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No hay rompimiento constitucional: controversia CICIG + Guatemala

Claudia Jo Ríos
11 de septiembre, 2018

La decisión del presidente Jimmy Morales respecto a la CICIG enraizó controversia por diversos factores inesperados.

Fue el viernes 31 de agosto cuando estalló la bomba: el presidente Morales anunció la no renovación del mandato de la CICIG.

La misma mañana, vehículos de la PNC donados por el Gobierno de Estados Unidos circularon por las calles de la zona 14, pas(e)ando frente a la CICIG.

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Desde entonces el tema ha sido trending topic en buscadores y redes sociales.

Congresistas, diplomáticos, periodistas, tuiteros (y otros no tanto), opinionistas, manifestantes, líderes campesinos, sociedad civil… todos atentos a la trama que  ha hecho a Guatemala circular por titulares de los periódicos más importantes del mundo.

New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, el País, El Mundo, Telesur, son algunos que no hicieron esperar a sus lectores para comunicarles tanto una noticia, como una postura.

De todo, un poco

Líderes de opinión de todas las esferas, círculos de interés, tendencia política y posición geográfica han reaccionado a la contienda que involucra a la máxima entidad de carácter internacional y nuestro gobierno.

Algunos opinan que las últimas decisiones del ejecutivo atentan contra el sistema republicano de gobierno. Otros, argumentan que hay acciones de organismos del Estado y actores clave en la controversia que ya han transgredido la República.

Y no es para menos cuando en su más reciente discurso el presidente se refiere a la ONU de “pasiva ante las preocupaciones planteadas hace un año” respecto a los casos presentados ante Guterres.

La posición del gobierno de Guatemala ha sido firme en declaraciones como la de la canciller Sandra Jovel “CICIG ha atentado contra la presunción de inocencia, la prisión preventiva, el debido proceso”… agregando preocupación por “la mediatización de los casos, mediatización de la presunción de inocencia y el tema de injerencia” en las cortes judiciales.

La pregunta que muchos se hacen es si el actuar del presidente está dentro los parámetros legales, o si su decisión rompe un orden constitucional.

El presidente afirmó que CICIG ha aplicado “una justicia selectiva que ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía” detonante para un sinfín de opiniones. 

Por su parte la misma tarde del viernes el Secretario Pompeo publicó un tuit que fue interpretado por muchos como un apoyo al Presidente Morales “Nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala en contra del narcotráfico y seguridad”.

 

El lunes 3, el portavoz oficial de CICIG, Matías Ponce, informó que el comisionado salió del país a las 7 AM rumbo a la ciudad de Washington D.C., debido a su agenda de trabajo prevista días antes.

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad Nacional recomienda al Presidente de la República, Jimmy Morales impedir el ingreso de Iván Velásquez a Guatemala. A esta recomendación el Presidente informa a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sobre la decisión de no permitir el ingreso al comisionado. De la misma forma se le solicita que designe a un comisionado sustituto.

Al recibir dicha orden, el Instituto Guatemalteco de Migración (MIGRACIÓN) emitió una prohibición de ingreso al país a Iván Velásquez Gómez, por orden del presidente Jimmy Morales

La razón que dio Presidencia

Orden y seguridad pública fue el argumento del señor Presidente “el señor Iván Velásquez es una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz de Guatemala”.

Un mar de opiniones

Diversos líderes locales cuestionaron la legalidad de la decisión del presidente elevando la conversación a un posible atentado al orden constitucional, un “Moralazo” se leía en tuiter, conectado al hecho que La Corte de Constitucionalidad mantiene en firme un amparo del Procurador de Derechos Humanos que evitó el año pasado, la expulsión del comisionado Iván Velásquez, cuando se le nombró persona non grata.

Al consultar con expertos del derecho, hay quienes explican que este amparo no tiene lugar puesto que el tema de hace un año, se trata de una cuestión distinta al tema de hoy.

Otro tema que viene a la mente es la jerarquía del convenio firmado por el Gobierno de Guatemala y la ONU.

Hay juristas que opinan, tiene un rango mayor a las leyes internas del país, por ser en “materia de derechos humanos” sin embargo, expertos constitucionalistas argumentan la Supremacía Constitucional bien descrita en el artículo 204 de la constitución de Guatemala “los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán el principio que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado” es decir que es la máxima autoridad en ley.

La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado y solicita informes que el presidente Jimmy Morales, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, el director de Migración y la coordinadora de migración de la misma entidad deberían presentar en un plazo de 48 horas, el cual venció el Viernes pasado.

Estos debieran responder a la CC el por qué la prohibición de entrar al país y no renovar el mandato de la CICIG, sobre la temática de orden público y seguridad nacional.

Mientras tanto el secretario general de la ONU pidió a Iván Velásquez que se mantenga en su cargo de comisionado al frente de CICIG. 

Posterior a las declaraciones de Guterres, el Presidente reiteró sus decisiones tomadas: “La constitución es la máxima ley nacional (…) es una decisión apegada a derecho y por ningún motivo se está violentando el orden constitucional (…) muchas acciones (de Iván Velásquez) ponen en riesgo el orden, la paz social y la gobernabilidad del país (…) Una obstrucción a la justicia queda totalmente descartada.

Ese mismo Jueves, el Secretario de Estado de Estados Unidos sostuvo una llamada con Jimmy Morales y expresó su apoyo para reformar la CICIG.

Y expresa más allá, que respeta la soberanía de Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad informa a la prensa que está a la espera del informe que deben presentar el Presidente y sus ministros para determinar si la decisión atenta contra el orden constitucional o no.

Hoy la corte ha resuelto que Ivan Velásquez puede ingresar al país, resolución que ha causado mucha confusión, tal como lo expresó el constitucionalista Stuardo Ralón. 

Al momento, la Corte de Constitucionalidad no ha dicho que existe un rompimiento del orden constitucional, según expertos.

Mario Fuentes Destarac, presidente de la cámara de periodistas de Guatemala, agrega que el Presidente está facultado para tomar esta decisión, según el artículo 183 literal b, de la Constitución de la República, que indica que debe “proveer a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público”. 

Puntualiza que son los magistrados de la CC quienes decidirán. Sin embargo afirma que hay una crisis jurídico-política debido a las resoluciones que la Corte ha tomado en múltiples ocasiones, y habla específicamente del caso de Minera San Rafael. 

El constitucionalista no negó que pueda existir un conflicto de intereses en la decisión del Presidente.

Respecto al tema de desacato constitucional, el abogado expresó que la ley de desacato ya no existe, y que en todo caso es la Corte de Constitucionalidad quien debe  determinar si hay desobediencia.

El Constitucionalista Stuardo Ralón opinó que se ha politizado el tema alrededor de la Comisión y desde el punto de vista constitucional es una decisión dentro del marco del convenio, que no violenta la ley o una resolución de la CC. Sin embargo es una decisión que polariza más.

En paralelo a esta trama de pesos y contrapesos, el Congreso de la República mantiene una agenda importante con las reformas a la ley de antejuicio, en la mira de la opinión pública, con manifestaciones afuera del edificio legislativo.

Un momento crucial para el país, en el que las leyes juegan papel fundamental, habrá que mantenerse de lado del derecho sin lugar a dudas. La prudencia en la opinión pública y la estrategia para comunicar los eventos, son clave en estos momentos.

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