¿Qué podrían tener en común un expolicía nigeriano, un exmagistrado español y un exjuez brasileño, con un exfiscal guatemalteco? Las coincidencias van más allá de que todos trabajaron en el sector de justicia y ahora se lo explico.
Abba Kyari es un ex comisionado de policía nigeriano ahora suspendido. Era conocido por su implacable lucha en contra el crimen; perseguía a secuestradores principalmente. Por su actividad ha recibido alabanzas y condecoraciones y se le conoce como el “súper policía” de Nigeria.
A raíz de una investigación del FBI en relación con una estafa, lavado de dinero y crímenes cibernéticos, un Instagramer e influencer también nigeriano llamado Ramón Abbas, alias “Hushpuppy”, fue capturado en Dubái. Le encontraron más de 40 millones de dólares en efectivo. Se supone que el dinero era producto de actividades ilícitas. Su proceso de extradición a los Estados Unidos está en trámite.
Las investigaciones del FBI arrojaron luz en las actividades ilícitas del excomisionado y su vinculación con Hushpuppi, quien supuestamente le pagó para amedrentar a un exsocio del instagramer. Esto a su vez destapó acciones similares del excomisionado. Al parecer, ofrecía sus servicios a criminales aprovechándose de su estatus de oficial para evadir investigaciones o sospecha siquiera. Su suerte y su futuro están en entredicho, por decir poco.
Baltazar Garzón, el activista fuera del sistema de justicia
Otro ejemplo es del exmagistrado de la Audiencia Nacional en España, Baltazar Garzón, otrora adalid de la justicia “transnacional”. Pero quien a la poste fue encontrado culpable del peor delito que un juez puede cometer en el ejercicio del cargo: prevaricato.
Fue expulsado de la carrera judicial y condenado a 11 años de inhabilitación. Luego de varios años de ser un funcionario judicial, le gustó más el rol de activista. Desde su posición de poder, avanzó su agenda hasta que, como suele ocurrir, utilizó su poder de manera ilegal y le costó el puesto.
Garzón se hizo famoso como juez de instrucción en casos de narcotráfico y corrupción en España. Pero pronto le quedó chica la península ibérica y se lanzó a casos de trascendencia internacional relacionados con las dictaduras militares de América latina.
Cuando Augusto Pinochet, ya fuera de La Moneda, pero siendo senador vitalicio viajó al Reino Unido para un tratamiento médico, Garzón armó un operativo. Buscó capturarlo y extraditarlo a España donde sería juzgado por él.
Luego de varios meses de arresto domiciliar, la justicia británica decidió que no lo entregaría a Garzón. Resolvió que Pinochet podría regresar a Chile sin peligro a ser extraditado.
Garzón luego tuvo éxito procesando a exmilitares argentinos acusándolos de crímenes de lesa humanidad. Luego pasó a temas de terrorismo y crímenes de guerra y tortura contra de miembros de Al Qaeda y del ejército de los Estados Unidos, respectivamente. No tuvo mayor éxito.
Investigó delitos cometidos en la guerra civil española -por el franquismo- caso que causó mucho revuelo en su natal España. Como era natural y finalmente, el caso que lo defenestró por emitir órdenes de interceptación telefónicas ilegales fue el conocido como Gürtel.
Se trató de un proceso de corrupción en las más altas esferas de la política española. Su ansia de poder y notoriedad lo llevó a emitir órdenes ilegales que constituyeron prevaricato y fue condenado por ello. Al igual que el caso del anterior personaje, el del excomisionado Kyari, siendo una figura reconocida por su labor contra las ilegalidades, las paró cometiendo él mismo. Se colocó al mismo nivel de los criminales que investigaba.
El juez Moro y sus escuchas ilegales
En este continente también tenemos ejemplos notorios. El juez Sergio Moro se hizo famoso en Brasil y el mundo por el desmantelamiento de una red de lavado de dinero denominada lava jato.
Ese caso escaló a proporciones épicas y el entramado de ilícitos alcanzó a la petrolera nacional Petrobras, a la constructora OAS y a muchos políticos de alto perfil. Entre ellos senadores y expresidentes de Brasil, siendo el más notable Luiz Ignacio Lula da Silva, pero también se vieron involucrados Dilma Rousseff y Michel Temer.
El caso lava jato pasó de ser una investigación por lavado de dinero y se convirtió en una “multicausa” que también incluyó investigaciones por corrupción en otros países. La labor del juez Moro fue alabada y aunque tocó a personajes con buena imagen pública, la gente tenía la opinión que Moro procedía de manera correcta.
La percepción empezó a cambiar cuando en plenas elecciones consiguió la captura del expresidente Lula por su involucramiento en casos de corrupción. Lula era y sigue siendo un líder muy querido y su condena no gustó, pero hasta ese momento no había mayor tacha contra Moro.
Solo tiempo después, cuando instancias superiores revisaron el caso, es que la imparcialidad de Moro fue puesta en duda. Esto se confirmó cuando se filtraron conversaciones en la aplicación Telegram entre el juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, donde se evidencia que el juez favorecía a la fiscalía para afectar a Lula.
El expresidente fue liberado en 2018 pendiente de la revisión de sus casos y, apenas este año, la Corte Suprema anuló las sentencias de primer grado contra Lula.
Así, el juez Sergio Moro pasó de ser héroe a villano habiendo actuado desde su posición de juez para favorecer a una de las partes, en este caso la fiscalía. Aunque Moro no ha sido condenado por delitos cometidos en la judicatura, ahora tiene su propia práctica privada. Ya no trabaja en el sistema de justicia brasileño. Por tratar de asegurar una condena contra quienes procesaba, cometió ilegalidades que causaron su salida.
Los casos anteriores son tres ejemplos de personas que, en el ejercicio de una función judicial o de seguridad, abusaron de su posición y cometieron ilegalidades. Unos estrictamente para beneficio económico personal (Kyari) y otros para beneficio de otro tipo: en reputación o para avanzar agendas políticas (Garzón y Moro).
Sandoval y los expedientes sustraídos
En Guatemala no somos ajeno a ello. Hay casos de varios jueces y magistrados, así como fiscales que desde su posición han obtenido beneficios personales indebidos y han abusado de su puesto.
Lo que muestran los casos descritos es que hasta el juez o el fiscal que se percibe como el más probo, puede caer en ilegalidades. Mucho se ha dicho sobre los abusos que cometieron los personeros de la extinta CICIG en su afán de avanzar su agenda, tanto judicial como política. Pero no ha habido hasta ahora una investigación certera de todo lo señalado. Principalmente porque tanto los excomisionados como el personal extranjero tienen inmunidad de persecución penal.
Aterrizamos en las sorprendentes declaraciones del exfiscal Juan Francisco Sandoval al medio New York Times. El abogado, sin desparpajo, confesó que a su salida de la FECI sustrajo documentación oficial y pertinente a una investigación contra el presidente de la República.
Digo que son sorprendentes porque pareciese que no se daba cuenta que confesaba haber cometido delitos contra la administración de justicia. Es fácil sospechar qué se diría si otro fiscal, al ser despedido -con o sin justificación- se llevase documentos que estaban a su cargo. Y que servirían para una investigación penal.
Sandoval, al frente de la FECI y de la mano de la CICIG, investigó y procesó -pocos ya condenados- a personas de diferentes sectores a partir del 2015 hasta su salida en julio de este año.
Con sus declaraciones a medios de comunicación, el exfiscal Sandoval proveyó el mejor elemento posible a sus detractores al confesar aquello. Incluso, como advirtiendo después su error, dio declaraciones en el sentido que no se le debía perseguir a él, sino al Presidente por el caso que se investigaba.
Más allá de la fantasiosa historia que contó sobre una alfombra, unos rusos, minerales, puertos y damas de compañía, relató que todo ello se lo había proporcionado, en declaración ministerial, un agente de seguridad que presenció todo.
Es precisamente ese testimonio el que Sandoval sustrajo -rescato, dice él- del expediente que al parecer no consta en el MP.
Más allá de la investigación que debiese hacerse de la trama rusa, el exfiscal cometió delitos -lo confesó- desde su posición de poder. Esta fue la última solamente de las que se le han señalado, mas no probado, pero a la luz de tal sustracción de documentos se puede sospechar que las otras pueden guardar algo de verdad.
Los más emblemáticos personajes de la lucha contra el crimen de cuatro países pararon corrompiéndose, no necesariamente por dinero, pero por poder y por protagonismo.
El caso del exfiscal Sandoval, como vemos, no es aislado ni inverosímil. Ahora, con una orden de captura encima, sigue los pasos de otros exfiscales que tienen cuentas con la justicia guatemalteca, esa, la que abusaron y ahora rehúsan enfrentar. Corruptos buenos, parecen creerse.
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A raíz de una investigación del FBI en relación con una estafa, lavado de dinero y crímenes cibernéticos, un Instagramer e influencer también nigeriano llamado Ramón Abbas, alias “Hushpuppy”, fue capturado en Dubái. Le encontraron más de 40 millones de dólares en efectivo. Se supone que el dinero era producto de actividades ilícitas. Su proceso de extradición a los Estados Unidos está en trámite.
Las investigaciones del FBI arrojaron luz en las actividades ilícitas del excomisionado y su vinculación con Hushpuppi, quien supuestamente le pagó para amedrentar a un exsocio del instagramer. Esto a su vez destapó acciones similares del excomisionado. Al parecer, ofrecía sus servicios a criminales aprovechándose de su estatus de oficial para evadir investigaciones o sospecha siquiera. Su suerte y su futuro están en entredicho, por decir poco.
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Fue expulsado de la carrera judicial y condenado a 11 años de inhabilitación. Luego de varios años de ser un funcionario judicial, le gustó más el rol de activista. Desde su posición de poder, avanzó su agenda hasta que, como suele ocurrir, utilizó su poder de manera ilegal y le costó el puesto.
Garzón se hizo famoso como juez de instrucción en casos de narcotráfico y corrupción en España. Pero pronto le quedó chica la península ibérica y se lanzó a casos de trascendencia internacional relacionados con las dictaduras militares de América latina.
Cuando Augusto Pinochet, ya fuera de La Moneda, pero siendo senador vitalicio viajó al Reino Unido para un tratamiento médico, Garzón armó un operativo. Buscó capturarlo y extraditarlo a España donde sería juzgado por él.
Luego de varios meses de arresto domiciliar, la justicia británica decidió que no lo entregaría a Garzón. Resolvió que Pinochet podría regresar a Chile sin peligro a ser extraditado.
Garzón luego tuvo éxito procesando a exmilitares argentinos acusándolos de crímenes de lesa humanidad. Luego pasó a temas de terrorismo y crímenes de guerra y tortura contra de miembros de Al Qaeda y del ejército de los Estados Unidos, respectivamente. No tuvo mayor éxito.
Investigó delitos cometidos en la guerra civil española -por el franquismo- caso que causó mucho revuelo en su natal España. Como era natural y finalmente, el caso que lo defenestró por emitir órdenes de interceptación telefónicas ilegales fue el conocido como Gürtel.
Se trató de un proceso de corrupción en las más altas esferas de la política española. Su ansia de poder y notoriedad lo llevó a emitir órdenes ilegales que constituyeron prevaricato y fue condenado por ello. Al igual que el caso del anterior personaje, el del excomisionado Kyari, siendo una figura reconocida por su labor contra las ilegalidades, las paró cometiendo él mismo. Se colocó al mismo nivel de los criminales que investigaba.
El juez Moro y sus escuchas ilegales
En este continente también tenemos ejemplos notorios. El juez Sergio Moro se hizo famoso en Brasil y el mundo por el desmantelamiento de una red de lavado de dinero denominada lava jato.
Ese caso escaló a proporciones épicas y el entramado de ilícitos alcanzó a la petrolera nacional Petrobras, a la constructora OAS y a muchos políticos de alto perfil. Entre ellos senadores y expresidentes de Brasil, siendo el más notable Luiz Ignacio Lula da Silva, pero también se vieron involucrados Dilma Rousseff y Michel Temer.
El caso lava jato pasó de ser una investigación por lavado de dinero y se convirtió en una “multicausa” que también incluyó investigaciones por corrupción en otros países. La labor del juez Moro fue alabada y aunque tocó a personajes con buena imagen pública, la gente tenía la opinión que Moro procedía de manera correcta.
La percepción empezó a cambiar cuando en plenas elecciones consiguió la captura del expresidente Lula por su involucramiento en casos de corrupción. Lula era y sigue siendo un líder muy querido y su condena no gustó, pero hasta ese momento no había mayor tacha contra Moro.
Solo tiempo después, cuando instancias superiores revisaron el caso, es que la imparcialidad de Moro fue puesta en duda. Esto se confirmó cuando se filtraron conversaciones en la aplicación Telegram entre el juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, donde se evidencia que el juez favorecía a la fiscalía para afectar a Lula.
El expresidente fue liberado en 2018 pendiente de la revisión de sus casos y, apenas este año, la Corte Suprema anuló las sentencias de primer grado contra Lula.
Así, el juez Sergio Moro pasó de ser héroe a villano habiendo actuado desde su posición de juez para favorecer a una de las partes, en este caso la fiscalía. Aunque Moro no ha sido condenado por delitos cometidos en la judicatura, ahora tiene su propia práctica privada. Ya no trabaja en el sistema de justicia brasileño. Por tratar de asegurar una condena contra quienes procesaba, cometió ilegalidades que causaron su salida.
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Es precisamente ese testimonio el que Sandoval sustrajo -rescato, dice él- del expediente que al parecer no consta en el MP.
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El caso del exfiscal Sandoval, como vemos, no es aislado ni inverosímil. Ahora, con una orden de captura encima, sigue los pasos de otros exfiscales que tienen cuentas con la justicia guatemalteca, esa, la que abusaron y ahora rehúsan enfrentar. Corruptos buenos, parecen creerse.