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Mecanismos de desestabilización en elección de Magistrados

Claudia Jo Ríos
15 de septiembre, 2019

Los mecanismos de desestabilización han sido utilizados históricamente para la consolidación de proyectos insurgentes, como bien describe el informe de biblioteca CLACSO Análisis político No.12, Colombia1991.

Al hablar de mecanismos de desestabilización, nos referimos a un tipo de violencia política en la que el apoyo popular resulta clave para su estrategia: la aceptación por parte de la población determinará en gran medida su éxito o fracaso.

Y así, como parte de la estrategia les resulta necesario debilitar estructuras de gobierno y lograr la percepción de un estado convulso, fragmentado. 

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Los mecanismos de desestabilización de las instituciones son planificados, con una finalidad concreta aprovechándose de una serie de situaciones caóticas en el País que operan.

Todo para posicionar objetivos que generen el apoyo social necesario, y lograr un fin que usualmente se enlaza a tomar el poder político de un País, según el documento Nuevas Guerras y la Polemología, CESEDEN, España 2009.

Tachas a la justicia

El sistema de justicia resulta clave para las fuerzas políticas que operan en un país como Guatemala, donde la firma de la paz y la era post conflicto armado interno, generó disyuntivas sociales que se evidencian en la coyuntura nacional.

Basta con ver los titulares de los diarios de mayor circulación del país, para darnos una idea de los actores interesados en la próxima elección de Magistrados que tendrá lugar el 13 de Octubre en el Congreso.

Grupos representantes de la sociedad civil, algunos identificados en el espectro ideológico de izquierdas están presentado sus tachas y ejercerán fuerza cuando la Comisión las evalúe.

Los señalamientos presentados en contra de un candidato que participe dentro del proceso tendrá incidencia en su inclusión o exclusión de la nómina que se envíe al congreso.

Mecanismos ¿de información o desestabilización?

A principios del mes de agosto la Fundación Myrna Mack (miembro de Pro Justicia) presentó con apoyo de CICIG y la fundación política del partido verde de Alemania Heinrich Bolt Stiftung, con base en El Salvador, el informe “Impunidad y Redes Ilícitas”.

El documento expone ejemplos de casos que, según el mismo, han quedado en la impunidad (antropóloga Myrna Mack y Monseñor Gerardi).

El documento se sustenta en los informes de CICIG, con apoyo en reportajes de sitios web afines a dicha comisión, dada su participación abierta en eventos y foros que la misma convocó durante presencia en el país.

Con un recorrido en momentos clave en la historia de la justicia del país el informe aterriza en un listado de profesionales del derecho a los cuales llama “red” de abogados “al servicio de la impunidad”, enlazando personajes y casos de forma sistémica y arbitraria, sin pruebas.

La tesis del informe, es la existencia de un “pacto” de abogados que al conformar la Comisión de Postulación influirá en la nómina que integrará a los candidatos que el congreso elegirá en Octubre.

La ley de comisiones de postulación merece una revisión y modificación, como lo han explicado profesionales del Derecho (Mario Fuentes Destarac quien ha integrado ya 6 comisiones).

Pero un informe mediático de esta naturaleza pareciera ejemplificar una estrategia insurgente como las descritas en los documentos arriba citados, del Ministerio de Defensa de España y CLACSO en Colombia.

Categorizar a abogados profesionales aseverando que forman parte de una red ilícita y pro impunidad pudiera parecer difamación como explica Stuardo Ralón.

El señalamiento a profesionales con aseveraciones de culpabilidad de hechos sin presentar las denuncias correspondientes, generó reacciones en el gremio de abogados.

“Cualquier informe sin prueba fundada de que alguien ha realizado actos criminales, no puede servir para culpar a una persona. Debiera ser un informe lo suficientemente sólido para ser acompañado de una denuncia de carácter penal, y no incurrir en omisión de denuncia”

Stuardo Ralón Comisionado CIDH y presidente CEDECON.

Reputación dañada ¿Justicia ganada?

Siguiendo la línea de condena mediática que caracterizó a CICIG en diversas ocasiones, violando la presunción de inocencia, el informe que presentó la Fundación Myrna Mack incurre en un daño al prestigio profesional de los abogados señalados.

Al final del informe, se lee una lista de personas con señalamientos serios con nombres y apellidos.

Esto atenta contra la carrera profesional del derecho la cual se basa mucho en reputación.

Si bien un informe de ésta naturaleza no debiera constituir un aliciente para incidir en la elección de Magistrados a las altas cortes de Justicia del país, será la Comisión quien decidirá ceder o no ante las presiones de dichos grupos y organizaciones.

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