El personal “temporal” que el Congreso de la República ha contratado en los últimos años ha impactado en las finanzas de ese organismo. Muestra de ello son los millones que ha tenido que desembolsar en salarios caídos, costos judiciales y multas.
En los primeros cuatro meses ha tenido que pagar Q2 millones 974 mil 565 de los Q5.5 millones que tiene destinado para ese rubro, así lo revela el informe financiero.
Todo indica que las autoridades rescinden y concluyen los contratos, pero también hacen nuevas contrataciones. Los trabajadores que se quedan sin contrato acuden a los juzgados de trabajo a pelear su reinstalación. Casi siempre lo logran.
El Congreso debe reubicarlos en la plaza y salario que devengaban. También deben pagar los salarios caídos, multas y costos judiciales. Al final solo se logra que la planilla vaya en aumento.
En 2016 habían 591 trabajadores en ese renglón, un año después subió a 655, ahora suman 939.Ese aumento representa un 43 por ciento en los últimos cinco años, así lo señaló la Alianza para el Congreso Eficiente.
“Por decencia los diputados deberían parar ese incremento desmedido que se ha dado en las contrataciones en los últimos años”, dijo Walter Menchú del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Un trabajor 022, que pidió omitir su nombre, cuenta que se ha quedado sin contrato dos veces. Ha acudido a los juzgados donde lo han reinstalado. El Congreso le pagó unos Q300 mil en salarios caídos en cada ocasión.
Contrataciones violan la ley
Pero eso no es todo, las contrataciones también violan la Ley Orgánica al ubicarlos en áreas administrativas cuando el marco legal no lo permite. Según el informe, hay 362 personas en esas tareas.
“La Ley es clara en que los 022 solo se deben contratar para asesores para apoyar a Junta Directiva, diputados y Bloques legislativos“, recordó Menchú.
Los salarios oscilan entre los Q18 mil y Q26 mil. Este año se destinaron Q144 millones para el pago de ese personal.
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Todo indica que las autoridades rescinden y concluyen los contratos, pero también hacen nuevas contrataciones. Los trabajadores que se quedan sin contrato acuden a los juzgados de trabajo a pelear su reinstalación. Casi siempre lo logran.
El Congreso debe reubicarlos en la plaza y salario que devengaban. También deben pagar los salarios caídos, multas y costos judiciales. Al final solo se logra que la planilla vaya en aumento.
En 2016 habían 591 trabajadores en ese renglón, un año después subió a 655, ahora suman 939.Ese aumento representa un 43 por ciento en los últimos cinco años, así lo señaló la Alianza para el Congreso Eficiente.
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Contrataciones violan la ley
Pero eso no es todo, las contrataciones también violan la Ley Orgánica al ubicarlos en áreas administrativas cuando el marco legal no lo permite. Según el informe, hay 362 personas en esas tareas.
“La Ley es clara en que los 022 solo se deben contratar para asesores para apoyar a Junta Directiva, diputados y Bloques legislativos“, recordó Menchú.
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