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¿Qué significa la inclusión de Consuelo Porras y Ángel Pineda en la lista Engel de Estados Unidos?

La implicación de tal designación, en especial la de funcionarios en el ejercicio del cargo es significativa, pero sin repercusión legal alguna. Tal designación solamente requiere que se “crea” que las personas son corruptas, mientras que para procesarles se debe contar con medios de prueba que no tienen o que no les interesa obtener. 

Consuelo Porras fue incluida en la lista Engel en septiembre de 2021.
Alejandro Palmieri
15 de julio, 2022

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que en cumplimiento de lo que le ordena la ley H.R. 2615 y la Sección 353 (Lista Engel, coloquialmente), designó como personas corruptas a cinco jueces salvadoreños (los cinco nuevos que nombró Bukele). También incluyó a la Fiscal General de Guatemala y a su Secretario General, Consuelo Porras y Ángel Pineda, respectivamente. La consecuencia inmediata de tal designación es el retiro de visas y, por consiguiente, la prohibición de ingresar en el territorio de ese país.

Además, la “lista Engel” contempla otra serie de sanciones como bloquear transacciones bancarias de estas personas. Así como también incluye la prohibición de poseer propiedades en Estados Unidos. Esta es la segunda entrega de la lista, sucediendo a la inicial que fue dada a conocer en julio de este año. En esa se incluyó a pasados y actuales funcionarios, así como a algunos particulares.

La implicación de tal designación, en especial la de funcionarios en el ejercicio del cargo es significativa, pero sin repercusión legal alguna. Tal designación solamente requiere que se “crea” que las personas son corruptas, mientras que para procesarles se debe contar con medios de prueba que no tienen o que no les interesa obtener. La designación es un acto político y administrativo, mas no judicial.

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La política de los Estados Unidos

No obstante, ser un magistrado de una Corte Suprema o constitucional, o ser Fiscal General y ser públicamente señalado y “castigado” de esa manera tiene implicaciones, sin duda.

En el juego de la política bilateral con el socio comercial más importante (y hegemónico), debe entenderse como un mensaje fuerte. Sin embargo, para el país como tal no acarrea consecuencias o sanciones pues la designación es personal. Creer, como algunos podrían desear, que detrás de esos pronunciamientos viene “la invasión” es ridículo. En términos prácticos, la fiscal Porras y su secretario Pineda no podrán entrar en Estados Unidos y si tenían cuentas bancarias allá, las perdieron, pero más allá de eso, nada.

Se ha dicho que esto debiese hacer renunciar a la Fiscal General y se pone de ejemplo a funcionarios europeos y gringos que por señalamientos y acusaciones judiciales, han renunciado. En todos esos casos la acusación ha venido del propio país y no de un tercero. La renuncia devendría un acto de contrición más no como consecuencia de la inclusión en una lista.

A golpe dado no hay quite, así que a menos que los Estados Unidos presente acusaciones en su jurisdicción o, más difícil aún, en Guatemala, el trago amargo se quedará ahí y no pasará nada más. Claro, otros que piensen o sientan que pudiesen ser incluidos en la lista en el futuro podrán poner sus barbas en remojo, pero para con los ya señalados, ya fue todo.

Desde el despido del exfiscal Juan Francisco Sandoval, de la FECI, la Fiscal Porras perdió la confianza de los EE.UU. Días después de tal remoción “la Embajada” anunció que suspendería temporalmente la cooperación con el MP.

Desde entonces, grupos de manifestantes y en redes sociales han pedido la renuncia de Porras. Cabe recordar que en el 2016 hubo una modificación de la Ley del MP, en tiempos de Thelma Aldana. Con ese cambio se blindó al Fiscal General de ser removido antojadizamente por el Presidente.

Ahora es virtualmente imposible su remoción y, para solo apartarla del cargo temporalmente, se requiere que se le retire la inmunidad. Además, que haya auto de procesamiento; no imposible, pero sí muy difícil que suceda. Así, el blindaje que se le proveyó a Aldana, hoy protege a Porras.

Pero asumiendo que la funcionaria renunciase a raíz de esta designación, el Presidente debe escoger quién termine el período constitucional del Fiscal General. Debe escoger de entre los cinco candidatos restantes de la lista elaborada por la Comisión de Postulación en la que estuvo Porras.

Eso pondría en una situación muy complicada al presidente Giammattei, quien tendría que escoger entre Brenda Dery Muñoz Sánchez y Miguel Ángel Gálvez Aguilar. O Patricia Elizabeth Gámez Barrera, Gladys Verónica Ponce Mejicanos y Edgar Estuardo Melchor Solórzano.

Sin prejuzgar de la capacidad de cada uno de ellos, es fácil sospechar que con ninguno se sentiría “cómodo” Giammattei. Todos ellos han apoyado a la CICIG o trabajado en ella y, como es sabido, el presidente se ha manifestado contra la extinta comisión.

De esa cuenta, lo más probable es que la Fiscal General continúe en el puesto hasta finalizar su período. Durante estos meses la relación con los Estados Unidos será poca o nula y eso, en todo caso, no beneficia a la justicia y mucho menos a los guatemaltecos. Pero tampoco hace nada por “atacar las causas de raíz de la migración” que es la finalidad de la denominada lista Engel.

Los Estados Unidos, como todo país, tiene todo el derecho de negar el ingreso en su territorio a cualquier persona. Y si agregamos que el entramado legal gringo también permite la “muerte financiera” de quienes el gobierno quiera, la decisión tomada por el Secretario Blinken es legal. Sin embargo, como se dijo, que eso vaya a lograr que la prioridad del gobierno de aquel país –reducir las causas de la migración- se concrete, está en discusión, por ponerlo de una manera ligera.

Se podría pensar que los sancionados se la jueguen el todo por el todo y en lugar de modificar la conducta que motivó su inclusión, la vayan a exacerbar.

La reputación o el standing de los Estados Unidos en el mundo ha tenido serios reveses. Siendo el principal la desastrosa retirada de Afganistán y que luego de 20 años y trillones de dólares gastados, dejan a ese país exactamente en las mismas manos de quienes, hace 20 años, pretendieron quitarle el país.

El presidente Biden se percibe débil (su popularidad ha caído drásticamente en los últimos meses) y su Vicepresidenta está casi ausente, razón por la cual tratan de tener un éxito en la región en un tema que afecta directamente la política interna de cara a las elecciones de mitad de período, sin embargo, la inclusión en listas y sanciones como las emitidas no tienen impacto alguno en la migración ni sus causas que son principalmente la falta de oportunidades (falta de ingresos) y la inseguridad.

Ya que los EEUU nos han usado de escenario de experimentos, inhumanos algunos como la inoculación de sífilis en el siglo pasado, como de teorías políticas y sociales, y parece que los habitantes de nuestros países les parecen conejillos de indias, tal vez debiesen aprender la lección de los científicos que logran mucho más con refuerzos positivos que con negativos en sus experimentos.

Además, debieran haberse dado cuenta para ahora, después de más de medio siglo de intentar lo mismo, dar fondos de “cooperación” que van de regreso principalmente a entidades norteamericanas y que solo dejan migajas a oenegés locales, no ha traído mayor beneficio a las comunidades necesitadas; parece increíble que luego de que Trump rompiese ese círculo vicioso, la actual administración haya reanudado ese probado mecanismo fallido. Sin embargo, eso es justamente lo que han hecho y ahora pretenden tener un resultado distinto a los anteriores.

Esa es la definición de locura. La política exterior de Estados Unidos, por lo menos con respecto a nuestros países, se volvió loca.

Este análisis se publicó originalmente el 20 de septiembre de 2021
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