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Una ley tardía que le “lava la cara” al Ejecutivo y al Congreso

Alejandro Palmieri
13 de septiembre, 2021

En el Congreso de la República se ven acaloradas discusiones sobre casi todo tema y en casi cualquier día, incluso sobre temas de especial importancia. También ha sucedido en sesiones solemnes que son protocolarias y no debiesen dar motivo alguno de discusión.

El parlamento es, por antonomasia, el lugar de discusión política, y que muchas veces sea con insultos e improperios, ya es propio de nuestra fauna política tropical. Además, muchas veces las distintas bancadas y diputados trabajan, no para el beneficio general, sino para llevar agua a su molino. O abiertamente para obtener beneficios personales.

Sin embargo, en algunas ocasiones se puede ver cómo recuerdan su mandato y su función, y logran trabajar en pos de leyes de beneficio a la población. Una ocasión de esas fue la discusión de los jefes de bloque durante el fin de semana. Incluso a altas horas de la noche alcanzar consensos y redactar la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19 que está por aprobarse de urgencia nacional.

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Quienes estuvimos pendientes, pudimos ver cómo casi por arte de magia, los Jefes de Bloque abiertamente opuestos, lograron zanjar sus diferencias e intereses personales para consensuar esa iniciativa.

Más sorprendente aún, lo hicieron a instancias del presidente del Congreso, Allan Rodríguez. Solo horas antes había protagonizado una triste escena cuando trató por todos los medios que se aprobara el estado de Calamidad enviado por el Organismo Ejecutivo.

Que además de ello lograra que la instancia de Jefes de Bloque trabajara de madrugada es ya casi inverosímil.

El hecho es que así fue y, como se dijo, la norma será aprobada con el fin de permitir que el sistema de salud obtenga de manera ágil y eficiente, los insumos necesario para atender la pandemia.

El que sea de emergencia es trágico, porque 18 meses después del primer caso de covid-19 en el país, y a 12 más o menos de haber sido autorizado un enorme presupuesto específicamente para ese fin, resulta casi criminal.

Si bien se le puede achacar alguna responsabilidad de ello a lo engorroso de la Ley de Contrataciones del Estado, una buena parte de responsabilidad la tienen las autoridades actuales y su incapacidad para ejecutar.

Si a ello le agregamos que pudo existir algún interés particular de enriquecerse a costa de este tema, pues el resultado que obtendremos es el actual: una ley de emergencia que nunca debió ser, pero que deviene necesaria por la ineficacia estatal.

¿Qué resultado tendrá y qué efecto positivo para la atención de la pandemia? Solo lo podremos ver con el tiempo. Pero lo que queda claro es que la imposición de medidas que más allá de intentar disminuir los casos, limita drásticamente la capacidad de millones de guatemaltecos para obtener sustento diario es ampliamente rechazada.

Esas medidas tuvieron su efecto -positivo y negativo- a mediados del 2020, pero ahora la población solo percibe lo negativo y eso hizo tal presión en los diputados que votaron por improbar -dos veces- el estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo.

En cambio, los días recién pasados, vimos cómo se unieron los partidos en el Congreso para aprobar medidas de compra y suministro sin restringir locomoción otras libertades necesarias para trabajar.

Que haya sido “de emergencia” no cae en gracia, pero la necesidad es evidente y salvo algunos opositores a todo -que siempre hay- la mayoría de guatemaltecos comprende la situación. Si ello va a hacer que se le perdonen todas las falencias a los diputados y la terrible percepción que se tiene de ellos, es harina de otro costal.

Hoy, los diputados hicieron lo correcto y en un acto de diligencia y salvamento, aprobarán, aunque sea esta vez, una ley que pretende beneficio para los guatemaltecos. Si después de este salvavidas que le da el Legislativo al Ejecutivo la cosa no mejora, el ya olvidado hashtag de #renunciaGiammattei podrá regresar y con más fuerza y razón.

Por el bien de los guatemaltecos, esperemos que la ley cumpla su cometido a cabalidad.

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Una ley tardía que le “lava la cara” al Ejecutivo y al Congreso

Alejandro Palmieri
13 de septiembre, 2021

En el Congreso de la República se ven acaloradas discusiones sobre casi todo tema y en casi cualquier día, incluso sobre temas de especial importancia. También ha sucedido en sesiones solemnes que son protocolarias y no debiesen dar motivo alguno de discusión.

El parlamento es, por antonomasia, el lugar de discusión política, y que muchas veces sea con insultos e improperios, ya es propio de nuestra fauna política tropical. Además, muchas veces las distintas bancadas y diputados trabajan, no para el beneficio general, sino para llevar agua a su molino. O abiertamente para obtener beneficios personales.

Sin embargo, en algunas ocasiones se puede ver cómo recuerdan su mandato y su función, y logran trabajar en pos de leyes de beneficio a la población. Una ocasión de esas fue la discusión de los jefes de bloque durante el fin de semana. Incluso a altas horas de la noche alcanzar consensos y redactar la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19 que está por aprobarse de urgencia nacional.

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Más sorprendente aún, lo hicieron a instancias del presidente del Congreso, Allan Rodríguez. Solo horas antes había protagonizado una triste escena cuando trató por todos los medios que se aprobara el estado de Calamidad enviado por el Organismo Ejecutivo.

Que además de ello lograra que la instancia de Jefes de Bloque trabajara de madrugada es ya casi inverosímil.

El hecho es que así fue y, como se dijo, la norma será aprobada con el fin de permitir que el sistema de salud obtenga de manera ágil y eficiente, los insumos necesario para atender la pandemia.

El que sea de emergencia es trágico, porque 18 meses después del primer caso de covid-19 en el país, y a 12 más o menos de haber sido autorizado un enorme presupuesto específicamente para ese fin, resulta casi criminal.

Si bien se le puede achacar alguna responsabilidad de ello a lo engorroso de la Ley de Contrataciones del Estado, una buena parte de responsabilidad la tienen las autoridades actuales y su incapacidad para ejecutar.

Si a ello le agregamos que pudo existir algún interés particular de enriquecerse a costa de este tema, pues el resultado que obtendremos es el actual: una ley de emergencia que nunca debió ser, pero que deviene necesaria por la ineficacia estatal.

¿Qué resultado tendrá y qué efecto positivo para la atención de la pandemia? Solo lo podremos ver con el tiempo. Pero lo que queda claro es que la imposición de medidas que más allá de intentar disminuir los casos, limita drásticamente la capacidad de millones de guatemaltecos para obtener sustento diario es ampliamente rechazada.

Esas medidas tuvieron su efecto -positivo y negativo- a mediados del 2020, pero ahora la población solo percibe lo negativo y eso hizo tal presión en los diputados que votaron por improbar -dos veces- el estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo.

En cambio, los días recién pasados, vimos cómo se unieron los partidos en el Congreso para aprobar medidas de compra y suministro sin restringir locomoción otras libertades necesarias para trabajar.

Que haya sido “de emergencia” no cae en gracia, pero la necesidad es evidente y salvo algunos opositores a todo -que siempre hay- la mayoría de guatemaltecos comprende la situación. Si ello va a hacer que se le perdonen todas las falencias a los diputados y la terrible percepción que se tiene de ellos, es harina de otro costal.

Hoy, los diputados hicieron lo correcto y en un acto de diligencia y salvamento, aprobarán, aunque sea esta vez, una ley que pretende beneficio para los guatemaltecos. Si después de este salvavidas que le da el Legislativo al Ejecutivo la cosa no mejora, el ya olvidado hashtag de #renunciaGiammattei podrá regresar y con más fuerza y razón.

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