personas que recibían beneficios derivados de cualquier sistema de pensiones, incluyendo clases pasivas del Estado, cuyo beneficio sea de Q2 mil 500 o más de forma mensual
  • Personas que recibían pensiones por parte del IGSS
  • Quienes contaban con contratos administrativos de prestación de servicios vigentes en el sector público; y
  • Personas que ya recibieran otro beneficio o aporte de programas destinados a la emergencia de covid-19, o bien, transferencias monetarias que ejecuta el Mides.
  • Te recomendamos leer:

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Saira Ramos
17 de abril, 2021

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) interpuso 16 mil 28 denuncias al Ministerio Público (MP) por cobros ilegales del Bono Familia.

Los tres departamentos que más casos reportaron, según sus estadísticas son:

  • Jutiapa: 1 mil 842
  • Guatemala: 1 mil 581
  • Suchitepéquez: 1 mil 511

El MP ya está investigando los casos y determinará las acciones que tomarán por las irregularidades detectadas.

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Esta semana se dio a conocer que, la agencia fiscal del MP de Nueva Santa Rosa, municipio de Santa Rosa, determinó que 39 personas deben reintegrar el dinero porque se beneficiaron de dos programas sociales.

El primero fue de Q1 mil por Apoyo al Comercio Popular, diseñado para los vendedores del sector informal afectados por la pandemia. El segundo, Q2 mil 500 del Bono Familia.

Reglamento del Bono Familia

El Bono Familia es un programa social a cargo del Mides que se creó en 2020 para apoyar a las personas más afectadas económicamente por las medidas de emergencia, derivadas por el covid-19.

Los beneficiarios fueron quienes tenían un consumo de energía eléctrica por debajo de 200kWh.

Para transparentar el programa, el Mides creó un reglamento en el que indicaba quienes no podían optar al beneficio, pero muchos lo ignoraron y recibieron el efectivo.

A continuación, te recordamos quienes tenían prohibición para optar al Bono Familia y que, ahora, podrían estar entre las personas denunciadas en el MP:

  • Los ciudadanos que habitaran en una vivienda cuyo consumo eléctrico haya superados los 200 kWh durante febrero de 2020
  • Servidores públicos
  • Personas que recibían beneficios derivados de cualquier sistema de pensiones, incluyendo clases pasivas del Estado, cuyo beneficio sea de Q2 mil 500 o más de forma mensual
  • Personas que recibían pensiones por parte del IGSS
  • Quienes contaban con contratos administrativos de prestación de servicios vigentes en el sector público; y
  • Personas que ya recibieran otro beneficio o aporte de programas destinados a la emergencia de covid-19, o bien, transferencias monetarias que ejecuta el Mides.
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