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El senador Mike Lee pone en aprietos al secretario de Estado Blinken

La respuesta de secretario de Estado debe ser entregada a más tardear el 13 de enero del 2023

Senador Mike Lee (Foto: redes sociales)
Alejandro Palmieri
12 de diciembre, 2022

La semana pasada circuló en redes sociales una carta fechada 8 de diciembre suscrita por el senador republicano Mike Lee y dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken.  En la carta, el senador Lee, luego de hacer un pertinente recuento de hechos que preocupan respecto al actuar del Departamento de Estado y, en particular, del exembajador en Guatemala Todd Robinson, le pide al secretario responder 5 interrogantes.

El senador Lee se ha identificado con las causas de los guatemaltecos referentes a la rendición de cuentas por parte la extinta CICIG y de los apoyos del gobierno norteamericano para con algunos actores llamados “anticorrupción” desde la salida de aquella comisión.  La preocupación patente del senador del estado de Utah se centra en cómo es que esa secretaría -ministerio- llega a la conclusión de qué persona es designada como “corrupta y/o antidemocrática” para ser incluido en las listas que esa secretaría elabora, en especial la elaborada bajo la Sección 353 (Reporte sobre actores corruptos y antidemocráticos al Congreso) conocida coloquialmente como “Lista Engel”.  

Preocupa al senador, particularmente, que dicha lista sea basada en elaborada con base en “información creíble” -como manda la normativa- basada a su vez en determinadas publicaciones periódicas guatemaltecas con “narrativas políticas movidas por sesgos mediáticos y políticos activistas que impulsan narrativas y agendas unilaterales en Guatemala” (sic).

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El senador prosigue en su carta diciendo: “Ahora, con la creación el año pasado de la Fuerza de Tarea Anticorrupción (ACTF), que se completa con una línea directa administrada por el FBI, hay aún más razones para preocuparse por la persecución selectiva por el Departamento de Estado de los conservadores políticos”. 

Así, con ese y otros sustentos, el senador le requiere al secretario Blinken responder las siguientes interrogantes (la traducción es propia):
 
1.      ¿Cuáles son los criterios probatorios para la inclusión en la lista de sanciones?
2.     ¿Cuál es el criterio del Departamento para determinar si una persona es un actor antidemocrático?
3.     ¿Qué fuentes de medios y oenegés están siendo utilizadas como evidencia por el Departamento para sancionar individuos? ¿Cuáles son sus conexiones, financieras o de otro tipo, con el Departamento?
4.    ¿Considera en su análisis que los reportajes de los medios tomados en cuenta pueden contener información sesgada? ¿Qué criterios, si los hay, utiliza el Departamento para equilibrar la información proveniente de medios en contra el acusado?
5.     ¿Qué garantías de debido proceso se brindan a los acusados?

 

Como se aprecia, las preguntas van a que sea perfectamente claro el origen de la información, si esta proviene de oenegés -o sus directivos- y si es la recogida en medios de comunicación, si estos medios pudiesen estar sesgados en algún sentido. 
La corrupción en Guatemala es rampante y que los señalados pudiesen estar involucrados en actos “corruptos o antidemocráticos” es una genuina posibilidad; sin embargo, en aquel país que se precia de respetar el debido proceso y que sus instituciones no son tan permeables -como las guatemaltecas, digamos- a los intereses particulares de funcionarios pasajeros, la aplicación de sanciones con base en “información creíble” debe estar muy bien fundamentada.  El riesgo que el senador Lee percibe es que las actuales autoridades del Departamento de Estado estén haciendo eco a las quejas de exfuncionarios guatemaltecos cercanos a esa cartera y a publicaciones de algunos medios, mas no de todos y que dicha información esté sesgada o sea falaz.  Una posibilidad, sin duda.
También preocupante, es el hecho de que el Departamento de Estado reconozca abiertamente que su programa de “Imperio de la Ley” sea un programa político (en contraposición a un apoyo institucional o cooperación técnica) teniendo en cuenta que el encargado es precisamente Todd Robinson a quien el senador ha señalado antes de interferir indebidamente en los asuntos de Guatemala, verbigracia su cercana relación con algunas oenegés y sus directivos que, a su vez, han sido señalados de intentar manipular el sistema judicial y político de este país.
Para cualquier guatemalteco que busque mantenerse informado, resulta más que evidente la relación que hubo entre ciertos medios y periodistas que se entregaron a la causa de la CICIG, abandonando la causa de la justicia y la imparcialidad.  La relación que se forjó en aquellos tiempos puede estar siendo aprovechada para avanzar una agenda que no sea precisamente la de la lucha en contra de la corrupción; si es con información parcializada con la que se fundamentan las sanciones, tal como lo cuestiona el senador Lee, las respuestas del secretario Blinken serán transcendentales para evidenciar -aún más- lo que en Guatemala cada vez es más obvio.
La respuesta de secretario de Estado debe ser entregada a más tardear el 13 de enero del 2023; oportuna fecha para aclarar algunos puntos justo antes de la convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral.