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¿Cómo y qué ocurrió en el desalojo de la finca Chabiland de El Estor, Izabal?

Glenda Sanchez
18 de noviembre, 2021

Este martes varias instituciones participaron en el desalojo en la finca Chabiland, en el municipio de El Estor, Izabal. De acuerdo a las fuerzas de Seguridad el desalojo se realizó por orden de juez contra personas que ocupaban ilegalmente la finca.

En redes sociales se denunció que el desalojo había sido violento y sin cumplir con los protocolos establecidos; sin embargo la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) desmiente esas afirmaciones y coinciden que “se cumplieron los mecanismos de observación de los derechos humanos y se respetaron las garantías esenciales”.

Aunque la PDH aclara que al ingresar a la finca no había ninguna persona, durante el proceso del diálogo un grupo de hombres gritaban que no iban a salir del lugar. Mientras tanto la Policía Nacional Civil aseguró agresividad por los “supuestos habitantes” de la finca.

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Proceso del desalojo

En entrevista a República, Astrid Carola Franco Bailey, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos en Izabal, explicó que el martes antes de las 11:30 se reunieron todas las instituciones para ejecutar el desalojo en la finca, acción que fue ordenada por un juez.

Agregó que pasadas las 11:30 horas llegaron al lugar y comenzaron con el protocolo que establece la ley para cumplir con el desalojo. “Por orden de juez las instituciones nos hacemos presentes para la notificación, las indicaciones fueron promover el diálogo para una salida pacífica, el diálogo fue en el idioma de las personas, pero no quisieron salir voluntariamente”, añadió.

Además declaró que al ingresar a la finca no había nadie, pero dijo que antes de entrar se escucharon gritos de hombres que aseguraban que no abandonarían la finca y que no iban a salir de las viviendas. “Fue un desalojo judicial y si hubo presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)”, aseguró.


Sin verificar

Referente al incendio en varias viviendas manifestó que no pudieron verificar quién o qué  inició el fuego en los ranchos porque estaban lejos del lugar. Aseveró que al observar el humo y fuego se comunicó con la comisaria de la PNC que estaba a cargo de la diligencia.

“Se conversó con la comisaria que estaba a cargo y se le pidió verificar si los agentes eran responsables del incidente. Además se les hizo ver que no podían hacer ninguna acción de destrucción. Ella -la comisaría- por radio se comunicó con el personal y los agentes negaron que fueron responsables”, afirmó la delegada de la PDH.

Además dijo que se les hizo la recomendación a los mandos policiales no hacer ninguna acción contra la normativa.

Por aparte, Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), ratificó que el desalojo fue pacífico “pese a la agresividad de los supuestos habitantes de la finca”, ocupada de manera ilegal. 

También informó que durante el desalojo estuvo presente personal de Gobernación Departamental, Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Ministerio Público.

Agregó que siguieron los protocolos y el debido proceso a los derechos humanos; y aseguró que hubo un grupo de personas que con machetes y garrotes amenazaron a los participantes.”A pesar de la tensión se mantuvo el orden, el juez fijó una hora a los invasores para el desalojo pacífico y también un agente comunicó en idioma Q’eqchi‘ la resolución del juez en varios ocasiones”, citó Aguilar. 

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En redes sociales se denunció que el desalojo había sido violento y sin cumplir con los protocolos establecidos; sin embargo la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) desmiente esas afirmaciones y coinciden que “se cumplieron los mecanismos de observación de los derechos humanos y se respetaron las garantías esenciales”.

Aunque la PDH aclara que al ingresar a la finca no había ninguna persona, durante el proceso del diálogo un grupo de hombres gritaban que no iban a salir del lugar. Mientras tanto la Policía Nacional Civil aseguró agresividad por los “supuestos habitantes” de la finca.

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En entrevista a República, Astrid Carola Franco Bailey, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos en Izabal, explicó que el martes antes de las 11:30 se reunieron todas las instituciones para ejecutar el desalojo en la finca, acción que fue ordenada por un juez.

Agregó que pasadas las 11:30 horas llegaron al lugar y comenzaron con el protocolo que establece la ley para cumplir con el desalojo. “Por orden de juez las instituciones nos hacemos presentes para la notificación, las indicaciones fueron promover el diálogo para una salida pacífica, el diálogo fue en el idioma de las personas, pero no quisieron salir voluntariamente”, añadió.

Además declaró que al ingresar a la finca no había nadie, pero dijo que antes de entrar se escucharon gritos de hombres que aseguraban que no abandonarían la finca y que no iban a salir de las viviendas. “Fue un desalojo judicial y si hubo presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)”, aseguró.


Sin verificar

Referente al incendio en varias viviendas manifestó que no pudieron verificar quién o qué  inició el fuego en los ranchos porque estaban lejos del lugar. Aseveró que al observar el humo y fuego se comunicó con la comisaria de la PNC que estaba a cargo de la diligencia.

“Se conversó con la comisaria que estaba a cargo y se le pidió verificar si los agentes eran responsables del incidente. Además se les hizo ver que no podían hacer ninguna acción de destrucción. Ella -la comisaría- por radio se comunicó con el personal y los agentes negaron que fueron responsables”, afirmó la delegada de la PDH.

Además dijo que se les hizo la recomendación a los mandos policiales no hacer ninguna acción contra la normativa.

Por aparte, Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), ratificó que el desalojo fue pacífico “pese a la agresividad de los supuestos habitantes de la finca”, ocupada de manera ilegal. 

También informó que durante el desalojo estuvo presente personal de Gobernación Departamental, Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Ministerio Público.

Agregó que siguieron los protocolos y el debido proceso a los derechos humanos; y aseguró que hubo un grupo de personas que con machetes y garrotes amenazaron a los participantes.”A pesar de la tensión se mantuvo el orden, el juez fijó una hora a los invasores para el desalojo pacífico y también un agente comunicó en idioma Q’eqchi‘ la resolución del juez en varios ocasiones”, citó Aguilar. 

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