Existen aún dudas acerca de la forma en la que se implementará la vacuna. Si estará disponible para que las personas puedan vacunarse de forma voluntaria y privada. Sin embargo, que las personas se vacunen significaría una mejora importante en la calidad de la vida. Se vería reflejado en la economía y en la sociedad. Es importante también que los criterios que se definan para la vacunación sean imparciales.
Independencia personal
Vacunar a la población sería indispensable para que las personas puedan retomar sus actividades diarias, ya sean académicas, profesionales, laborales o sociales. Sin embargo, la posibilidad de que sea obligatorio vacunarse para el covid-19 supondría un peligro a la libertad individual que tienen las personas de elegir si desean vacunarse o no, y más cuando es una vacuna de la cuál no se tiene todavía tanta claridad acerca de los efectos secundarios o repercusiones a largo plazo.
Prosperidad económica
El que las personas estén vacunadas significaría que se podría retomar casi por completo toda la actividad económica que existía, lo que representaría una mejora significativa en la calidad de vida de las personas. La reactivación económica tiene que venir de la mano de una correcta y eficiente distribución de las vacunas que permita al país retomar la economía sin el riesgo hacia la población.
Vida pública
La vida pública ha sido una de las áreas más afectadas producto del covid-19. El que las personas se vacunen permitiría que las personas continúen con algunas de las actividades que se vieron restringidas producto del covid-19 y que implicaron dificultades para realizarse. Retomar la vida pública supondría un mejor ejercicio de la ciudadanía.
Igualdad ante la ley
Este principio se pone en duda al momento en el que las autoridades decidirán quiénes deben obtener la vacuna antes. Esta decisión de las autoridades debe ser tomada con criterios imparciales y objetivos que aseguren una convivencia social justa. De igual forma, el Estado debe velar porque aquellos que desean vacunarse de forma privada puedan hacerlo sin restricciones y sin costos exagerados.
Frenos y contrapesos
La posible decisión de que la vacunación sea obligatoria debe emanar desde el Congreso de la República a través de un decreto y no por medio del ejecutivo. Además, se ha discutido que una medida de este tipo podría ser inconstitucional por lo que dicha decisión deberá someterse al análisis de la Corte de Constitucionalidad para evaluar si cumple con los preceptos constitucionales antes de entrar en vigor.
Propiedad privada
La libertad de disponer sobre la vida y el cuerpo propio es uno de los principios esenciales de una República. Es preocupante que el Estado pueda decidir sobre lo que las personas pueden hacer o no con su propio cuerpo por lo que el gobierno debe pensar de que forma puede proveer a la población la vacuna sin necesariamente hacerlo obligatorio ya que serían las personas las que cargarían con las consecuencias de una vacuna que no es efectiva o que puede desarrollar efectos secundarios a largo plazo.
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Independencia personal
Vacunar a la población sería indispensable para que las personas puedan retomar sus actividades diarias, ya sean académicas, profesionales, laborales o sociales. Sin embargo, la posibilidad de que sea obligatorio vacunarse para el covid-19 supondría un peligro a la libertad individual que tienen las personas de elegir si desean vacunarse o no, y más cuando es una vacuna de la cuál no se tiene todavía tanta claridad acerca de los efectos secundarios o repercusiones a largo plazo.
Prosperidad económica
El que las personas estén vacunadas significaría que se podría retomar casi por completo toda la actividad económica que existía, lo que representaría una mejora significativa en la calidad de vida de las personas. La reactivación económica tiene que venir de la mano de una correcta y eficiente distribución de las vacunas que permita al país retomar la economía sin el riesgo hacia la población.
Vida pública
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Igualdad ante la ley
Este principio se pone en duda al momento en el que las autoridades decidirán quiénes deben obtener la vacuna antes. Esta decisión de las autoridades debe ser tomada con criterios imparciales y objetivos que aseguren una convivencia social justa. De igual forma, el Estado debe velar porque aquellos que desean vacunarse de forma privada puedan hacerlo sin restricciones y sin costos exagerados.
Frenos y contrapesos
La posible decisión de que la vacunación sea obligatoria debe emanar desde el Congreso de la República a través de un decreto y no por medio del ejecutivo. Además, se ha discutido que una medida de este tipo podría ser inconstitucional por lo que dicha decisión deberá someterse al análisis de la Corte de Constitucionalidad para evaluar si cumple con los preceptos constitucionales antes de entrar en vigor.
Propiedad privada
La libertad de disponer sobre la vida y el cuerpo propio es uno de los principios esenciales de una República. Es preocupante que el Estado pueda decidir sobre lo que las personas pueden hacer o no con su propio cuerpo por lo que el gobierno debe pensar de que forma puede proveer a la población la vacuna sin necesariamente hacerlo obligatorio ya que serían las personas las que cargarían con las consecuencias de una vacuna que no es efectiva o que puede desarrollar efectos secundarios a largo plazo.
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