Nicaragua entró este domingo a la recta final de sus elecciones generales que han estado marcadas por el encarcelamiento de los principales aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, lo que ha allanado el camino al mandatario Daniel Ortega a su quinto mandato y cuarto consecutivo.
Ortega, un exguerrillero sandinista que cumplirá 76 años el 11 de noviembre próximo, y en el poder desde 2007, algo sin precedentes en Centroamérica en el siglo XXI, disputará la Presidencia a cinco candidatos de la oposición; incluido el reverendo Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, que en los comicios pasados, de 2016, formó parte de la coalición sandinista.
Los ausentes de la cita electoral del próximo domingo son Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro. Además Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes antes de ser arrestados, acusados de “traición a la patria”, se perfilaban como los principales contendientes del líder sandinista.
Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios, era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones, según las encuestas.
Elecciones y rivales
“El FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) no busca competir con rivales políticos, sino aplastar a quienes considera enemigos. Cuyas disensiones estima como amenazas letales”, dijo a Efe el sociólogo nicaragüense José Luis Rocha.
Para Rocha, investigador asociado de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) “Simeón Cañas”, de El Salvador, y autor de “Autoconvocados y conectados: los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua”, en este país, actualmente, “una pareja autocrática decide e impone” a su antojo para sostener en el poder.
Mientras para el analista político nicaragüense Oscar René Vargas, de tendencia sandinista disidente, Ortega optó por controlar el juego político y aplastar a la oposición tras la revuelta popular que estalló en contra de su Gobierno en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos.
“Para el régimen era vital el control del juego político nacional para mantener el poder autoritario; la represión fue el camino escogido para su sobrevivencia y evitar la pérdida del poder. La lógica implementada por Ortega-Murillo fue derribar todo, volar todo, quemar todo por la ambición. Además el deseo de mantenerse en el poder por cualquier medio”, señaló Vargas en un escrito.
“El poder o la muerte”
A su juicio, el estallido de abril de 2018 “fue un golpe político social atestado en pleno corazón de la dictadura, que conmocionó a un país enfadado, a un país fastidiado, a un país en duelo que demandaba la salida inmediata” de Ortega, que respondió con la fuerza bajo su lógica, según dijo, de “el poder o la muerte”.
Según el líder sandinista, que busca ser reelegido nuevamente junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, los casi 40 dirigentes opositores y profesionales independientes que han sido encarcelados en el marco del proceso electoral; incluido los siete que intentaban enfrentarlo en las elecciones, están detenidos por “terroristas”.
Los acusó de estar al “servicio de los yanquis” (Estados Unidos) y de haber dirigido las protestas contra su Gobierno, que califica como un intento de golpe de Estado.
En su arranque de campaña el pasado 4 de octubre, Ortega también cargó contra los obispos nicaragüenses. La razón fue porque actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis. En esa ocasión los tildó de “terroristas”.
Varios arrestos de líderes
Ese día el mandatario invitó a los empresarios, con los que mantuvo una alianza de consenso hasta abril de 2018, a retomar los acuerdos.
Dos semanas después las autoridades nicaragüenses arrestaron a los líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), respectivamente, críticos del Ejecutivo.
El Cosep, la principal patronal de Nicaragua, nombró como su nuevo presidente al empresario César Zamora, defensor de la alianza con el Gobierno.
La oposición nicaragüense, la excluida, ha tildado de “farsa” los próximos comicios y ha pedido a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los de la Unión Europea (UE) desconocer sus resultados.
En Nicaragua, un país centroamericano de 6.5 millones de habitantes, unos 4.4 millones están habilitados para votar. Además deben elegir presidente y vicepresidente, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
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Ortega, un exguerrillero sandinista que cumplirá 76 años el 11 de noviembre próximo, y en el poder desde 2007, algo sin precedentes en Centroamérica en el siglo XXI, disputará la Presidencia a cinco candidatos de la oposición; incluido el reverendo Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, que en los comicios pasados, de 2016, formó parte de la coalición sandinista.
Los ausentes de la cita electoral del próximo domingo son Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro. Además Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes antes de ser arrestados, acusados de “traición a la patria”, se perfilaban como los principales contendientes del líder sandinista.
Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios, era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones, según las encuestas.
Elecciones y rivales
“El FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) no busca competir con rivales políticos, sino aplastar a quienes considera enemigos. Cuyas disensiones estima como amenazas letales”, dijo a Efe el sociólogo nicaragüense José Luis Rocha.
Para Rocha, investigador asociado de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) “Simeón Cañas”, de El Salvador, y autor de “Autoconvocados y conectados: los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua”, en este país, actualmente, “una pareja autocrática decide e impone” a su antojo para sostener en el poder.
Mientras para el analista político nicaragüense Oscar René Vargas, de tendencia sandinista disidente, Ortega optó por controlar el juego político y aplastar a la oposición tras la revuelta popular que estalló en contra de su Gobierno en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos.
“Para el régimen era vital el control del juego político nacional para mantener el poder autoritario; la represión fue el camino escogido para su sobrevivencia y evitar la pérdida del poder. La lógica implementada por Ortega-Murillo fue derribar todo, volar todo, quemar todo por la ambición. Además el deseo de mantenerse en el poder por cualquier medio”, señaló Vargas en un escrito.
“El poder o la muerte”
A su juicio, el estallido de abril de 2018 “fue un golpe político social atestado en pleno corazón de la dictadura, que conmocionó a un país enfadado, a un país fastidiado, a un país en duelo que demandaba la salida inmediata” de Ortega, que respondió con la fuerza bajo su lógica, según dijo, de “el poder o la muerte”.
Según el líder sandinista, que busca ser reelegido nuevamente junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, los casi 40 dirigentes opositores y profesionales independientes que han sido encarcelados en el marco del proceso electoral; incluido los siete que intentaban enfrentarlo en las elecciones, están detenidos por “terroristas”.
Los acusó de estar al “servicio de los yanquis” (Estados Unidos) y de haber dirigido las protestas contra su Gobierno, que califica como un intento de golpe de Estado.
En su arranque de campaña el pasado 4 de octubre, Ortega también cargó contra los obispos nicaragüenses. La razón fue porque actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis. En esa ocasión los tildó de “terroristas”.
Varios arrestos de líderes
Ese día el mandatario invitó a los empresarios, con los que mantuvo una alianza de consenso hasta abril de 2018, a retomar los acuerdos.
Dos semanas después las autoridades nicaragüenses arrestaron a los líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), respectivamente, críticos del Ejecutivo.
El Cosep, la principal patronal de Nicaragua, nombró como su nuevo presidente al empresario César Zamora, defensor de la alianza con el Gobierno.
La oposición nicaragüense, la excluida, ha tildado de “farsa” los próximos comicios y ha pedido a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los de la Unión Europea (UE) desconocer sus resultados.
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