La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzó este martes una audiencia de dos días por una demanda contra el Estado de Guatemala por el despido de trabajadores judiciales tras una huelga ocurrida en 1996.
La demanda presentada a la Corte IDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que 65 empleados del Organismo Judicial de Guatemala fueron despedidos injustamente como consecuencia de una huelga realizada en 1996.
Asimismo agrega que estas personas no fueron sometidas a un procedimiento administrativo previo al despido. Además que no fueron notificadas del inicio del procedimiento disciplinario en su contra, ni tuvieron la oportunidad de defenderse respecto del mismo.
Violación de Derechos Humanos
La comisionada titular de la CIDH, Esmeralda Arosemena, afirmó en la audiencia que el Estado guatemalteco es “responsable de violar el derecho a ser oído, el de defensa, el de huelga y el del trabajo”, y señaló que esto fue propiciado por una legislación que obstaculiza el ejercicio del derecho a huelga.
“Estas 65 víctimas no contaron con recursos efectivos para remediar las violaciones. No fueron recontratadas y las decisiones judiciales se limitaron a señalar que los despidos se realizaron conforme a la legislación nacional”, explicó Arosemena.
La comisionada dijo que este caso es una oportunidad para que la Corte IDH “consolide su jurisprudencia sobre las garantías al debido proceso aplicables para la destitución de trabajadores públicos y pronunciarse sobre el contenido al derecho a la huelga y sus restricciones”.
Proceso judicial
Durante la audiencia brindó su testimonio Freddy Ávila, quien recordó que tras un largo proceso judicial fue destituido en 1999 de su puesto como secretario del Juzgado de Paz de Chimaltenango, debido a su participación en la huelga en la que los trabajadores exigían mejores condiciones laborales y económicas.
“Hubo muchos efectos. Fue un giro rotundo en mi vida. Se frustraron muchos proyectos e ilusiones, tuve conflictos familiares y sociales; mi integridad y dignidad fueron perjudicadas, ya que nos estigmatizaron y ese estigma hasta la fecha no nos permite tener un trabajo digno”, manifestó Ávila.
El extrabajador judicial también afirmó sentirse “traicionado por el sistema”. Contó que los compañeros despedidos sufrieron consecuencias graves a nivel económico, familiar, social y de salud a raíz de las destituciones.
Ávila dijo que espera que la Corte IDH condene al Estado de Guatemala. Asimismo que le ordene reparar a las 65 víctimas de este caso con montos económicos que reconozcan prestaciones y ventajas económicas dejadas de percibir.
Además, solicitó a los jueces que ordene al Estado construir un monumento conmemorativo a estos hechos en la plaza central del edificio de la CSJ. El monumento debe incluir una placa con el nombre de los 65 trabajadores despedidos.
La audiencia por este caso concluirá el miércoles con los alegatos finales de las partes.
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Asimismo agrega que estas personas no fueron sometidas a un procedimiento administrativo previo al despido. Además que no fueron notificadas del inicio del procedimiento disciplinario en su contra, ni tuvieron la oportunidad de defenderse respecto del mismo.
Violación de Derechos Humanos
La comisionada titular de la CIDH, Esmeralda Arosemena, afirmó en la audiencia que el Estado guatemalteco es “responsable de violar el derecho a ser oído, el de defensa, el de huelga y el del trabajo”, y señaló que esto fue propiciado por una legislación que obstaculiza el ejercicio del derecho a huelga.
“Estas 65 víctimas no contaron con recursos efectivos para remediar las violaciones. No fueron recontratadas y las decisiones judiciales se limitaron a señalar que los despidos se realizaron conforme a la legislación nacional”, explicó Arosemena.
La comisionada dijo que este caso es una oportunidad para que la Corte IDH “consolide su jurisprudencia sobre las garantías al debido proceso aplicables para la destitución de trabajadores públicos y pronunciarse sobre el contenido al derecho a la huelga y sus restricciones”.
Proceso judicial
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“Hubo muchos efectos. Fue un giro rotundo en mi vida. Se frustraron muchos proyectos e ilusiones, tuve conflictos familiares y sociales; mi integridad y dignidad fueron perjudicadas, ya que nos estigmatizaron y ese estigma hasta la fecha no nos permite tener un trabajo digno”, manifestó Ávila.
El extrabajador judicial también afirmó sentirse “traicionado por el sistema”. Contó que los compañeros despedidos sufrieron consecuencias graves a nivel económico, familiar, social y de salud a raíz de las destituciones.
Ávila dijo que espera que la Corte IDH condene al Estado de Guatemala. Asimismo que le ordene reparar a las 65 víctimas de este caso con montos económicos que reconozcan prestaciones y ventajas económicas dejadas de percibir.
Además, solicitó a los jueces que ordene al Estado construir un monumento conmemorativo a estos hechos en la plaza central del edificio de la CSJ. El monumento debe incluir una placa con el nombre de los 65 trabajadores despedidos.
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