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MP debe investigar a diputados Jorge García Silva y Edmundo Lemus por caso de corrupción en el Insivumeh

Alejandro Palmieri
08 de noviembre, 2021

La Fiscalía Contra de la Corrupción del Ministerio Público llevó a cabo una serie de operativos para allanar inmuebles y capturar personas en un caso que han denominado “Clima, Corrupción y Poder”, donde el MP supone que se contrató cerca de Q30 millones de manera anómala en el Insivumeh.

El caso involucra a decenas de personas y entre ellas se menciona la posible participación de dos diputados: Jorge García (supuestamente beneficiario de la contratación) y Edmundo Lemus (exministro de Comunicaciones cuando se dio la contratación).

Se capturó a varias personas, algunos exasesores del diputado García en el Congreso, pero el MP no presentó solicitud de retiro de inmunidad (antejuicio) contra los diputados supuestamente involucrados.

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Resulta difícil creer que un supuesto desfalco de casi Q30 millones pueda haberse dado sin la participación de funcionarios de alto nivel, sino que solo tuviesen participación asesores y empleados menores, como se supondría si el MP no involucra al exministro (hoy diputado) y al diputado García, quien tiene o ha tenido intereses en la entidad beneficiada.

No plantear antejuicios contra los diputados supone, en términos simples, que el MP considera que tiene suficientes elementos para descartar una posible participación de los congresistas. Solicitar el retiro de inmunidad es precisamente para investigar, simplemente.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido así por la constitución y sin importar extracción social o función pública, a toda persona debe respetársele tal calidad, la de inocente, hasta que se compruebe lo contrario.

El asunto es que, para determinar es extremo, el MP debe investigar. En el caso particular, resulta muy difícil creer que un diputado como García, a quien se le ha señalado de tener vínculos con la entidad beneficiada de la contratación anómala, no sea susceptible de sospecha.

Para desechar esa sospecha se le debe investigar. Si no se le investiga (para lo que hay que retirarle el antejuicio) se da por sentado que es ajeno, de entrada, al caso. Si esa es la tesis del MP, pues magnífico, pero como digo, resulta difícil de aceptar.

Este caso empezó a sonar luego de una denuncia que presentó el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, principal figura del partido Prosperidad Ciudadana, que le dio la curul a García. Al parecer hay algunas rencillas entre ellos y si eso motivó la denuncia está por averiguarse, pero si el MP llevó a cabo semejante operativo es porque hay “fuertes indicios” en el tema.

Todo esto se da en el marco de señalamientos de personas y entidades de la sociedad civil contra de la Fiscal General, Consuelo Porras, donde la colocan como aliada del denominado “pacto de corruptos”, una entelequia producto de la imaginación de mentes torvas, pero que ha pegado en el imaginario colectivo chapín.

Si a ello se le agrega que el Departamento de Estado gringo ha señalado a la Fiscal General y a su Secretario General de ser agentes antidemocráticos y afines a la corrupción, los señalamientos pasan a ser muy serios.

La mejor forma de desechar tales sindicaciones es actuar decididamente contra cualquier posible acto reñido con la ley, en particular cuando se trata de posibles actos de corrupción y que involucran a funcionarios y diputados.

No hacerlo solo aviva las sospechas y las acusaciones. ¿Qué le cuesta a la Fiscal General solicitar el retiro de inmunidad a los diputados supuestamente involucrados?

Aunque no crea que tengan algo qué ver o tenga la certeza de que así es, el no hacerlo la coloca por default del lado de la corrupción, lugar del que debe apartarse hasta en apariencia. Siempre podría excusarse de que la Corte Suprema de Justicia no autorizó el retiro de inmunidad de los diputados, pero si ni siquiera presenta la solicitud, la que se ve mal es la funcionaria.

Como he dicho, no se puede afirmar que los diputados García y Lemus tengan algo qué ver con lo que el MP ya ha determinado que es un caso de corrupción, pero para ello, para desechar esa posible participación, debe investigar y no hacerlo es proteger con el manto de la impunidad a posibles corruptos.

Capturar y tener en “prisión provisional” a ciudadanos inocentes -hasta ese momento- es violatorio de los derechos humanos. Siempre me he manifestado que a menos que se trate de crímenes violentos o haya peligrosidad de otra índole, lo que el ente investigador debe hacer es citar a declarar y ligar a proceso, no capturar de entrada y ver qué pasa después.

Sin embargo, si se lanza a hacer tantas capturas es porque considera que concurren los elementos de peligrosidad, peligro de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad. Luego de ello, dejar fuera sin siquiera solicitar antejuicio contra dos diputados es contradictorio.

Siempre viene a la mente la frase de Plutarco -atribuida al mismísimo César- de que “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo”. Cuando, aunque se haga algo bueno, no lo parece; en este caso, parece que la Fiscal General está haciendo algo deshonesto y lo hace -aparentemente- sin necesidad alguna.

Recordando otra famosa frase, esta vez del político mexicano, don Jesús Reyes Heroles “en política, la forma es el fondo”. La Fiscal General debe guardar las formas so pena de que su actividad -o en este caso, su falta de actividad- indique o parezca que protege corruptos.

Se debe investigar la posible participación de García y Lemus para afirmar o descartar culpabilidad y, para ello, es menester que se les retire la inmunidad por virtud de su cargo. No hacerlo, es otorgarles impunidad, más que reconocerles inmunidad.

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