El próximo 13 de Octubre existe el peligro de una República sin Jueces y Magistrados.
En un sistema de gobierno republicano donde todos somos iguales ante la ley, son los jueces los guardianes del cumplimiento de esa ley.
El rompecabezas de la coyuntura cuenta con piezas clave cuyos intereses en van más allá de la naturaleza noble de impartir justicia.
Pero según expertos constitucionalistas los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad han olvidado un principio fundamental en derecho: la ley no es retroactiva.
Veamos por qué.
Actores y Factores
Primero la comisión de postulación que debía elegir la nómina que integra los candidatos a magistrados fue detenida a petición de la CC en un amparo que otorgó a favor de la Fundación Mack y al magistrado Noé Ventura.
Estos factores retrasaron la elección solicitando que se haga una nueva evaluación del desempeño de los participantes.
Sin embargo otros actores como la Cámara Guatemalteca de Periodismo y CEDECÓN presidido por el experto constitucionalista Stuardo Ralón, han expresado el peligro de violación constitucional a la que nos enfrentamos, argumentando que la resolución de la corte “no tiene sustento”.
“Lo que hicieron los magistrados roza lo absurdo, estamos ante un efecto dominó de irregularidades: primero las cortes prolongan su tiempo violando la constitución, segundo, qué pasaría si los magistrados deciden poner a disposición su cargo en el congreso ¿nos quedamos sin jueces?”
Stuardo Ralón
Intereses
Por otra parte resulta curioso ver los intereses alineados entre la Fundación Mack y el exmagistrado Ventura.
Recordemos que Hellen Mack fue comisionada de la reforma policial en el gobierno de la UNE y Ventura ha sido vinculado a Gustavo Alejos ex secretario de la UNE, por estar involucrado en una acusación contra el exmagistrado Edgar Reyes por la alteración de documentos.
Esto es relevante porque es la UNE quien contará con la mayoría de diputados en el congreso, y hay que tener en mente que la elección de los nuevos magistrados estará probablemente en manos del nuevo congreso.
El peligro radica en que si los nuevos magistrados son elegidos por la nueva legislatura, estarían en función durante el mismo período que los diputados que los eligieron.
Las probabilidades de que prospere cualquier solicitud de antejuicio hacia los diputados, se vuelve nula sin pesos y contrapesos.
Tendríamos así, a un mismo congreso eligiendo jueces dos veces consecutivas y más peligroso aún: el balance de poderes que debe existir en una República se tambalea pues la independencia Judicial, es claramente puesta en jaque.
Tal como lo ha expresado Jose Echeverría de MCN, el plazo constitucional existe para resguardar el balance de poderes entre el Legislativo y el Judicial.
Al no cumplirse las fechas, se pierden los pesos y contrapesos que limitan el poder a los funcionarios de estos dos poderes del Estado.
Algunos responsabilizan a la CSJ
Por su parte, el constitucionalista Alejandro Balsells opina que estamos ante una “omisión de las responsabilidades legales de la CSJ quien debió emitir la reglamentación y hacer lo posible con el Consejo de la Carrera Judicial para echarla a andar”.
Si bien la Corte Suprema de Justicia no actuó en el momento indicado, la Corte de Constitucionalidad tampoco lo hizo: esperó casi dos meses para dar lugar a los amparos que hoy retrasan la elección de Jueces.
Recordemos que los amparos presentados por Ventura Loyo y Fundación Mack tienen fechas respectivas del 27 de junio y 28 de Agosto y no fueron resueltos sino hasta el 16 de septiembre.
Balsells opina que si nos encontramos ante una una crisis constitucional pero que “la CC no tenía para dónde”.
“Estamos ante una patología y hay que enmendarla antes de estar procurando el cumplimiento de los mandatos (los plazos constitucionales para la elección de magistrados) hay una responsabilidad de la Corte Suprema de justicia” expresa Balsells.
Y más allá considera intrascendente que sea el nuevo congreso quien elija a los nuevos Jueces, restándole importancia al balance de poderes que es una de las características fundamentales en una República.
El constitucionalista opina que la CC tenía dos alternativas: llegar al cambio de período de jueces sin aplicar la evaluación de la ley de la carrera judicial, o bien ahora que ya esta la ley vigente, exigir que se cumpla.
Pero si analizamos un poco más a fondo la cronología de los hechos, las fechas juegan un papel clave para la aplicación de la ley.
La ley no es Retroactiva
Los magistrados actuales fueron elegidos en Noviembre del 2014 y en esta fecha no existían las reformas a la ley de la carrera judicial que pretenden aplicarse hoy para evaluar a los magistrados.
No fue sino hasta 2016 que entraron en vigencia dichas reformas.
La resolución de la CC exige que se actúe conforme dicha ley, sin embargo el experto constitucionalista Stuardo Ralón, explica que no puede realizarse una evaluación retroactiva de los magistrados
Y más allá, la resolución de la CC también exige que el Consejo de la Carrera Judicial emita un reglamento y evalúe a los magistrados.
Según Ralón, el reglamento tampoco podría aplicarse retroactivamente.
“La Corte de Constitucionalidad no solo está propiciando la ilegal prolongación de funciones de los magistrados, sino está pidiendo que, para que finalice y se elijan nuevos jueces, la ley se tiene que aplicar de forma retroactiva. Esto no tiene sentido”.
Stuardo Ralón
Y más allá, Ralón explica “al crear nuevas reglas, aplicadas de forma retroactiva, se propician malas prácticas en la evaluación del desempeño de los Jueces, hay peligro de crear reglas a la medida que favorezcan a unos y perjudiquen a otros”.
Así, la elección de los jueces se coloca en un plano político, pues el congreso gozaría de una protección más amplia por parte de las cortes.
Lo cierto es que el 13 de Octubre se vence el plazo constitucional para elegir a los Magistrados, y esto nos coloca ante un limbo de incertidumbre jurídica que amenaza a nuestra República.
El próximo 13 de Octubre existe el peligro de una República sin Jueces y Magistrados.
En un sistema de gobierno republicano donde todos somos iguales ante la ley, son los jueces los guardianes del cumplimiento de esa ley.
El rompecabezas de la coyuntura cuenta con piezas clave cuyos intereses en van más allá de la naturaleza noble de impartir justicia.
Pero según expertos constitucionalistas los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad han olvidado un principio fundamental en derecho: la ley no es retroactiva.
Veamos por qué.
Actores y Factores
Primero la comisión de postulación que debía elegir la nómina que integra los candidatos a magistrados fue detenida a petición de la CC en un amparo que otorgó a favor de la Fundación Mack y al magistrado Noé Ventura.
Estos factores retrasaron la elección solicitando que se haga una nueva evaluación del desempeño de los participantes.
Sin embargo otros actores como la Cámara Guatemalteca de Periodismo y CEDECÓN presidido por el experto constitucionalista Stuardo Ralón, han expresado el peligro de violación constitucional a la que nos enfrentamos, argumentando que la resolución de la corte “no tiene sustento”.
“Lo que hicieron los magistrados roza lo absurdo, estamos ante un efecto dominó de irregularidades: primero las cortes prolongan su tiempo violando la constitución, segundo, qué pasaría si los magistrados deciden poner a disposición su cargo en el congreso ¿nos quedamos sin jueces?”
Stuardo Ralón
Intereses
Por otra parte resulta curioso ver los intereses alineados entre la Fundación Mack y el exmagistrado Ventura.
Recordemos que Hellen Mack fue comisionada de la reforma policial en el gobierno de la UNE y Ventura ha sido vinculado a Gustavo Alejos ex secretario de la UNE, por estar involucrado en una acusación contra el exmagistrado Edgar Reyes por la alteración de documentos.
Esto es relevante porque es la UNE quien contará con la mayoría de diputados en el congreso, y hay que tener en mente que la elección de los nuevos magistrados estará probablemente en manos del nuevo congreso.
El peligro radica en que si los nuevos magistrados son elegidos por la nueva legislatura, estarían en función durante el mismo período que los diputados que los eligieron.
Las probabilidades de que prospere cualquier solicitud de antejuicio hacia los diputados, se vuelve nula sin pesos y contrapesos.
Tendríamos así, a un mismo congreso eligiendo jueces dos veces consecutivas y más peligroso aún: el balance de poderes que debe existir en una República se tambalea pues la independencia Judicial, es claramente puesta en jaque.
Tal como lo ha expresado Jose Echeverría de MCN, el plazo constitucional existe para resguardar el balance de poderes entre el Legislativo y el Judicial.
Al no cumplirse las fechas, se pierden los pesos y contrapesos que limitan el poder a los funcionarios de estos dos poderes del Estado.
Algunos responsabilizan a la CSJ
Por su parte, el constitucionalista Alejandro Balsells opina que estamos ante una “omisión de las responsabilidades legales de la CSJ quien debió emitir la reglamentación y hacer lo posible con el Consejo de la Carrera Judicial para echarla a andar”.
Si bien la Corte Suprema de Justicia no actuó en el momento indicado, la Corte de Constitucionalidad tampoco lo hizo: esperó casi dos meses para dar lugar a los amparos que hoy retrasan la elección de Jueces.
Recordemos que los amparos presentados por Ventura Loyo y Fundación Mack tienen fechas respectivas del 27 de junio y 28 de Agosto y no fueron resueltos sino hasta el 16 de septiembre.
Balsells opina que si nos encontramos ante una una crisis constitucional pero que “la CC no tenía para dónde”.
“Estamos ante una patología y hay que enmendarla antes de estar procurando el cumplimiento de los mandatos (los plazos constitucionales para la elección de magistrados) hay una responsabilidad de la Corte Suprema de justicia” expresa Balsells.
Y más allá considera intrascendente que sea el nuevo congreso quien elija a los nuevos Jueces, restándole importancia al balance de poderes que es una de las características fundamentales en una República.
El constitucionalista opina que la CC tenía dos alternativas: llegar al cambio de período de jueces sin aplicar la evaluación de la ley de la carrera judicial, o bien ahora que ya esta la ley vigente, exigir que se cumpla.
Pero si analizamos un poco más a fondo la cronología de los hechos, las fechas juegan un papel clave para la aplicación de la ley.
La ley no es Retroactiva
Los magistrados actuales fueron elegidos en Noviembre del 2014 y en esta fecha no existían las reformas a la ley de la carrera judicial que pretenden aplicarse hoy para evaluar a los magistrados.
No fue sino hasta 2016 que entraron en vigencia dichas reformas.
La resolución de la CC exige que se actúe conforme dicha ley, sin embargo el experto constitucionalista Stuardo Ralón, explica que no puede realizarse una evaluación retroactiva de los magistrados
Y más allá, la resolución de la CC también exige que el Consejo de la Carrera Judicial emita un reglamento y evalúe a los magistrados.
Según Ralón, el reglamento tampoco podría aplicarse retroactivamente.
“La Corte de Constitucionalidad no solo está propiciando la ilegal prolongación de funciones de los magistrados, sino está pidiendo que, para que finalice y se elijan nuevos jueces, la ley se tiene que aplicar de forma retroactiva. Esto no tiene sentido”.
Stuardo Ralón
Y más allá, Ralón explica “al crear nuevas reglas, aplicadas de forma retroactiva, se propician malas prácticas en la evaluación del desempeño de los Jueces, hay peligro de crear reglas a la medida que favorezcan a unos y perjudiquen a otros”.
Así, la elección de los jueces se coloca en un plano político, pues el congreso gozaría de una protección más amplia por parte de las cortes.
Lo cierto es que el 13 de Octubre se vence el plazo constitucional para elegir a los Magistrados, y esto nos coloca ante un limbo de incertidumbre jurídica que amenaza a nuestra República.