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El TSE debe prescindir de la actual compra de software y equipo

Lo anterior es suficiente para que los funcionarios a cargo del proceso electoral se den cuenta que se juegan su prestigio al proseguir con una pretendida compra en las condiciones que lo hacen.  

Fachada del TSE
Alejandro Palmieri
27 de septiembre, 2022

Estamos a cuatro meses de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales, que se llevarán a cabo entre julio y agosto del próximo año.  Más allá de la poca certeza -más bien incertidumbre- que hay sobre qué partidos participarán y quiénes serán sus candidatos, ni los primeros, ni los segundos han dado a conocer qué harán, y mucho menos cómo ni con qué.

Ese es un problema recurrente en Guatemala, pero a esa grave deficiencia de la democracia local ahora debemos agregar un elemento nuevo: el miedo fundado a que las elecciones, esta vez más que otras, puedan no ser libres y transparentes.  Esta vez, la presión del oficialismo puede llegar a ser tal, que no se permita la participación de algunos candidatos, pero a ello hay que agregarle otro elemento más: la intención, por parte del TSE, de adquirir un nuevo software para la transmisión de datos el día de la elección, y otro para la digitalización biométrica de los votantes; esto último llevaría aparejada la adquisición de equipo de cómputo para tal fin.

La intención de adquirir ese software y equipo ha sido criticada desde que se conoció, debido a varios factores que por sí solos darían qué pensar, pero todos en su conjunto llevan a pensar lo peor.  

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El TSE justifica su actuar en que en el presupuesto para este año (Ley del Presupuesto 2022) aprobado por el Congreso de la República, se incluyó un artículo que lo faculta -al TSE- para que, en este año preelectoral, también pueda hacer uso de los fondos destinados al evento electoral del 2023, adicionalmente a que para ello podía usar la figura de compra por excepción y no pasar por el proceso que manda la Ley de Contrataciones del Estado: la licitación.  

Así, el TSE pudo “lanzar” el evento sin publicarlo en Guatecompras -solo lo hizo en su propio portal- y sin llenar los requisitos de un evento de licitación, como debiese ser normalmente para una pretendida adquisición por más de 500 millones de quetzales.

El monto es otro de los factores que causan temor; de por sí es una compra cuantiosa, como para que no se utilicen todos los mecanismos de transparencia que la ley manda.   

Un factor adicional es la única la empresa que presentó oferta: Smartmatic.  Esa compañía multinacional ha provisto “soluciones” en varios países y elecciones, y en algunos de ellos ha sido señalada puesto que los resultados fueron fuertemente criticados, como es el caso de las elecciones para Asamblea Constituyente en Venezuela en el 2017.  En aquella ocasión, dicha empresa acusó al régimen por fraude electoral.  Genera poca confianza en el software que la empresa que lo proveyó para el voto electrónico -y en teoría seguro- demande al gobierno -su cliente- porque vulneró dicho sistema.  

Con ese antecedente, el último factor que genera desconfianza en amplios sectores de la sociedad es el representante que dicha empresa tiene en Guatemala.  Se trata de un ex funcionario del actual gobierno, el ex viceministro de Gobernación Elizandro López Flores.  Smartmatic, además, constituyó una sucursal en un paraíso fiscal y es a través de ella que incursiona en Guatemala.  

Uno solo de los factores antes indicados sería suficiente para generar sospecha, pero todos juntos es ominoso.

Ante todo ello, varias organizaciones de sectores religiosos, académicos, de la denominada sociedad civil, pero también del sector privado organizado, han mostrado su rechazo al evento como tal y han pedido que se replantee el proceso y que se encause con todas las medidas de transparencia que el actual proceso carece.  Unas bases de licitación con requerimientos “imposibles de cumplir” a menos que se tuviera conocimiento previo, aunado a un plazo de solo 8 días para presentar oferta alimentan las sospechas generalizadas.

Lo anterior es suficiente para que los funcionarios a cargo del proceso electoral se den cuenta que se juegan su prestigio al proseguir con una pretendida compra en las condiciones que lo hacen.  

República. hace un enérgico llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que prescindan del actual evento para la adquisición de software y equipo y que, de considerarse aún necesario, se convoque a una licitación con todas las de ley para que los controles puedan funcionar y dar certeza y transparencia a esa cuantiosa adquisición. 

Los Magistrados del TSE deben tomar en cuenta lo señalado y comprender que la intención no se trata de impedir la modernización del sistema electoral, es que se haga de manera transparente, segura y de modo que no quepa duda alguna.

La república descansa sobre la separación de poderes y la no injerencia de ninguno en las decisiones de otro o de un ente electoral; la democracia descansa sobre la absoluta certeza de que las elecciones se lleven a cabo sin sospecha alguna y con la participación de todos los candidatos posibles.  

República y democracia, están acá en juego.  

 

 

El TSE debe prescindir de la actual compra de software y equipo

Lo anterior es suficiente para que los funcionarios a cargo del proceso electoral se den cuenta que se juegan su prestigio al proseguir con una pretendida compra en las condiciones que lo hacen.  

Fachada del TSE
Alejandro Palmieri
27 de septiembre, 2022

Estamos a cuatro meses de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales, que se llevarán a cabo entre julio y agosto del próximo año.  Más allá de la poca certeza -más bien incertidumbre- que hay sobre qué partidos participarán y quiénes serán sus candidatos, ni los primeros, ni los segundos han dado a conocer qué harán, y mucho menos cómo ni con qué.

Ese es un problema recurrente en Guatemala, pero a esa grave deficiencia de la democracia local ahora debemos agregar un elemento nuevo: el miedo fundado a que las elecciones, esta vez más que otras, puedan no ser libres y transparentes.  Esta vez, la presión del oficialismo puede llegar a ser tal, que no se permita la participación de algunos candidatos, pero a ello hay que agregarle otro elemento más: la intención, por parte del TSE, de adquirir un nuevo software para la transmisión de datos el día de la elección, y otro para la digitalización biométrica de los votantes; esto último llevaría aparejada la adquisición de equipo de cómputo para tal fin.

La intención de adquirir ese software y equipo ha sido criticada desde que se conoció, debido a varios factores que por sí solos darían qué pensar, pero todos en su conjunto llevan a pensar lo peor.  

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El TSE justifica su actuar en que en el presupuesto para este año (Ley del Presupuesto 2022) aprobado por el Congreso de la República, se incluyó un artículo que lo faculta -al TSE- para que, en este año preelectoral, también pueda hacer uso de los fondos destinados al evento electoral del 2023, adicionalmente a que para ello podía usar la figura de compra por excepción y no pasar por el proceso que manda la Ley de Contrataciones del Estado: la licitación.  

Así, el TSE pudo “lanzar” el evento sin publicarlo en Guatecompras -solo lo hizo en su propio portal- y sin llenar los requisitos de un evento de licitación, como debiese ser normalmente para una pretendida adquisición por más de 500 millones de quetzales.

El monto es otro de los factores que causan temor; de por sí es una compra cuantiosa, como para que no se utilicen todos los mecanismos de transparencia que la ley manda.   

Un factor adicional es la única la empresa que presentó oferta: Smartmatic.  Esa compañía multinacional ha provisto “soluciones” en varios países y elecciones, y en algunos de ellos ha sido señalada puesto que los resultados fueron fuertemente criticados, como es el caso de las elecciones para Asamblea Constituyente en Venezuela en el 2017.  En aquella ocasión, dicha empresa acusó al régimen por fraude electoral.  Genera poca confianza en el software que la empresa que lo proveyó para el voto electrónico -y en teoría seguro- demande al gobierno -su cliente- porque vulneró dicho sistema.  

Con ese antecedente, el último factor que genera desconfianza en amplios sectores de la sociedad es el representante que dicha empresa tiene en Guatemala.  Se trata de un ex funcionario del actual gobierno, el ex viceministro de Gobernación Elizandro López Flores.  Smartmatic, además, constituyó una sucursal en un paraíso fiscal y es a través de ella que incursiona en Guatemala.  

Uno solo de los factores antes indicados sería suficiente para generar sospecha, pero todos juntos es ominoso.

Ante todo ello, varias organizaciones de sectores religiosos, académicos, de la denominada sociedad civil, pero también del sector privado organizado, han mostrado su rechazo al evento como tal y han pedido que se replantee el proceso y que se encause con todas las medidas de transparencia que el actual proceso carece.  Unas bases de licitación con requerimientos “imposibles de cumplir” a menos que se tuviera conocimiento previo, aunado a un plazo de solo 8 días para presentar oferta alimentan las sospechas generalizadas.

Lo anterior es suficiente para que los funcionarios a cargo del proceso electoral se den cuenta que se juegan su prestigio al proseguir con una pretendida compra en las condiciones que lo hacen.  

República. hace un enérgico llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que prescindan del actual evento para la adquisición de software y equipo y que, de considerarse aún necesario, se convoque a una licitación con todas las de ley para que los controles puedan funcionar y dar certeza y transparencia a esa cuantiosa adquisición. 

Los Magistrados del TSE deben tomar en cuenta lo señalado y comprender que la intención no se trata de impedir la modernización del sistema electoral, es que se haga de manera transparente, segura y de modo que no quepa duda alguna.

La república descansa sobre la separación de poderes y la no injerencia de ninguno en las decisiones de otro o de un ente electoral; la democracia descansa sobre la absoluta certeza de que las elecciones se lleven a cabo sin sospecha alguna y con la participación de todos los candidatos posibles.  

República y democracia, están acá en juego.