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Elección de Cortes: Jugando política con la justicia en Guatemala

Alejandro Palmieri
12 de octubre, 2021

Hoy a las 11:59 pasado el meridiano vence el segundo año de extensión de funciones de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelación debido a una serie de acciones de la “sociedad civil” y de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que detuvieron inicialmente la convocatoria temprana del Congreso, porque decían que era muy pronto.

Luego, esas y otras organizaciones accionaron para que el Congreso convocara porque se estaba atrasando, decían y la CC de nuevo resolvió de la manera solicitada. Sin embargo, luego de ello hubo otras resoluciones que complicaron el panorama y, sobre todo, hicieron más difícil que el plazo constitucional de los magistrados se cumpliera.

Cuando la FECI da a conocer, semanas después, el caso denominado “Comisiones Paralelas 2020” y que se habían realizado una serie de reuniones de operadores y candidatos con el múltiple procesado Gustavo Alejos, el propio Ministerio Público pide amparo a la CC para que se detenga y anule el proceso de elección de magistrados. Ello debido a lo revelado por la FECI y todas las implicaciones. Es oportuno indicar que la oenegé activista, Acción Ciudadana, presentó un día después un amparo en esa línea.

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Así, las más recientes acciones hasta ese momento, no obstante de las anteriores, pretendían que el proceso se reiniciase de cero. Sin embargo, la CC resolvió algo que no le fue solicitado (proceder usual de aquella magistratura).

Decidió que no se anulase el proceso, sino que se continuase. Eso sí, resolvió que la FECI debía elaborar un listado de los candidatos que estaban bajo investigación. Y que, el Congreso, al votar, debía tomar en cuenta ese listado y (acá el meollo del asunto) que cada diputado (son 160) votase de forma individual y de viva voz. Expresando además si a su criterio, cada candidato (26 para Corte Suprema y 270 para Salas de Apelación), cumplía con los requisitos del artículo 113 constitucional.

Creyeron aquellos magistrados liderados por Gloria Porras, que tal resolución constituiría una camisa de fuerza para que los diputados no pudiesen elegir a candidatos indeseables. No obstante, al analizar tal resolución, el MP y el Congreso piden que se aclare, pues al computar el tiempo que eso tomaría, hacía inviable cumplir el plazo constitucional. A la CC de Porras le importó poco aquello y no aclaró ni amplió su resolución.

Posteriormente, el MP pidió a la CC que anulase aquella sentencia que hacía imposible cumplir el plazo constitucional, pero la CC no dio su brazo a torcer.

Así, ante el inminente fin del plazo constitucional de ejercicio de los magistrados, la CC emite otra de las tristemente célebres resoluciones. Dice que, aunque el plazo (constitucional, insisto) vence y que continuar en el cargo es un hecho que encuadra en el delito de prolongación de funciones, que los magistrados debían continuar en el cargo hasta que el Congreso eligiese a sus reemplazos.

Y así se ha pasado el tiempo (dos años ya) desde que nuevos magistrados debieron haber tomado posesión. Pero no lo han hecho porque las oenegés se emberrincharon porque el Congreso convocó antes que estuviesen preparadas para ejercer la presión. Presión que siempre han ejercido para intimidar a candidatos y comisionados luego que los criterios de selección del Consejo de la Carrera Judicial no eran de su agrado. (por las mismas razones anteriores) De esa cuenta también se trajeron abajo ese proceso.

Cuando finalmente empieza a caminar el proceso, se percatan que se les habían adelantado y “operativizan” a la FECI que desvela oportunamente el caso “Comisiones Paralelas 2020”.

No es que no genere suspicacias o que no haya hago chueco en todo ello, pero ciertamente los tiempos son curiosos. Para todo esto, la CC “amiga”, la CC complaciente a sus intereses, resolvía una y otra vez favorablemente. La CC, dejó de tal manera entrampado, tanto en forma como en fondo, el asunto, que el Congreso no ha podido (pero tampoco ha querido) elegir como corresponde.

Si la CC de Gloria Porras fue el autor intelectual, el Congreso es el autor material de este descalabro en las Cortes. Que más allá de ser vergonzante, pone en riesgo (a la vez) la integración de la comisión de postulación para Fiscal General el próximo año. Pues a la fecha, la CSJ no cuenta con todos los magistrados que corresponde para esta tarea.

Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, sin embargo, a la luz de todas las acciones que se presentaron para atrasar, luego para apresurar y finalmente entrampar la elección de magistrados, la buena intención del proverbio nunca existió, lo que existió y persiste al día de hoy (de ambos lados) es la intención de jugar política con la justicia.

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