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¿Cuál es la percepción de la confianza en la justicia de Guatemala sin la CICIG?

Se esperaría que sin la CICIG la confianza en el sistema de justicia caería y la percepción sería que estamos peor, pero un estudio de la entidad de EEUU, World Justice Project, ​​dice lo contrario.

Alejandro Palmieri
14 de junio, 2022

Recientemente se dio a conocer los resultados de un estudio realizado por la oenegé estadounidense World Justice Project (WJP) denominado “The Rule of Law in Guatemala” que recoge la opinión de 2508 encuestados respecto a su percepción y su experiencia en el sistema de justicia guatemalteco. Además, contiene algunos datos comparativos con países de la región. El estudio se realizó entre octubre y noviembre del 2021 y fue publicado este año; muestra y compara datos recabados en 2018.

Luego de 10 años del experimento de la CICIG (que dejó de operar en 2019) la percepción recogida por el estudio del WJP arroja resultados que sorprenden, porque se esperaría que, sin ese ente y lo que debía representar, la confianza en el sistema de justicia caería y la percepción sería que estamos peor sin la CICIG. Los resultados del estudio dicen lo contrario.

A continuación se comentan algunos de los resultados y, sobre todo, la comparación de nivel de confianza en el sistema de justicia entre 2018 (con CICIG) y 2021 (sin CICIG).

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El primer dato importante es, sin duda, que la percepción de los guatemaltecos respecto de que los gobernantes son responsabilizados (judicialmente) de sus actos, ha bajado. Solo el 38 % de los encuestados guatemaltecos cree que un funcionario gubernamental de alto rango sería procesado y castigado si malversara fondos públicos para beneficio personal; en 2018 era del 46%. Si bien la percepción de corrupción acerca de los miembros del Congreso, policía, autoridades locales y gobierno central se mantuvo, la percepción de corrupción de los operadores de justicia (particularmente los del organismo judicial) disminuyó en 2021 con respecto al 2018.

La confianza en los operadores de justicia mejoró con respeto al 2018; también mejoró la confianza en los actores del Organismo Judicial, Ejecutivo y de los gobiernos locales, aunque sigue siendo relativamente baja.

Otro dato positivo es que, con respecto al 2013 y 2016 (33%), en 2021 los encuestados respondieron sentirse más seguros (57%), lo que es consistente con la adquisición de confianza en la policía y en los operadores de justicia, según datos del 2021.

En cuanto a la libertad de expresión, se mantuvo la percepción de que los medios de comunicación pudiesen expresarse libremente contra el gobierno (62%), pero subió la percepción de libertad de en denunciar casos de corrupción (de 67% a 68%). Tanto los partidos políticos, personas individuales y organizaciones de la sociedad civil fueron percibidos como “más libres” para expresarse en contra del gobierno o sobre hechos de corrupción. Así, en términos generales, la percepción de libertad de expresión mejoró en 2021 con respecto al 2018.

La percepción de corrupción de los miembros del Congreso se mantuvo en 68% y la de los otros organismos del Estado y de la policía disminuyó; la población percibe que son menos corruptos que en 2018, incluido el Organismo Ejecutivo.

Los datos anteriores son relevantes (y hasta sorprendentes) porque son el resultado de la percepción de los encuestados, la ciudadanía. Esto, a dos años del período presidencial actual y en el cuarto año del período de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, además de que la Corte Suprema de Justicia es la misma (en funciones) que en 2018.

La diferencia entonces, la entidad que ya no estaba en 2021 y sí en 2018 es la CICIG. ¿Por qué es relevante ese dato? Porque ya sin CICIG, la percepción de la ciudadanía es que las instituciones y organismos del Estado encargados de velar por la seguridad y justicia han mejorado. También ha mejorado la percepción de la ciudadanía con respecto a libertades como la de expresión y ha mejorado la confianza en las instituciones. Los datos del estudio del WJS hablan por sí solos.

El World Justice Project no puede ser señalado o acusado de maquillar los datos para favorecer al actual gobierno o a la gestión de la Fiscal General, por lo que, viniendo de esa fuente, los datos merecen credibilidad.

No todo es favorable, claro, y en el sector justicia (como en muchos otros), también hay muchos rezagos y vicios que deben ser superados. Sin embargo, usualmente se conocen estadísticas y datos negativos sobre la gestión gubernamental o la administración de justicia y, cuando se da a conocer un dato favorable, usualmente es descartado por provenir de una fuente oficial que a criterio del público, es falso o tendencioso.

Por eso, se recalca, el resultado del estudio del World Justice Project debe ser divulgado y conocido, tanto los datos favorables, como los negativos. Todo ello es la percepción de la ciudadanía que más allá de lo que leemos en medios y vemos en redes sociales, cuando menos ante los ojos de la población, no es todo malo.

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