Casi todos los partidos políticos que participan en la contienda electoral firmaron el “Acuerdo Nacional para una Campaña Ética, Pacífica, Programática y con Valores Democráticos” a instancias del Tribunal Supremo Electoral. Linda intención que no servirá para nada.
Y es que resulta imposible para los secretarios generales de los partidos y/o sus candidatos presidenciales hacer cumplir ese acuerdo a lo ancho y largo del territorio nacional y por todos sus candidatos y activistas. Si no, que lo diga el partido Valor luego del desafortunado incidente en San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, en donde una activista disparó su arma al suelo en medio de un grupo de simpatizantes de la UNE. Afortunadamente no hirió a nadie, pero el hecho constituye delito y debe ser investigado, así como procesada la perpetradora (se supo que se llama Susan Ponce) y hecha responsable legalmente por sus actos.
Sin embargo, de eso a pretender hacer responsable de un acto estúpido, pero individual, a la organización política o -peor aún- a su candidata presidencial, hay mucho trecho. Aunque era de esperarse que los partidos contrarios trataran de sacar provecho de ello, los dibuja de cuerpo entero la intentona ventajista, inescrupulosa y marrullera. Políticos tropicales, al fin.
El Acuerdo o “pacto de no agresión” firmado no es completamente malo o irrelevante; en el punto décimo primero (undécimo) los firmantes se comprometen a:
“Acatar los resultados electorales, de manera responsable y democrática, respetando así la voluntad popular expresada en las urnas y los derechos de los partidos políticos y personas candidatas que resulten electos”
Digno de encomio, sin duda. Que lo cumplan son otros cien pesos, pero cuando menos queda registro de que se comprometieron a algo que luego no cumplieron.
Tampoco es que se estén comprometiendo a algo extraordinario; se comprometen, pues, a cumplir la constitución y las leyes, algo que no debiese requerir la firma de un compromiso, pero en política las formas son el fondo y se reconoce el esfuerzo.
El Acuerdo consta de dieciséis puntos con muy poca sustancia, a excepción del anteriormente citado. Los demás, como se apuntó, son una serie de buenas intenciones con nula fuerza coercitiva por sí mismas. Pero algo que llama la atención es la suerte de lenguaje “inclusivo” que se utiliza en el mismo.
El Acuerdo empieza, literalmente así:
“Las personas abajo firmantes estamos comprometidas…”
Muy bien pudo -y debió- ponerse “Los abajo firmantes nos comprometemos” o algo en esas líneas, pero la redacción utilizada aparenta como que se quiso quedar bien con alguna magistrada encampanada con el leguaje “inclusivo”, aunque a lo largo del documento usan el género femenino en todo donde pudieron ponerlo.
En lugar de poner: “los secretarios generales de los partidos políticos…”, porque el masculino se utiliza correctamente para designar cuando tanto a hombre como mujeres secretarios generales, ponen lo siguiente:
“El Tribunal Supremo Electoral en plena articulación y coordinación con las Secretarías Generales de los Partidos Políticos y Testigos de Honor…” (sic)
Más allá de la innecesaria redacción “en femenino”, hacen gala de un mal bastante generalizado, sobre todo en los profesionales del derecho, en ponerle mayúsculas a las palabras que no tienen que llevarla. Si uso pudo ser por solemnidad, sin embargo. Innecesario, indudablemente.
El primero POR TANTO inicia con: “Las personas firmantes…” lo que evoca, lamentablemente, a lo que tanto motivo de burla ha causado en otras latitudes cuando políticos tratando de ser políticamente correctos, cuando para referirse a mujeres les llaman “personas menstruantes” como que si la definición de mujer no fuese suficientemente clara.
Pero ya los “propósitos”, el compromiso es evitar la discriminación y violencia política “contra las mujeres” (compromiso SEGUNDO) como que si la violencia contra los hombres fuese permitida o menos grave. La intención de usar el desventurado leguaje “inclusivo” provoca que caiga en redacciones así de ridículas.
En el punto TERCERO, se hace referencia a “personas políticas” como que si poner simplemente “políticos” no fuese suficiente.
El punto CUARTO pide desarrollar una campaña en la que predomine el respeto “…de las personas candidatas, afiliadas…”. Los candidatos y afiliados son inclusivo ya. ¡Ah! la gana de quedar bien y que logra exactamente lo contrario…
Y, bueno, así por todo el documento. Pero ¡qué necesidad! diría el divo de Juárez, Juan Gabriel.
Algo que sí choca -choca, más, pues- es que el punto SÉPTIMO contiene el compromiso de “No utilizar recursos y bienes públicos para realizar propaganda electoral…”. Con la plétora de imágenes y videos que circulan casi a diario en redes sociales y que han sido publicados en medios de comunicación, resulta risible que el TSE llame a ese compromiso, pero no haya hecho nada a la fecha, en contra del partido oficial, VAMOS, por precisamente usar recursos y bienes públicos para su campaña.
El Acuerdo lo suscriben 27 partidos políticos y no lo hacen 3. Podría muy bien haberse suscrito por 3 y no firmado por 27, pues tal parece que no se cumplirá por las “personas firmantes”, tampoco por las “personas políticas”, ni por las “candidatas y afiliadas”. ¿Quién sabe? Tal vez si hubiese sido suscrito por políticos, candidatos y afiliados, sí, pero eso nunca lo sabremos.
El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, dice el refrán.
Casi todos los partidos políticos que participan en la contienda electoral firmaron el “Acuerdo Nacional para una Campaña Ética, Pacífica, Programática y con Valores Democráticos” a instancias del Tribunal Supremo Electoral. Linda intención que no servirá para nada.
Y es que resulta imposible para los secretarios generales de los partidos y/o sus candidatos presidenciales hacer cumplir ese acuerdo a lo ancho y largo del territorio nacional y por todos sus candidatos y activistas. Si no, que lo diga el partido Valor luego del desafortunado incidente en San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, en donde una activista disparó su arma al suelo en medio de un grupo de simpatizantes de la UNE. Afortunadamente no hirió a nadie, pero el hecho constituye delito y debe ser investigado, así como procesada la perpetradora (se supo que se llama Susan Ponce) y hecha responsable legalmente por sus actos.
Sin embargo, de eso a pretender hacer responsable de un acto estúpido, pero individual, a la organización política o -peor aún- a su candidata presidencial, hay mucho trecho. Aunque era de esperarse que los partidos contrarios trataran de sacar provecho de ello, los dibuja de cuerpo entero la intentona ventajista, inescrupulosa y marrullera. Políticos tropicales, al fin.
El Acuerdo o “pacto de no agresión” firmado no es completamente malo o irrelevante; en el punto décimo primero (undécimo) los firmantes se comprometen a:
“Acatar los resultados electorales, de manera responsable y democrática, respetando así la voluntad popular expresada en las urnas y los derechos de los partidos políticos y personas candidatas que resulten electos”
Digno de encomio, sin duda. Que lo cumplan son otros cien pesos, pero cuando menos queda registro de que se comprometieron a algo que luego no cumplieron.
Tampoco es que se estén comprometiendo a algo extraordinario; se comprometen, pues, a cumplir la constitución y las leyes, algo que no debiese requerir la firma de un compromiso, pero en política las formas son el fondo y se reconoce el esfuerzo.
El Acuerdo consta de dieciséis puntos con muy poca sustancia, a excepción del anteriormente citado. Los demás, como se apuntó, son una serie de buenas intenciones con nula fuerza coercitiva por sí mismas. Pero algo que llama la atención es la suerte de lenguaje “inclusivo” que se utiliza en el mismo.
El Acuerdo empieza, literalmente así:
“Las personas abajo firmantes estamos comprometidas…”
Muy bien pudo -y debió- ponerse “Los abajo firmantes nos comprometemos” o algo en esas líneas, pero la redacción utilizada aparenta como que se quiso quedar bien con alguna magistrada encampanada con el leguaje “inclusivo”, aunque a lo largo del documento usan el género femenino en todo donde pudieron ponerlo.
En lugar de poner: “los secretarios generales de los partidos políticos…”, porque el masculino se utiliza correctamente para designar cuando tanto a hombre como mujeres secretarios generales, ponen lo siguiente:
“El Tribunal Supremo Electoral en plena articulación y coordinación con las Secretarías Generales de los Partidos Políticos y Testigos de Honor…” (sic)
Más allá de la innecesaria redacción “en femenino”, hacen gala de un mal bastante generalizado, sobre todo en los profesionales del derecho, en ponerle mayúsculas a las palabras que no tienen que llevarla. Si uso pudo ser por solemnidad, sin embargo. Innecesario, indudablemente.
El primero POR TANTO inicia con: “Las personas firmantes…” lo que evoca, lamentablemente, a lo que tanto motivo de burla ha causado en otras latitudes cuando políticos tratando de ser políticamente correctos, cuando para referirse a mujeres les llaman “personas menstruantes” como que si la definición de mujer no fuese suficientemente clara.
Pero ya los “propósitos”, el compromiso es evitar la discriminación y violencia política “contra las mujeres” (compromiso SEGUNDO) como que si la violencia contra los hombres fuese permitida o menos grave. La intención de usar el desventurado leguaje “inclusivo” provoca que caiga en redacciones así de ridículas.
En el punto TERCERO, se hace referencia a “personas políticas” como que si poner simplemente “políticos” no fuese suficiente.
El punto CUARTO pide desarrollar una campaña en la que predomine el respeto “…de las personas candidatas, afiliadas…”. Los candidatos y afiliados son inclusivo ya. ¡Ah! la gana de quedar bien y que logra exactamente lo contrario…
Y, bueno, así por todo el documento. Pero ¡qué necesidad! diría el divo de Juárez, Juan Gabriel.
Algo que sí choca -choca, más, pues- es que el punto SÉPTIMO contiene el compromiso de “No utilizar recursos y bienes públicos para realizar propaganda electoral…”. Con la plétora de imágenes y videos que circulan casi a diario en redes sociales y que han sido publicados en medios de comunicación, resulta risible que el TSE llame a ese compromiso, pero no haya hecho nada a la fecha, en contra del partido oficial, VAMOS, por precisamente usar recursos y bienes públicos para su campaña.
El Acuerdo lo suscriben 27 partidos políticos y no lo hacen 3. Podría muy bien haberse suscrito por 3 y no firmado por 27, pues tal parece que no se cumplirá por las “personas firmantes”, tampoco por las “personas políticas”, ni por las “candidatas y afiliadas”. ¿Quién sabe? Tal vez si hubiese sido suscrito por políticos, candidatos y afiliados, sí, pero eso nunca lo sabremos.
El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, dice el refrán.