“Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas” dice el dicho y es muy probable que así sea en muchos casos. Sin embargo, esas medidas desesperadas jamás deben ser ilegales sobretodo cuando hay a la mano medidas legales para enfrentar los tiempos desesperados.
Lo anterior viene a colación porque a raíz de la calamitosa respuesta gubernamental a la pandemia. Es decir, al aprovisionamiento suficiente y oportuno de medicamentos, equipo y personal, así como de instalaciones. Sin mencionar el muy pobre suministro y aplicación de vacunas en contra del virus covid-19.
Ahora se decreta un nuevo estado de Calamidad alentado por un grupo de médicos y expertos que han rendido sus informes ante la comisión de salud del Congreso de la República.
Algunos de estos médicos han manifestado públicamente la urgencia de restringir la movilidad e interacción social de los guatemaltecos. La medida solicitada es para reducir la propagación del virus y, en principio, no dejan de tener razón.
Deberías leer: Congreso convoca a sesión para discutir Estado de Calamidad
El problema surge dado que más allá del tema exclusivamente salubrista, la restricción de derechos constitucionales es un tema muy serio. Tan serio que la Constitución provee solamente una vía administrativa o ejecutiva para que eso pueda pasar.
El camino constitucional es que el Presidente, en Consejo de Ministros, emita un decreto gubernativo en el que imponga uno de los estados de excepción contemplados. Y que, inmediatamente -salvo del de prevención- lo conozca, ratifique, modifique o impruebe el Congreso de la República.
Este procedimiento está fresco en la mente de muchos guatemaltecos debido a que no hace ni 15 días, eso ocurrió. Luego de un ir y venir a la Corte de Constitucionalidad que trazó la ruta, el Organismo Legislativo improbó aquel estado de Calamidad.
Ahora los médicos urgen al Congreso para que tome medidas en ese sentido. Pero el problema es que, por sí solo, el Organismo Legislativo no puede restringir derechos constitucionales. Requiere del decreto gubernativo, es decir, del Presidente.
Si las medidas sanitarias son estrictamente necesarias ante la incapacidad gubernamental que ya fue detallada al inicio de este análisis, es un tema aparte del que acá se trata: El Congreso NO puede decretar por sí mismo medidas de restricción.
Y que algunos analistas -médicos, también- así lo exijan públicamente solo habla de su desesperación. Pero también de su desconocimiento de la Constitución. Por ahí no es.
La presión debe estar exclusivamente en el Presidente y no solo para emitir el enésimo decreto de estado de Calamidad (el año pasado hubo más de 7). Sino porque tuvo miles de millones de quetzales a su disposición, precisamente para atender esta crisis que ahora está deficientemente atendida y que, por ello, están muriendo guatemaltecos.
El Presidente tuvo razón cuando dijo que él no podía ir a cuidar a cada uno y a verificar que use mascarilla y se proteja. Es cierto, sin embargo, lo que sí pudo hacer, debió hacer y a la luz de los hechos no hizo, es preparar adecuadamente al sistema de salud. Independientemente de la falta de cuidado individual que pudiesen tener los ciudadanos.
Contrario a lo que los más duros detractores del Presidente puedan pensar, no se evidencia dolo en su actuar. Señalarlo así es tendencioso, sin embargo, no hay que olvidar que uno de los elementos de la culpa es la negligencia. Y, pareciera que esta sí pudo haberse dado.
Mientras tanto, se discute en el Congreso, en medios y en redes sociales que se adopten acciones restrictivas de los derechos constitucionales. Que por lo menos, las medidas sean tomadas conforme a la Constitución y no violándola. Eso es agregar insulto a la herida.
El Presidente asumió su responsabilidad y junto con su Gabinete decretó el estado de Calamidad, aunque previo a ello haya enviado a los médicos a hacer lobby por él al Congreso.
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Lo anterior viene a colación porque a raíz de la calamitosa respuesta gubernamental a la pandemia. Es decir, al aprovisionamiento suficiente y oportuno de medicamentos, equipo y personal, así como de instalaciones. Sin mencionar el muy pobre suministro y aplicación de vacunas en contra del virus covid-19.
Ahora se decreta un nuevo estado de Calamidad alentado por un grupo de médicos y expertos que han rendido sus informes ante la comisión de salud del Congreso de la República.
Algunos de estos médicos han manifestado públicamente la urgencia de restringir la movilidad e interacción social de los guatemaltecos. La medida solicitada es para reducir la propagación del virus y, en principio, no dejan de tener razón.
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Ahora los médicos urgen al Congreso para que tome medidas en ese sentido. Pero el problema es que, por sí solo, el Organismo Legislativo no puede restringir derechos constitucionales. Requiere del decreto gubernativo, es decir, del Presidente.
Si las medidas sanitarias son estrictamente necesarias ante la incapacidad gubernamental que ya fue detallada al inicio de este análisis, es un tema aparte del que acá se trata: El Congreso NO puede decretar por sí mismo medidas de restricción.
Y que algunos analistas -médicos, también- así lo exijan públicamente solo habla de su desesperación. Pero también de su desconocimiento de la Constitución. Por ahí no es.
La presión debe estar exclusivamente en el Presidente y no solo para emitir el enésimo decreto de estado de Calamidad (el año pasado hubo más de 7). Sino porque tuvo miles de millones de quetzales a su disposición, precisamente para atender esta crisis que ahora está deficientemente atendida y que, por ello, están muriendo guatemaltecos.
El Presidente tuvo razón cuando dijo que él no podía ir a cuidar a cada uno y a verificar que use mascarilla y se proteja. Es cierto, sin embargo, lo que sí pudo hacer, debió hacer y a la luz de los hechos no hizo, es preparar adecuadamente al sistema de salud. Independientemente de la falta de cuidado individual que pudiesen tener los ciudadanos.
Contrario a lo que los más duros detractores del Presidente puedan pensar, no se evidencia dolo en su actuar. Señalarlo así es tendencioso, sin embargo, no hay que olvidar que uno de los elementos de la culpa es la negligencia. Y, pareciera que esta sí pudo haberse dado.
Mientras tanto, se discute en el Congreso, en medios y en redes sociales que se adopten acciones restrictivas de los derechos constitucionales. Que por lo menos, las medidas sean tomadas conforme a la Constitución y no violándola. Eso es agregar insulto a la herida.
El Presidente asumió su responsabilidad y junto con su Gabinete decretó el estado de Calamidad, aunque previo a ello haya enviado a los médicos a hacer lobby por él al Congreso.
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