Cerca de 400 empresas cableoperadoras funcionan en todo el territorio de Guatemala, pero solo 50 de estas prestan servicios a casi el 75 por ciento de los usuarios de este sistema, de acuerdo con estadísticas de la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por Cable de Centro América (Aprodica-Guatemala).

Esta entidad fue creada hace 9 años y busca que los distribuidores de señal de cable en el país operen de conformidad con las normativas nacionales e internacionales existentes para esa función, y así evitar la proliferación de la piratería o el uso ilegal de este medio para la venta de anuncios comerciales.

A partir de 2013, cuando fue creada Aprodica-Guatemala, se han presentado 50 denuncias ante el Ministerio Público (MP) por delitos como violación a los derechos de autor, con el objetivo de que se realicen investigaciones en contra de los cableoperadores que incumplen con la ley.

De esa cuenta, se puso especial atención en la costa sur, en donde funcionan las empresas de una de las familias más conocidas en esa región: los Maldonado, quienes durante varios años han tenido una amplia relación con autoridades locales, han logrado que varios de sus miembros ocupen puestos de poder, como diputaciones, y, además, pudieron imponer a personas allegadas a ellos como máximas autoridades de la Unidad de Control y Supervisión de Cable (Uncosu), entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que se encarga de verificar las operaciones de las cableras.

En el Registro Mercantil aparecen inscritas 14 empresas de cableoperador propiedad de los Maldonado, quienes poco a poco han extendido su emporio y hoy su área de trabajo alcanza 103 municipios de 17 departamentos, siendo así la segunda red de cable más grande en el territorio guatemalteco.

¿Cómo surgió el poder?

Aunque existen otras distribuidoras de señal de televisión por cable más pequeñas en la costa sur, los señalamientos de los dueños de estas es el mismo en contra de los Maldonado, quienes usan artimañas como ofrecer la compra del sistema o del espacio de transmisión, para ellos colocar sus canales, y finalmente exigir a las autoridades de la Uncosu el desarrollo de supervisiones a estas empresas, con el objetivo de amedrentar a sus propietarios.

Según los registros de las empresas, la familia tiene a su disposición:

• Servicom América, que presta sus servicios en 18 municipios en Escuintla, Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Jutiapa, Quiché, Retalhuleu, Suchitepéquez y Santa Rosa.
• Teleprogreso, cuya señal se difunde en 7 municipios de Santa Rosa, Guatemala y Jutiapa.
• Intercable (Servicios e Instalaciones), que alcanza 23 municipios de Jutiapa, Jalapa, Quetzaltenago, Retalhuleu y Suchitepéquez.
• Intercable (Red Internacional), que opera en 9 municipios de Baja Verapaz y Sololá.
• Intercable Sololá, que llega a 2 municipios más de Sololá.
• Programación de Servicios, que atiende a los usuarios de Mixco, en Guatemala.
• Cablevisión Coatepeque, para los usuarios de Coatepeque, en Quetzaltenango.
• Satélite Sistemas (La Máquina), que opera en San José La Máquina, en Suchitepéquez.
• Cablevisión Pinula, con alcance en 2 municipios de Guatemala: Santa Catarina Pinula y Villacanales.
• Multivisión TV por Cable, con sede en Chiquimulilla, en Santa Rosa.
• Cable Samayac, que sirve sus señal a 3 municipios de Suchitepéquez.
• Cablevisión La Blanca, para 2 municipios de San Marcos.
• Sistema de Comunicaciones y Redes (Sistecom), que opera en 31 municipios de Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango,
• Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa y Suchitepéquez.
• Servicable Chicacao, que brinda sus servicios en 2 municipios de Suchitepéquez.

Obligaciones fiscales

Por medio del decreto legislativo 41-92, el Congreso de la República creó la Ley Reguladora de Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable, más conocida como la Ley del Cable.

Esta normativa, que data de 1992, establece la reglas legales que deben cumplir todas las personas y empresas que se dedican a la distribución de señal de televisión por cable.

Allí se indica que es un satélite, una señal y un suscriptor, y también:

• Estación terrena: Es el conjunto de instrumentos mecánicos y eléctricos que son capaces de captar una señal transmitida por un satélite.
• Uso domiciliar: Es aquel que se da a una estación terrena para ser utilizada en una vivienda e instalada en un solo inmueble sin propósito lucrativo.
• Uso comercial: Es aquel que se da a una estación terrena a utilizarse por más de una vivienda con intención de lucro.
• Servicio de cable: Aquel que el usuario comercial da a un suscriptor.
• Concesionario: La persona natural o jurídica a quien el Estado otorga la autorización para operar una estación terrena, ya sea para uso domiciliar o comercial.

Además, se establece que los cableoperadores tienen varias obligaciones fiscales con las municipalidades y con la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

Estas comprenden:

• El uso de la vía pública para la instalación de los equipos de transmisión y red de cableado. Por eso, las empresas deben pagar a las comunas un arbitrio de Q2 mensuales por cada suscriptor ubicado en la capital del país o en las cabeceras departamentales, mientras que por los que están en el resto del territorio el cobro es de Q1 por usuario al mes.
• Se contempla que los concesionarios deben cancelar un impuesto específico de Q1 al mes por cada suscriptor. Este debe ser reportado a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.
• Finalmente, se señala en las disposiciones finales que los concesionarios de estaciones terrenas de uso comercial tienen la obligación de pagar un único impuesto correspondiente al número de los suscriptores a los que prestan el servicio, y se calcula así: Q500 a quienes tienen de 75 a 100 usuarios; Q2 mil 500, de 101 a 1 mil usuarios; Q5 mil, de 1 mil 1 a 10 mil usuarios; y Q10 mil, de 100 mil 1 usuarios en adelante, y debe hacerse efectivo a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Lo recaudado será para los fondos privativos del CIV.

La norma también creó a la Uncosu dentro de la cartera de Comunicaciones. República acudió a esta dependencia para conocer, entre otros aspectos el número de usuarios del sistema de transmisión de televisión por cable, entre otros aspectos.

Después de varios días, e incluso tras una visita en persona, se obtuvo una respuesta con la cual se indicó que se debía acudir a la Oficina de Acceso a la Información Pública para tener acceso a los detalles requeridos.

Rodolfo Mendoza, director de Aprodica-Guatemala, dijo que el Estado resulta perjudicado con las malas prácticas de algunos cableoperadores, porque cada año se dejan de percibir Q150 millones en el pago de impuestos, sumado a que por las violaciones a los derechos de autor la industria pierde Q230 millones.

En la Fiscalía existen denuncias en las cuales se establece que hay cableras que ofrecen canales como Univisión y NBC, entre otros, de los cuales no cuentan con la debida autorización para captar y retransmitir su señal.

Uso del sistema de cable en Guatemala

Datos del XII censo de población y VII de vivienda desarrollado en 2018 y difundidos en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que el sector comercial de cable va en crecimiento, pues las empresas dedicadas a este tipo de actividad han ganado la confianza de los guatemaltecos.

En ese sentido se estableció que:

• Dentro del territorio nacional habitaban 14 millones 901 mil 286 personas para esa época.
• La cifra de población se derivó de las visitas que personal del INE hizo a 3 millones 275 mil 931 hogares en todo el país, en los cuales habitan en promedio 4.5 personas por cada inmueble.
• De estos hogares, el 88.1 por ciento tiene acceso a la red de distribución de energía eléctrica.
• Además, 1 millón 786 mil 566 hogares están conectados a los distintos sistemas de cableoperador que hay en el país.
• Esa cifra indica que e 55 por ciento de los hogares que fuero censados tiene servicio de televisión por cable, mientras que el 45 por ciento restante no.
• Es decir que por lo menos 8 millones 39 mil 547 ciudadanos de distintas edades tienen acceso a los servicios de las cableras.

De acuerdo con los datos contextuales que se encuentran en el informe de resultados del censo, se obtuvo menos habitantes de lo que se estimaba, pero se estableció que había más personas con acceso a la televisión por cable.

Otros detalles que se consignan en el informe de resultados del censo, con motivo del uso de la televisión, señalan que:

• 16 por ciento de la población solo cuenta con señal de la televisión abierta, sumado al 55 por ciento que tiene cable.
• 17 por ciento de hogares no tiene aparato de televisión.
• 11.9 por ciento restante no tiene acceso al servicio de energía eléctrica.

Además, en los hogares que están conectados al servicio de luz eléctrica:

• 65 por ciento tiene por lo menos un radioreceptor.
• 71 por ciento tiene por lo menos un televisor.
• 79 por ciento tiene por lo menos una computadora.
• 17 por ciento tiene servicio de internet.

En ese sentido, sigue siendo el sistema de cable el que tiene mayor alcance en los hogares de todo el territorio nacional.

La televisión por cable es un sistema que cada día va en aumento, debido a las calidad de contenido audiovisual que se presenta, así como su diversidad, dijo Mendoza.

Pero también considera que todas las personas y empresas vinculadas a la red de cableoperadores del país tienen reglas claras para cumplir, con el objetivo de desarrollar sus actividades comerciales a lo largo del territorio nacional.

Sin embargo, no todo se desarrolla de la forma en la cual establecen las leyes, pues existen cableras vinculadas con hechos irregulares como:

• Empresas que tienen vínculos con políticos y figuras del poder, y que aprovechan esa situación para hacer negocios.
• Cableoperadores que se relacionan con figuras del crimen organizado, especialmente con fines de lavado de dinero.
• Cableras que ofrecen canales o contenido audiovisual que no está permitido para Guatemala.
• Entidades que ofrecen e introducen pauta comercial dentro de la programación de los canales de cable, sin que se tenga autorización para eso.

“Los principales afectados con este tipo de acciones son las empresas de televisión que ponen su contenido en la señal de cable, porque no les resulta rentable que sean transmitidos en Guatemala porque no fueron pensados para un público como el de aquí”, dijo el director de Aprodica-Guatemala.