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El Procurador Jordan Rodas no defiende los derechos humanos, defiende lo que le interesa

Alejandro Palmieri
17 de septiembre, 2021

El Procurador de los Derechos Humanos u ombudsman es una figura que ha tomado cada vez más relevancia en distintas partes del mundo. Si bien algunos ubican su origen en la antigua Roma con el tribuno de la plebe y otros en el lejano y antiguo oriente donde también tiene rasgos similares, es en el mundo nórdico donde más cercanamente está su antecedente. El propio vocablo ombudsman es de origen nórdico. En todo caso, el Procurador de los Derechos Humanos debe hacer justamente eso, procurar que se respeten y/o no se vulneren los derechos humanos. Simple.

En Guatemala, a la PDH se le otorgó rango constitucional en 1985. El Procurador es electo de una terna que es votada por el Congreso en pleno. Es electo para un período de cinco años. Sus funciones están definidas por la propia Constitución y en su ley específica. En síntesis su misión es investigar y denunciar, emitir recomendaciones y accionar legalmente contra violaciones a los derechos humanos. Sus recomendaciones no tienen carácter vinculante y se le conoce como magistrado “de conciencia”. Como tal, tiene vedada la participación político partidaria y todo tipo de activismo político.

Por la naturaleza del cargo y porque es su función en gran parte de los casos, se ha interpretado que el PDH -sea quien sea- es alguien de izquierda, aunque el perfil del puesto no lo ponga así. La realidad ha sido que muchos se han comportado en más de una ocasión con esa tendencia. Más allá de que algunos ven cualquier acción de promoción y defensa de los derechos fundamentales como algo “comunista”, lo cierto es que la derecha se ha preocupado poco por la defensa de estos y, como en el ejercicio del poder nunca hay vacíos, la izquierda oenegera ha ido tomando ese, el de los derechos humanos, como tema suyo.

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Todos los PDH han tenido cuestionamientos y señalamientos de favorecer a grupos de izquierda -más allá de darles plazas a activistas en la entidad- y de defender solamente los temas y a las personas que son afines a esa ideología. La verdad de las cosas es que, sin calificar si es bueno o no, así ha sido y eso es algo innegable.

Sin embargo, el actual procurador, Jordán Rodas Andrade, ha sido quien más acusaciones de inmiscuirse en actividades políticas ha tenido. Y con razón. La sociedad en general -y el mundo- ha sufrido una radicalización hacia el extremismo y la PDH no es ajena a ello.

Por posiciones cada vez más extremas, cualquier media tinta es invisibilizada y, para sobresalir y mantenerse vigente, el PDH se ha radicalizado y ha hecho pronunciamientos que en lugar de avenir y alcanzar consensos en la sociedad, la dividen.

¿Quién puede olvidar, por ejemplo, la denotada participación del PHD en una manifestación feminista donde llevaban como estandarte la efigie de la virgen, pero como si fuese una vulva? Ese affaire se conoció como “la poderosa vulva” y como era de esperarse, fue interpretado como una afrenta por los católicos.

Independientemente que siempre habrá revoltosos y revoltosas, la participación de un funcionario como el PDH en una de esas manifestaciones deja clara su preferencia y sus alianzas.

Más recientemente, el PDH Rodas ha tenido enfrentamientos con el presidente Giammattei. En más de una ocasión se han pronunciado con indirectas y algunas veces bien directas, criticándose mutuamente o abiertamente señalándose.

Con el Congreso ha tenido una relación tirante desde la anterior legislatura. Y con la actual, el presupuesto de la entidad ha sido el punto álgido en la relación.

Regresando a su relación con el Organismo Ejecutivo, recientemente y a raíz del segundo rechazo a decretos gubernativos de estado de Calamidad por parte del congreso, el PDH le recomendó públicamente al Presidente renunciar a su cargo en vista de ese, su segundo fracaso consecutivo en el Congreso.

Aunque no era la primera vez que el PDH le decía al presidente Giammattei que renunciara, esta vez Rodas evidenció su animadversión hacia el presidente, y dejó clara su escasa o nula comprensión del sistema republicano de gobierno.

En términos simples -y la mente del PDH- si el Presidente no logró contar con el aval del Congreso a un decreto de restricción de libertades, eso significaba que “ya no controlaba el Organismo Legislativo”. Por consiguiente, no mandaba. Es decir que, según el PDH, el Presidente debía conseguir lo que se propusiera en el Congreso, más cuando ha logrado pasar iniciativas el Ejecutivo sin problemas, se le ha acusado de interferir en el Legislativo o abiertamente de compra de votos.

La incoherencia queda manifiesta. El PDH dejó claro que su intención no era sugerir algo en pos de de los derechos humanos, sino solamente criticar al Presidente.

Y así, se han dado otras ocasiones donde el actual PDH actúa solo cuando sus intereses personales y los de oenegés aliadas están en juego, más que cuando los derechos humanos de los guatemaltecos están genuinamente amenazados.

¿Cómo olvidar, cuando solicitó amparo ante la CC por el solo envío de una carta de la Cancillería al Reino de Suecia solicitando el cambio del embajador? No solo no constituyó un acto de autoridad “impugnable” por la vía del amparo, sino que los derechos de los guatemaltecos en nada se veían violados por tal misiva.

La cercana relación que existía entre ese embajador –Anders Kompass– y la clase oenegera, sí se veía amenazada y por tal razón actuó. La entonces complaciente Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional.

En Guatemala, tristemente, todos los días se violan los derechos humanos de los ciudadanos y en pocas ocasiones el PDH actúa como debe, lo hace solamente cuando afecta a sus cercanos o cuando el caso tiene probabilidades de darle visibilidad a nivel nacional o, mejor aún, a nivel internacional.

Un derecho humano de primera generación como el de libertad de circulación es constantemente violado por manifestantes violentos o por autoridades municipales y otras organizaciones.

Colocan talanqueras y exigen un pago extorsivo para dejar pasar o simplemente no les da la gana que alguien pase. En esos casos jamás se ha visto al PDH actuar con diligencia alguna o siquiera pronunciarse, ya no digamos presentar un amparo, como sí lo hizo por la simple carta de Cancillería. Si ha planteado un recurso, es para garantizar la “manifestación” y “protesta” que en la mayoría de casos son bloqueos.

¿Cuántas veces los derechos humanos de los guatemaltecos se ven afectados por la actividad de sindicatos del Estado que, por virtud de prebendas obtenidas en los pactos colectivos, los servicios públicos -a veces esenciales-, se ven interrumpidos porque hay un asueto sindical? ¿En cuántas ocasiones se registran usurpaciones -invasiones a fincas- donde uno de los derechos más fundamentales como la propiedad, es violentado y el PDH brilla por su ausencia?

Hace poco, un distinguido abogado logró que la CC declarara inconstitucional la prohibición de conmuta de ciertos delitos cuando la pena es menor a cinco años, regla general del derecho penal guatemalteco. Pero como solo se planteó respecto a ciertos delitos contra la administración pública y la administración de justicia, el fallo fue estúpidamente criticado diciendo que “favorece a los corruptos”.

Más allá de ello, la crítica también se dio porque delitos como hurto y robo no son conmutables, según esa misma prohibición. ¿Dónde está el PDH para plantear inconstitucionalidad respecto a la inconmutabilidad de esos delitos percibidos como “que solo afectan a los pobres”? En ese caso que sí tendría un efecto positivo en el respeto de los derechos humanos de miles de guatemaltecos, el PDH no hace nada; no hace nada porque no le interesa, punto.

El más reciente hecho fue un pronunciamiento que hizo la institución a cargo de Rodas donde se suma al eslogan oenegero “nada que celebrar”, en relación al Bicentenario de la Independencia. Más allá de una pose (posturing, en inglés) el pronunciamiento es más de lo mismo, visibilizarse nada más. Nada de sustancia y mucho bla, bla, bla, como se dice coloquialmente.

La institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos es valiosa en un entorno democrático. Sobre todo en estas latitudes tropicales en donde quienes ostentan el poder tienden a abusar de este, pero por la tendenciosa actividad del PDH, cada vez más voces piden que se cierre la institución (no se puede sin reforma constitucional).

Pero sobre todo, piden a sus representantes en el Congreso que cuando toque elegir al próximo Procurador, el cargo recaiga en alguien muy distinto al actual y eso significa que no sea cercano a oenegés vividoras. Claro, eso será criticado fuertemente, pero se deberá a la radicalización del actual PDH. Como dice el refrán: Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. A esas oenegés vividoras les tocará vivir las consecuencias de su tirantez.

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Alejandro Palmieri
17 de septiembre, 2021

El Procurador de los Derechos Humanos u ombudsman es una figura que ha tomado cada vez más relevancia en distintas partes del mundo. Si bien algunos ubican su origen en la antigua Roma con el tribuno de la plebe y otros en el lejano y antiguo oriente donde también tiene rasgos similares, es en el mundo nórdico donde más cercanamente está su antecedente. El propio vocablo ombudsman es de origen nórdico. En todo caso, el Procurador de los Derechos Humanos debe hacer justamente eso, procurar que se respeten y/o no se vulneren los derechos humanos. Simple.

En Guatemala, a la PDH se le otorgó rango constitucional en 1985. El Procurador es electo de una terna que es votada por el Congreso en pleno. Es electo para un período de cinco años. Sus funciones están definidas por la propia Constitución y en su ley específica. En síntesis su misión es investigar y denunciar, emitir recomendaciones y accionar legalmente contra violaciones a los derechos humanos. Sus recomendaciones no tienen carácter vinculante y se le conoce como magistrado “de conciencia”. Como tal, tiene vedada la participación político partidaria y todo tipo de activismo político.

Por la naturaleza del cargo y porque es su función en gran parte de los casos, se ha interpretado que el PDH -sea quien sea- es alguien de izquierda, aunque el perfil del puesto no lo ponga así. La realidad ha sido que muchos se han comportado en más de una ocasión con esa tendencia. Más allá de que algunos ven cualquier acción de promoción y defensa de los derechos fundamentales como algo “comunista”, lo cierto es que la derecha se ha preocupado poco por la defensa de estos y, como en el ejercicio del poder nunca hay vacíos, la izquierda oenegera ha ido tomando ese, el de los derechos humanos, como tema suyo.

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Todos los PDH han tenido cuestionamientos y señalamientos de favorecer a grupos de izquierda -más allá de darles plazas a activistas en la entidad- y de defender solamente los temas y a las personas que son afines a esa ideología. La verdad de las cosas es que, sin calificar si es bueno o no, así ha sido y eso es algo innegable.

Sin embargo, el actual procurador, Jordán Rodas Andrade, ha sido quien más acusaciones de inmiscuirse en actividades políticas ha tenido. Y con razón. La sociedad en general -y el mundo- ha sufrido una radicalización hacia el extremismo y la PDH no es ajena a ello.

Por posiciones cada vez más extremas, cualquier media tinta es invisibilizada y, para sobresalir y mantenerse vigente, el PDH se ha radicalizado y ha hecho pronunciamientos que en lugar de avenir y alcanzar consensos en la sociedad, la dividen.

¿Quién puede olvidar, por ejemplo, la denotada participación del PHD en una manifestación feminista donde llevaban como estandarte la efigie de la virgen, pero como si fuese una vulva? Ese affaire se conoció como “la poderosa vulva” y como era de esperarse, fue interpretado como una afrenta por los católicos.

Independientemente que siempre habrá revoltosos y revoltosas, la participación de un funcionario como el PDH en una de esas manifestaciones deja clara su preferencia y sus alianzas.

Más recientemente, el PDH Rodas ha tenido enfrentamientos con el presidente Giammattei. En más de una ocasión se han pronunciado con indirectas y algunas veces bien directas, criticándose mutuamente o abiertamente señalándose.

Con el Congreso ha tenido una relación tirante desde la anterior legislatura. Y con la actual, el presupuesto de la entidad ha sido el punto álgido en la relación.

Regresando a su relación con el Organismo Ejecutivo, recientemente y a raíz del segundo rechazo a decretos gubernativos de estado de Calamidad por parte del congreso, el PDH le recomendó públicamente al Presidente renunciar a su cargo en vista de ese, su segundo fracaso consecutivo en el Congreso.

Aunque no era la primera vez que el PDH le decía al presidente Giammattei que renunciara, esta vez Rodas evidenció su animadversión hacia el presidente, y dejó clara su escasa o nula comprensión del sistema republicano de gobierno.

En términos simples -y la mente del PDH- si el Presidente no logró contar con el aval del Congreso a un decreto de restricción de libertades, eso significaba que “ya no controlaba el Organismo Legislativo”. Por consiguiente, no mandaba. Es decir que, según el PDH, el Presidente debía conseguir lo que se propusiera en el Congreso, más cuando ha logrado pasar iniciativas el Ejecutivo sin problemas, se le ha acusado de interferir en el Legislativo o abiertamente de compra de votos.

La incoherencia queda manifiesta. El PDH dejó claro que su intención no era sugerir algo en pos de de los derechos humanos, sino solamente criticar al Presidente.

Y así, se han dado otras ocasiones donde el actual PDH actúa solo cuando sus intereses personales y los de oenegés aliadas están en juego, más que cuando los derechos humanos de los guatemaltecos están genuinamente amenazados.

¿Cómo olvidar, cuando solicitó amparo ante la CC por el solo envío de una carta de la Cancillería al Reino de Suecia solicitando el cambio del embajador? No solo no constituyó un acto de autoridad “impugnable” por la vía del amparo, sino que los derechos de los guatemaltecos en nada se veían violados por tal misiva.

La cercana relación que existía entre ese embajador –Anders Kompass– y la clase oenegera, sí se veía amenazada y por tal razón actuó. La entonces complaciente Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional.

En Guatemala, tristemente, todos los días se violan los derechos humanos de los ciudadanos y en pocas ocasiones el PDH actúa como debe, lo hace solamente cuando afecta a sus cercanos o cuando el caso tiene probabilidades de darle visibilidad a nivel nacional o, mejor aún, a nivel internacional.

Un derecho humano de primera generación como el de libertad de circulación es constantemente violado por manifestantes violentos o por autoridades municipales y otras organizaciones.

Colocan talanqueras y exigen un pago extorsivo para dejar pasar o simplemente no les da la gana que alguien pase. En esos casos jamás se ha visto al PDH actuar con diligencia alguna o siquiera pronunciarse, ya no digamos presentar un amparo, como sí lo hizo por la simple carta de Cancillería. Si ha planteado un recurso, es para garantizar la “manifestación” y “protesta” que en la mayoría de casos son bloqueos.

¿Cuántas veces los derechos humanos de los guatemaltecos se ven afectados por la actividad de sindicatos del Estado que, por virtud de prebendas obtenidas en los pactos colectivos, los servicios públicos -a veces esenciales-, se ven interrumpidos porque hay un asueto sindical? ¿En cuántas ocasiones se registran usurpaciones -invasiones a fincas- donde uno de los derechos más fundamentales como la propiedad, es violentado y el PDH brilla por su ausencia?

Hace poco, un distinguido abogado logró que la CC declarara inconstitucional la prohibición de conmuta de ciertos delitos cuando la pena es menor a cinco años, regla general del derecho penal guatemalteco. Pero como solo se planteó respecto a ciertos delitos contra la administración pública y la administración de justicia, el fallo fue estúpidamente criticado diciendo que “favorece a los corruptos”.

Más allá de ello, la crítica también se dio porque delitos como hurto y robo no son conmutables, según esa misma prohibición. ¿Dónde está el PDH para plantear inconstitucionalidad respecto a la inconmutabilidad de esos delitos percibidos como “que solo afectan a los pobres”? En ese caso que sí tendría un efecto positivo en el respeto de los derechos humanos de miles de guatemaltecos, el PDH no hace nada; no hace nada porque no le interesa, punto.

El más reciente hecho fue un pronunciamiento que hizo la institución a cargo de Rodas donde se suma al eslogan oenegero “nada que celebrar”, en relación al Bicentenario de la Independencia. Más allá de una pose (posturing, en inglés) el pronunciamiento es más de lo mismo, visibilizarse nada más. Nada de sustancia y mucho bla, bla, bla, como se dice coloquialmente.

La institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos es valiosa en un entorno democrático. Sobre todo en estas latitudes tropicales en donde quienes ostentan el poder tienden a abusar de este, pero por la tendenciosa actividad del PDH, cada vez más voces piden que se cierre la institución (no se puede sin reforma constitucional).

Pero sobre todo, piden a sus representantes en el Congreso que cuando toque elegir al próximo Procurador, el cargo recaiga en alguien muy distinto al actual y eso significa que no sea cercano a oenegés vividoras. Claro, eso será criticado fuertemente, pero se deberá a la radicalización del actual PDH. Como dice el refrán: Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. A esas oenegés vividoras les tocará vivir las consecuencias de su tirantez.

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