El “Estatus de Protección Temporal” (TPS por sus siglas en inglés) fue creado a través de la Ley de Inmigración de 1990 como un apoyo “humanitario” para ciudadanos extranjeros en los EE. UU. Cuyos países han sufrido una catástrofe, conflicto militar o un desastre natural. La creación de TPS surgió luego de una década llena de activismo a favor de los salvadoreños y guatemaltecos que huyeron de la guerra civil en sus respectivos países de origen, pero a quienes se les negó el asilo en los Estados Unidos.  En la guerra civil salvadoreña de 1980-1992 y la guerra civil guatemalteca de 1960-1996, la administración de Reagan y Bush vieron estos conflictos a través del lente de la guerra fría, argumentando que se necesitaba el apoyo de Estados Unidos para detener la expansión del comunismo en Centroamérica y que los salvadoreños y guatemaltecos eran inmigrantes en busqueda de trabajo. El TPS se convirtió en parte de la Ley de inmigración de 1990,  la Ley hizo que los salvadoreños que estaban en los EE. UU. fueran elegibles para solicitar 18 meses de TPS y creó un procedimiento mediante el cual se puede designar a un país elegible para TPS, si las circunstancias lo justifican, lamentablemente a Guatemala jamás se les dió este beneficio temporal.

Luego de este beneficio temporal, surge el dilema, porque después de 18 meses, el estatus expira y el gobierno de los Estados Unidos puede potencialmente utilizar la información para deportarlos. A pesar de esta preocupación, cientos de inmigrantes  se postularon y en 1992, la administración Bush los hizo elegibles para la Salida Forzada Diferida (DED), permitiéndoles permanecer en el país con autorización de trabajo temporalmente.

Los beneficiarios de TPS buscan no solo una extensión de su estatus, sino más bien la oportunidad de convertirse en residentes de EE. UU., argumentando que sus contribuciones a la sociedad de EE. UU. y que han trabajado como trabajadores esenciales durante la pandemia de la COVID-19, los hacen merecedores de esta forma de reconocimiento. Ellos están dando lo mejor de sus vidas y se merecen lo mejor de ese país. En este momento, los elegibles del TPS viven en un estado constante de incertidumbre, no solo para sus familias sino también para sus empleadores.

La Corte Suprema falló este lunes pasado en contra de inmigrantes con estatus temporal, el gobierno puede impedir que los no ciudadanos, que se encuentran en Estados Unidos bajo el programa TPS, que los protege temporalmente de la deportación en ciertas situaciones, soliciten residencia si ingresaron ilegalmente al país. Las leyes federales de inmigración requieren que las personas que buscan ajustar estatus deben haber ingresado al país de forma legal, por alguno de los puertos terrestres o marítimos del país.

Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU reiteró su mensaje para disuadir a los centroamericanos de tratar de entrar en Estados Unidos: «No vengan, no vengan. Seguiremos aplicando la ley y reforzando las fronteras. Si llegan (ilegalmente) serán enviados de vuelta».

Durante muchos años, los que han obtenido el estatus del TPS, han tenido autorización de trabajo y pagado impuestos, pero no pueden votar, no pueden ser residentes y experimentan un limbo legal. Los beneficiarios de TPS tienen una alta tasa de participación laboral con un ingreso mensual promedio de $2,910. Aproximadamente el 30-34% tiene una vivienda propia, el 49% continuó su educación después de llegar a los Estados Unidos, el 12% inició su propio negocio, el 90% presenta declaraciones de impuestos anualmente, contribuyendo a la seguridad social de Estados Unidos en un promedio de 15.4 años.

¿Qué les depara el futuro a los migrantes, que se han convertido en parte de las comunidades de EE.UU.? Ellos quieren quedarse allá porque sus hijos, sus negocios, sus hogares y sus trabajos están ahí. Su vida está ahí, eso no es temporal.