Un gran negocio detrás de esta práctica delictiva
Guatemala es un país que durante muchos años vivió una serie de acontecimientos históricos que condujeron la política interna y externa de la nación, dentro de estos elementos políticos se encontraba, “el acceso a la tierra”. Desde la conquista por parte de la Corona Española, en la que el Estado se apropiara de los territorios indígenas maya-quiché, pasando por la constitución de la Capitanía General de Guatemala, donde se tomaban las decisiones sobre la repartición de la tierra, atravesando por la reforma agraria, Decreto Ley 900; del año 1950, en dónde se otorgó tierra a campesinos, acción que fue suspendido con el derrocamiento del Expresidente Arbenz, llegando a los años sesenta donde se formaron las Empresas Asociativas Campesinas, quienes distribuyeron entre lugareños las fincas propiedad de ciudadanos Alemanes por motivo del conflicto de la segunda guerra mundial, y luego ya en la década de los setenta y ochenta con el desarrolló del proceso de colonización del Norte en dónde grupos de campesinos fueron beneficiados con propiedades que eran del Estado ya sea a través de cooperativas o individualmente, se puede observar, como el Estado ha intentado cumplir con las exigencias de una población urgida de una vivienda y tierra para cosechar el sustento familiar. De acuerdo con datos del INTA, durante el período de 1954 al 1985 se repartieron entre 107,728 campesinos y sus familias un total de 792,540 hectáreas, esto sin incluir a los beneficiarios de El Petén. Estos breves datos son para poner en contexto al lector de lo que trata esta columna y no para ahondar en la historia territorial de nuestro país.
A pesar de que el Estado ha otorgado una cantidad de tierra enorme, la necesidad de un pedazo de dominio propio sigue en aumento, la población guatemalteca crece a un ritmo vertiginoso y las propiedades Estatales se ven disminuidas como para tratar de hacer una nueva distribución, actualmente se escucha en todos lados, de las invasiones en fincas o en propiedad privada, las cuales, se dan de manera constante y se observa un incremento alarmante de este fenómeno, algunos medios llaman a esto un “fenómeno económico-social” tratando de minimizar el impacto de este acción, pero en realidad tiene otros nombres dentro del código penal, entre ellos: robo, hurto o delito por mencionar algunos; los países en desarrollo como Guatemala, están pasando por problemas que los países más prósperos salvaron años atrás, ¿por qué no aprender de ellos? Ya lo decía el premio nobel de economía, M Friedman; los países pobres deben copiar lo que hicieron los países más prósperos cuando estaban desarrollándose… y justamente la defensa FÉRREA de la propiedad privada es lo que permitió que esos países se desarrollaran mejor y más rápidamente.
Desde la conformación de la Constitución Política de la República de 1985; se puede observar la indiferencia de las autoridades que han dirigido el país para defender férreamente la propiedad privada, esto sencillamente porque no han tenido el valor de agarrar ese toro por los cuernos como se dice vulgarmente, el Estado ha permitido que uno de los derechos constitucionales más importantes para el desarrollo, la inversión y el crecimiento de cualquier país sea irrespetado, los discursos de atraer inversión extranjera o la producción de miles de empleos, suenan cada vez más a fantasía que realidad.
Es difícil de entender por qué los Jefes de Estado o líderes nacionales no reconocen que la única forma de mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos, es fortaleciendo el Estado de Derecho, pregunto yo, ¿qué haría usted, si le robaran su carro, moto, cuenta bancaria, mobiliario, etc.? Estoy seguro que lo denunciaría ante las autoridades y lucharía porque el autor sea sentenciado y condenado legalmente, entonces, por qué minimizar la usurpación de una propiedad privada y llamarle fenómeno social, victimizando a veces al invasor o invasores, utilizando narrativas de derechos ancestrales, humanos o similares, si por el contrario, se debería de perseguir y accionar de inmediato en defensa de los perpetradores que como mencioné anteriormente están cometiendo un delito flagrante.
El gobierno tiene toda la obligación de proteger la propiedad privada, el no cumplir con esto, fomenta la impunidad, la violencia y el irrespeto del Estado mismo, todos estamos obligados a cumplir con la Ley y a condenar a cualquiera que infrinja estas normas, como se ha repetido hasta el hartazgo, si no se está de acuerdo, hay que buscar las formas legales de cambiar o reformar la Ley, pero por ninguna razón, se debe apañar, defender o minimizar un acto ilegal, el fenómeno de las invasiones de propiedad privada ha cambiado por esto mismo, no me cabe duda que años atrás, las demandas de los pobladores pudieron haber sido legítimas, sin embargo, los gobiernos al hacerse de la vista gorda y no actuar de forma pronta y cumplida contra este hecho delictivo, abrieron las puertas para que grupos delincuenciales pertenecientes al narcotráfico, al trasiego de personas o similares, hayan visto un negocio próspero en la invasión de propiedades, no es de extrañar que ahora estas organizaciones sean quienes promuevan las invasiones y lo que es peor, estafan a campesinos quienes entregan anticipos por tierras que ya tienen propietario. Si seguimos permitiendo que este fenómeno siga aumentando, dentro de unos pocos años, será un conflicto de dimensiones abrumadoras que será imposible de contener, no se tiene que ser sabio o adivino para aseverar lo anterior, es tan sencillo como leer un poco de historia mundial y se encontrará que los conflictos bélicos más grandes y sangrientos de la historia de cada país, han sido por la posesión de la tierra. (Continuará…)
Un gran negocio detrás de esta práctica delictiva
Guatemala es un país que durante muchos años vivió una serie de acontecimientos históricos que condujeron la política interna y externa de la nación, dentro de estos elementos políticos se encontraba, “el acceso a la tierra”. Desde la conquista por parte de la Corona Española, en la que el Estado se apropiara de los territorios indígenas maya-quiché, pasando por la constitución de la Capitanía General de Guatemala, donde se tomaban las decisiones sobre la repartición de la tierra, atravesando por la reforma agraria, Decreto Ley 900; del año 1950, en dónde se otorgó tierra a campesinos, acción que fue suspendido con el derrocamiento del Expresidente Arbenz, llegando a los años sesenta donde se formaron las Empresas Asociativas Campesinas, quienes distribuyeron entre lugareños las fincas propiedad de ciudadanos Alemanes por motivo del conflicto de la segunda guerra mundial, y luego ya en la década de los setenta y ochenta con el desarrolló del proceso de colonización del Norte en dónde grupos de campesinos fueron beneficiados con propiedades que eran del Estado ya sea a través de cooperativas o individualmente, se puede observar, como el Estado ha intentado cumplir con las exigencias de una población urgida de una vivienda y tierra para cosechar el sustento familiar. De acuerdo con datos del INTA, durante el período de 1954 al 1985 se repartieron entre 107,728 campesinos y sus familias un total de 792,540 hectáreas, esto sin incluir a los beneficiarios de El Petén. Estos breves datos son para poner en contexto al lector de lo que trata esta columna y no para ahondar en la historia territorial de nuestro país.
A pesar de que el Estado ha otorgado una cantidad de tierra enorme, la necesidad de un pedazo de dominio propio sigue en aumento, la población guatemalteca crece a un ritmo vertiginoso y las propiedades Estatales se ven disminuidas como para tratar de hacer una nueva distribución, actualmente se escucha en todos lados, de las invasiones en fincas o en propiedad privada, las cuales, se dan de manera constante y se observa un incremento alarmante de este fenómeno, algunos medios llaman a esto un “fenómeno económico-social” tratando de minimizar el impacto de este acción, pero en realidad tiene otros nombres dentro del código penal, entre ellos: robo, hurto o delito por mencionar algunos; los países en desarrollo como Guatemala, están pasando por problemas que los países más prósperos salvaron años atrás, ¿por qué no aprender de ellos? Ya lo decía el premio nobel de economía, M Friedman; los países pobres deben copiar lo que hicieron los países más prósperos cuando estaban desarrollándose… y justamente la defensa FÉRREA de la propiedad privada es lo que permitió que esos países se desarrollaran mejor y más rápidamente.
Desde la conformación de la Constitución Política de la República de 1985; se puede observar la indiferencia de las autoridades que han dirigido el país para defender férreamente la propiedad privada, esto sencillamente porque no han tenido el valor de agarrar ese toro por los cuernos como se dice vulgarmente, el Estado ha permitido que uno de los derechos constitucionales más importantes para el desarrollo, la inversión y el crecimiento de cualquier país sea irrespetado, los discursos de atraer inversión extranjera o la producción de miles de empleos, suenan cada vez más a fantasía que realidad.
Es difícil de entender por qué los Jefes de Estado o líderes nacionales no reconocen que la única forma de mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos, es fortaleciendo el Estado de Derecho, pregunto yo, ¿qué haría usted, si le robaran su carro, moto, cuenta bancaria, mobiliario, etc.? Estoy seguro que lo denunciaría ante las autoridades y lucharía porque el autor sea sentenciado y condenado legalmente, entonces, por qué minimizar la usurpación de una propiedad privada y llamarle fenómeno social, victimizando a veces al invasor o invasores, utilizando narrativas de derechos ancestrales, humanos o similares, si por el contrario, se debería de perseguir y accionar de inmediato en defensa de los perpetradores que como mencioné anteriormente están cometiendo un delito flagrante.
El gobierno tiene toda la obligación de proteger la propiedad privada, el no cumplir con esto, fomenta la impunidad, la violencia y el irrespeto del Estado mismo, todos estamos obligados a cumplir con la Ley y a condenar a cualquiera que infrinja estas normas, como se ha repetido hasta el hartazgo, si no se está de acuerdo, hay que buscar las formas legales de cambiar o reformar la Ley, pero por ninguna razón, se debe apañar, defender o minimizar un acto ilegal, el fenómeno de las invasiones de propiedad privada ha cambiado por esto mismo, no me cabe duda que años atrás, las demandas de los pobladores pudieron haber sido legítimas, sin embargo, los gobiernos al hacerse de la vista gorda y no actuar de forma pronta y cumplida contra este hecho delictivo, abrieron las puertas para que grupos delincuenciales pertenecientes al narcotráfico, al trasiego de personas o similares, hayan visto un negocio próspero en la invasión de propiedades, no es de extrañar que ahora estas organizaciones sean quienes promuevan las invasiones y lo que es peor, estafan a campesinos quienes entregan anticipos por tierras que ya tienen propietario. Si seguimos permitiendo que este fenómeno siga aumentando, dentro de unos pocos años, será un conflicto de dimensiones abrumadoras que será imposible de contener, no se tiene que ser sabio o adivino para aseverar lo anterior, es tan sencillo como leer un poco de historia mundial y se encontrará que los conflictos bélicos más grandes y sangrientos de la historia de cada país, han sido por la posesión de la tierra. (Continuará…)