Entregar administración del puerto a EPQ sería un retroceso en la competitividad
Trasladar la administración de la terminal de contenedores a la EPQ pondría en riesgo la competitividad ganada desde que APM se hizo cargo.
El año pasado el presidente Alejandro Giammattei ofreció desistir de las acciones legales en contra de APM Terminals, ofreciendo comprar la infraestructura y trasladar la administración del Puerto Quetzal a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
Pese a que República GT intentó obtener una postura del Ejecutivo, a través de la Comisión Portuaria Nacional, sobre el estado de las negociaciones sobre la adquisición de la maquinaria para que EPQ administre el Puerto, no se obtuvo respuesta; APM Terminals tampoco accedió a emitir algún pronunciamiento al respecto.
APM Terminals, que asumió la administración del puerto tras el escándalo por el pago de sobornos de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) al expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y otros ex funcionarios.
Sin embargo, la decisión del mandatario significaría un retroceso en la competitividad, consideró Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Maúl también refirió que “operar el Puerto Quetzal como una empresa pública es hacer ineficiente el funcionamiento del puerto, ya que tendría que regularse en materia específica el tema laboral y presupuestario. La EPQ es una empresa pública que se regula bajo la legislación que tiene que ver con el manejo de recursos del sector público, entonces al sector le cuesta realizar compras, contrataciones, infraestructura y muestra de ello eso lo que sucede en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)”.
Maúl también recordó que según los índices internacionales de competitividad mejoraron notablemente desde que la terminal comenzó a funcionar.
Además, el analista del CIEN señaló que el puerto necesita recibir barcos más grandes y para ello necesita que el canal sea más profundo y que se realice el calado en los atracadores, pero estas obras deben realizarse bajo un contexto que garantice la transparencia, eficacia y competencia, sentenció Maúl.
¿Afectará el comercio?
Jean Paul Brichaux del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) consideró que es necesario garantizar el funcionamiento de la terminal de contenedores.
Brichaux también resaltó la importancia de crear certeza en procesos por medio de los que se cede la administración de la terminal, ya que la falta de ella provocó que APM no implementara la segunda fase del proyecto, en la que pretendía ampliar la infraestructura.
Con esa fase se reduciría el congestionamiento de buques que ya mantiene a 15 embarcaciones detenidas en el Puerto Quetzal, consideró Brichaux.
En tanto, Fanny Estrada, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) indicó que el trabajo desarrollado por APM había sido importante para la competitividad del país.
Estrada también resaltó sobre la necesidad de contar con una empresa especializada en la administración portuaria, por lo que consideró que el desempeño de APM ha significado en un avance en la competitividad.
Disputa legal
Sin embargo, la figura por medio de la cual se entregó la administración de la fracción del Puerto Quetzal (usufructo oneroso) fue impugnada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), iniciando una batalla legal que se ha librado en varias instancias.
La última resolución fue emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), quien ordenó a la Cámara Civil emitir un nuevo fallo sobre las acciones de amparo interpuestas contra la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo.
La Cámara Civil había resuelto que la Sala carecía de competencia para resolver la nulidad del contrato, pero la CC indicó que la Sala sí tiene atribuciones para conocer, en caso de controversias, los actos o resoluciones derivadas de contratos o concesiones administrativas.
Entregar administración del puerto a EPQ sería un retroceso en la competitividad
Trasladar la administración de la terminal de contenedores a la EPQ pondría en riesgo la competitividad ganada desde que APM se hizo cargo.
El año pasado el presidente Alejandro Giammattei ofreció desistir de las acciones legales en contra de APM Terminals, ofreciendo comprar la infraestructura y trasladar la administración del Puerto Quetzal a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
Pese a que República GT intentó obtener una postura del Ejecutivo, a través de la Comisión Portuaria Nacional, sobre el estado de las negociaciones sobre la adquisición de la maquinaria para que EPQ administre el Puerto, no se obtuvo respuesta; APM Terminals tampoco accedió a emitir algún pronunciamiento al respecto.
APM Terminals, que asumió la administración del puerto tras el escándalo por el pago de sobornos de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) al expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y otros ex funcionarios.
Sin embargo, la decisión del mandatario significaría un retroceso en la competitividad, consideró Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Maúl también refirió que “operar el Puerto Quetzal como una empresa pública es hacer ineficiente el funcionamiento del puerto, ya que tendría que regularse en materia específica el tema laboral y presupuestario. La EPQ es una empresa pública que se regula bajo la legislación que tiene que ver con el manejo de recursos del sector público, entonces al sector le cuesta realizar compras, contrataciones, infraestructura y muestra de ello eso lo que sucede en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)”.
Maúl también recordó que según los índices internacionales de competitividad mejoraron notablemente desde que la terminal comenzó a funcionar.
Además, el analista del CIEN señaló que el puerto necesita recibir barcos más grandes y para ello necesita que el canal sea más profundo y que se realice el calado en los atracadores, pero estas obras deben realizarse bajo un contexto que garantice la transparencia, eficacia y competencia, sentenció Maúl.
¿Afectará el comercio?
Jean Paul Brichaux del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) consideró que es necesario garantizar el funcionamiento de la terminal de contenedores.
Brichaux también resaltó la importancia de crear certeza en procesos por medio de los que se cede la administración de la terminal, ya que la falta de ella provocó que APM no implementara la segunda fase del proyecto, en la que pretendía ampliar la infraestructura.
Con esa fase se reduciría el congestionamiento de buques que ya mantiene a 15 embarcaciones detenidas en el Puerto Quetzal, consideró Brichaux.
En tanto, Fanny Estrada, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) indicó que el trabajo desarrollado por APM había sido importante para la competitividad del país.
Estrada también resaltó sobre la necesidad de contar con una empresa especializada en la administración portuaria, por lo que consideró que el desempeño de APM ha significado en un avance en la competitividad.
Disputa legal
Sin embargo, la figura por medio de la cual se entregó la administración de la fracción del Puerto Quetzal (usufructo oneroso) fue impugnada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), iniciando una batalla legal que se ha librado en varias instancias.
La última resolución fue emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), quien ordenó a la Cámara Civil emitir un nuevo fallo sobre las acciones de amparo interpuestas contra la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo.
La Cámara Civil había resuelto que la Sala carecía de competencia para resolver la nulidad del contrato, pero la CC indicó que la Sala sí tiene atribuciones para conocer, en caso de controversias, los actos o resoluciones derivadas de contratos o concesiones administrativas.