El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, dejó de ser presidente del Gobierno de España tras una moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez.
Sánchez contó con el apoyo de la izquierda radical de Podemos (que apoya regímenes como los de Cuba y Venezuela).
Además con respaldo de diversos partidos independentistas catalanes y vascos, incluyendo a Euskal Herria Bildu, que actuó durante años como brazo político de la banda terrorista ETA, en España.
La moción de censura contra Rajoy se fundamentó en una sentencia de la Audiencia Nacional sobre el llamado “Caso Gurtel”, que dejó al descubierto la financiación irregular del Partido Popular.
Los jueces argumentaron que el PP creó «un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».
También dejaron negro sobre blanco que Mariano Rajoy no había sido “veraz” en su testimonio en el juicio.
Aunque Rajoy, personalmente no fue condenado, la izquierda apeló a la responsabilidad política para sacarlo del poder y formar un nuevo gobierno al que muchos apellidaron “Frankenstein”.
Fue llamado así por el controversial apoyo de diferentes grupos políticos cuyos fundamentos democráticos son de dudosa credibilidad.
Algunos de ellos incluso abanderan el objetivo de la ruptura de la unidad de España.
Triunfó entonces el argumento de la responsabilidad política derivada de sentencias judiciales con el aplauso de gran parte de la prensa española y el interés de la comunidad internacional.
El caso ERE, PSOE y corrupción en España
El martes 19 de noviembre, apenas año y medio después de la muerte política de Mariano Rajoy, se conoció una nueva sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra varios líderes del PSOE, entre ellos dos expresidentes de Andalucía, por el llamado “Caso ERE”.
Según la sentencia, los responsables socialistas idearon y desarrollaron en Andalucía un sistema ilegal para disponer y otorgar a discreción 679 de millones de euros, saltándose todos los controles y todas las normas establecidas.
Fueron condenados 19 altos cargos a penas de cárcel e inhabilitación, incluida una exministra de Rodríguez Zapatero.
A todos ellos, los jueces les acusan de tener conocimiento de que se estaba utilizando el dinero público de manera irregular.
Era de esperar que después de conocer la sentencia, en el panorama político español se produjera un terremoto similar al que 18 meses antes le había costado el gobierno al partido conservador.
Pero en este caso, la narrativa de la izquierda política y mediática iba a provocar una pirueta argumental que eximiera al actual líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones dice toda responsabilidad.
«No es un caso del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía».
Así de fácil fue esquivar la responsabilidad para el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Lo que era válido para pedir la cabeza de Rajoy en “Gurtel” en 2018, no debía aplicarse a Pedro Sánchez en 2019.
El cambio de narrativa contó con apoyo inmediato de periodistas afines a la izquierda como por ejemplo Esther Palomera, subdirectora de el diario.es.
Antes de valorar la decisión de los jueces, descalificaba cualquier comparación que pudieran hacer sus compañeros de otros medios entre los casos de corrupción que afectan a PSOE y PP:
“Primera premisa, antes de que entre la caballería. El caso ERE fue una “golfada” de proporciones colosales sostenida en el tiempo, pero en ningún caso es comparable a la Gürtel”.
Otro periodista y tertuliano habitual, cercano al PSOE, empujaba en Twitter la tesis esgrimida por la izquierda política y mediática española.
“Rechazo y condena sin paliativos a quienes gestionaron sin el debido rigor el dinero público y cometieron malversación. Pero el reproche moral que merecen no puede compararse con el destinado a los chorizos que se enriquecieron personalmente y financiaron ilegalmente sus partidos”.
De nada han servido los señalamientos de la oposición del Partido Popular, VOX y Ciudadanos, pidiendo la misma vara de medir para izquierda y derecha.
El líder del PP, Pablo Casado, pidió el martes al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, que fuera “coherente” y asumiera “responsabilidades”. Ello luego de la condena a cargos socialistas porque, según recordó, llegó al poder “censurando injustamente a un gobierno honesto” que presidía Mariano Rajoy.
Al mismo tiempo, desde Podemos e Izquierda Unida, socios del futuro de gobierno de Sánchez, apoyaron al presidente asegurando que hay que “pasar página” de la corrupción en Andalucía.
En definitiva, la actitud de la izquierda española ante la sentencia del “Caso ERE”, demuestra una vez más la facilidad de esgrimir un argumento y el contrario en cuestión de meses o incluso días para no asumir responsabilidades.
La falta de firmeza a la hora de actuar contra la corrupción de sus correligionarios aumenta el temor al gobierno de izquierdas que se está larvando en España con la participación de comunistas y distintos nombres de la extrema izquierda.
Entre ellos, Pablo Iglesias y Alberto Garzón que en los últimos días han dado su apoyo a Evo Morales, denunciando un supuesto golpe de estado en Bolivia.
Una vez más, la izquierda arrogándose la superioridad moral y jugando con los conceptos básicos de la democracia en beneficio propio.
El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, dejó de ser presidente del Gobierno de España tras una moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez.
Sánchez contó con el apoyo de la izquierda radical de Podemos (que apoya regímenes como los de Cuba y Venezuela).
Además con respaldo de diversos partidos independentistas catalanes y vascos, incluyendo a Euskal Herria Bildu, que actuó durante años como brazo político de la banda terrorista ETA, en España.
La moción de censura contra Rajoy se fundamentó en una sentencia de la Audiencia Nacional sobre el llamado “Caso Gurtel”, que dejó al descubierto la financiación irregular del Partido Popular.
Los jueces argumentaron que el PP creó «un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».
También dejaron negro sobre blanco que Mariano Rajoy no había sido “veraz” en su testimonio en el juicio.
Aunque Rajoy, personalmente no fue condenado, la izquierda apeló a la responsabilidad política para sacarlo del poder y formar un nuevo gobierno al que muchos apellidaron “Frankenstein”.
Fue llamado así por el controversial apoyo de diferentes grupos políticos cuyos fundamentos democráticos son de dudosa credibilidad.
Algunos de ellos incluso abanderan el objetivo de la ruptura de la unidad de España.
Triunfó entonces el argumento de la responsabilidad política derivada de sentencias judiciales con el aplauso de gran parte de la prensa española y el interés de la comunidad internacional.
El caso ERE, PSOE y corrupción en España
El martes 19 de noviembre, apenas año y medio después de la muerte política de Mariano Rajoy, se conoció una nueva sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra varios líderes del PSOE, entre ellos dos expresidentes de Andalucía, por el llamado “Caso ERE”.
Según la sentencia, los responsables socialistas idearon y desarrollaron en Andalucía un sistema ilegal para disponer y otorgar a discreción 679 de millones de euros, saltándose todos los controles y todas las normas establecidas.
Fueron condenados 19 altos cargos a penas de cárcel e inhabilitación, incluida una exministra de Rodríguez Zapatero.
A todos ellos, los jueces les acusan de tener conocimiento de que se estaba utilizando el dinero público de manera irregular.
Era de esperar que después de conocer la sentencia, en el panorama político español se produjera un terremoto similar al que 18 meses antes le había costado el gobierno al partido conservador.
Pero en este caso, la narrativa de la izquierda política y mediática iba a provocar una pirueta argumental que eximiera al actual líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones dice toda responsabilidad.
«No es un caso del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía».
Así de fácil fue esquivar la responsabilidad para el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Lo que era válido para pedir la cabeza de Rajoy en “Gurtel” en 2018, no debía aplicarse a Pedro Sánchez en 2019.
El cambio de narrativa contó con apoyo inmediato de periodistas afines a la izquierda como por ejemplo Esther Palomera, subdirectora de el diario.es.
Antes de valorar la decisión de los jueces, descalificaba cualquier comparación que pudieran hacer sus compañeros de otros medios entre los casos de corrupción que afectan a PSOE y PP:
“Primera premisa, antes de que entre la caballería. El caso ERE fue una “golfada” de proporciones colosales sostenida en el tiempo, pero en ningún caso es comparable a la Gürtel”.
Otro periodista y tertuliano habitual, cercano al PSOE, empujaba en Twitter la tesis esgrimida por la izquierda política y mediática española.
“Rechazo y condena sin paliativos a quienes gestionaron sin el debido rigor el dinero público y cometieron malversación. Pero el reproche moral que merecen no puede compararse con el destinado a los chorizos que se enriquecieron personalmente y financiaron ilegalmente sus partidos”.
De nada han servido los señalamientos de la oposición del Partido Popular, VOX y Ciudadanos, pidiendo la misma vara de medir para izquierda y derecha.
El líder del PP, Pablo Casado, pidió el martes al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, que fuera “coherente” y asumiera “responsabilidades”. Ello luego de la condena a cargos socialistas porque, según recordó, llegó al poder “censurando injustamente a un gobierno honesto” que presidía Mariano Rajoy.
Al mismo tiempo, desde Podemos e Izquierda Unida, socios del futuro de gobierno de Sánchez, apoyaron al presidente asegurando que hay que “pasar página” de la corrupción en Andalucía.
En definitiva, la actitud de la izquierda española ante la sentencia del “Caso ERE”, demuestra una vez más la facilidad de esgrimir un argumento y el contrario en cuestión de meses o incluso días para no asumir responsabilidades.
La falta de firmeza a la hora de actuar contra la corrupción de sus correligionarios aumenta el temor al gobierno de izquierdas que se está larvando en España con la participación de comunistas y distintos nombres de la extrema izquierda.
Entre ellos, Pablo Iglesias y Alberto Garzón que en los últimos días han dado su apoyo a Evo Morales, denunciando un supuesto golpe de estado en Bolivia.
Una vez más, la izquierda arrogándose la superioridad moral y jugando con los conceptos básicos de la democracia en beneficio propio.