Algunas personas, principalmente en redes sociales, han dicho y repetido que Guatemala lo que necesita es un cambio y, los más temerarios, dicen que cualquier cambio es mejor que lo actual.  Pero no solo es inexacto, sino muy peligroso.  Se puede cambiar para mal.

Cambio no es sinónimo de mejoría y para muestra está el partido de Manuel Baldizón que se llama, paradójicamente, CAMBIO.  Con este ejemplo se puede demostrar que no solo no todo cambio es bueno, sino que ni siquiera necesariamente es un verdadero cambio.  Baldizón representa precisamente la corrupción más enquistada en el sistema político.  Primero diputado del PAN, luego de la UNE y finalmente de su partido, LIDER.  Si de colores se trata, pasó del amarillo con azul, al verde y al rojo.  El color su partido actual es irrelevante, porque como los camaleones, se pone del color que le convenga.

El partido de Baldizón, primero coqueteó con la idea de lanzar a la presidencia a Carlos Pineda, quien salió de escena luego que Baldizón regresara de cumplir su condena por lavado de dinero del narcotráfico en Estados Unidos y luego de que consiguiera medidas sustitutivas en los procesos que enfrenta en Guatemala.  Pineda ahora ha sido proclamado candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana que “le dio jalón” como dijo él mismo.  A Pineda no le importaron ideología, principios o valores, como tampoco compañías partidarias. 

Baldizón, por su lado, contempló ser candidato a la presidencia, pero a último momento decidió ser candidato a diputado, asegurando así -de ser inscrito y electo- inmunidad.  A último momento -dijo- cedió el espacio a un exdiputado de LIDER, Álvaro Trujillo (pariente de Manuel Baldizón), sin posibilidad alguna de resultar ganador. 

Manuel Baldizón se hace acompañar como candidato a diputado por su hijo Jorge, que va de segundo en el listado nacional, detrás de su padre.  El otro hijo, Manuel Baldizón Vargas, encabeza el listado de diputados distritales de Petén.

El exconvicto por lavado de dinero del narcotráfico en Estados Unidos y procesado por dos casos de corrupción en Guatemala, de ser inscrito, ganaría la diputación y la consecuente inmunidad.  Pero ¿Puede o debe ser candidato según la constitución y las leyes?  La respuesta no es simple.

Uno de los requisitos legales que el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos imponía era la presentación de carencia de antecedentes tanto penales como policiacos; Baldizón no tiene antecedentes penales, más sí policiacos debido a su captura al ingresar a Guatemala.  Sin embargo, ese requisito fue retirado y ahora no es necesario presentar tales documentos.  De esa cuenta, varios exdiputados y exfuncionarios que incluso han purgado condenas por delitos relacionados a corrupción ahora han sido inscritos.  

Pero la Constitución impone también requisitos para ser optar a empleos o cargos públicos.  El artículo 113 constitucional dice textualmente: 

“Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez” (el resaltado es propio).

 Entonces, el Director del Registro de Ciudadanos, al momento de resolver la inscripción de todo candidato, debe considerar si existen razones fundadas de méritos de capacidad, idoneidad y honradez.  Las palabras clave son “razones fundadas” y “méritos”.

Claramente, una persona que ha sido condenada por lavar dinero del narcotráfico no tiene mérito alguno de honradez.  Existe el precedente del expresidente Alfonso Portillo a quien le fue rechazada su inscripción como candidato a diputado luego de purgar una condena precisamente por lavado de dinero.  

Atendiendo a los criterios constitucionales referidos, por la misma razón, Baldizón no es idóneo para ser diputado una vez más, pues fue durante el tiempo que fue diputado que recibió el dinero del narcotráfico que posteriormente lavó.  Así, no sería idóneo para exactamente la misma posición que tuvo cuando delinquió.

No se requiere mayor análisis al respecto y el Director del Registro de Ciudadanos tiene la obligación, como todo funcionario y empleado público, de cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución.  

No cualquier CAMBIO es bueno; algunos cambios son para mal o no son cambios en lo absoluto.