La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala nació en el año 2007, como resultado de la firma de un acuerdo internacional entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas. Su creación se dio como el paso ulterior de un proceso de años dónde Guatemala buscaba fortalecer las instituciones del sistema de justicia en su lucha contra organizaciones criminales, específicamente cuerpos clandestinos de seguridad que operaban en el territorio desde los últimos años del conflicto armado interno. CICIG nació con el fin de apoyar al Estado de Guatemala a llevar a cabo investigaciones contra dichas organizaciones criminales. 

Es menester hacer énfasis en la palabra apoyo, puesto que en ningún momento se buscó en los considerandos del acuerdo que CICIG se integrara al sistema de justicia como una institución con autoridad de facto, sino más bien como un cuerpo internacional que auxiliara a las autoridades locales a llevar a cabo investigaciones criminales. La idea era desarticular esos grupos criminales con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la soberanía del Estado de Guatemala. No se trataba, en su origen, de una intervención humanitaria o política sino, más bien, de una ayuda para un Estado que se reconocía y había demostrado ser incapaz de combatir dichos cuerpos clandestinos de seguridad. 

El asesinato de los diputados salvadoreños del PARLACEN en territorio guatemalteco le dio una relevancia internacional a la situación del país que hizo imposible escapar la realidad que se atravesaba. En dicho contexto, Guatemala aceptó ante la comunidad internacional su poca capacidad para fortalecer el sistema de justicia y, por lo tanto, acudió en un acuerdo mutuo a instancias supranacionales para salir de su crisis. CICIG nació, sin embargo, con defectos de diseño institucional desde su propia creación: la duración prorrogable del acuerdo con una vigencia de solamente 2 años y la reserva del derecho a romper el acuerdo a solamente una de las partes, en este caso, siendo esta parte privilegiada la Organización de las Naciones Unidas. 

Este grave error de diseño dejaba la institución expuesta a posibles abusos de poder e incentivos perversos para su supervivencia. Sabiendo que su duración era tan corta y que para su supervivencia necesitaba resultados en solamente dos años, CICIG estaba condenada a convertirse en un monstruo con mucho más poder del que debía tener. Esto se entiende, especialmente, en el contexto de un país con tanta fragilidad estatal como Guatemala, dónde, inevitablemente, una instancia internacional como Naciones Unidas tiene mucha más legitimidad que el Estado propio ante su población. En los primeros años desde su creación, esta verdad no era lo suficientemente evidente como para alertar a los guatemaltecos de sus peligros, además de que la causa de su existencia aparentaba ser lo suficientemente justa como para soportar ese error. 

No obstante, los incentivos perversos de la institución llevarían a una crisis política grave, con ramificaciones internacionales y que se llevaría consigo la estabilidad política del país y la legitimidad del ya de por sí deficiente sistema de justicia que CICIG suponía fortalecer. En la narrativa de los 12 años de operaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, lo más grave y tenso fueron los últimos 5 años de su permanencia en el país. Presidentes, diputados y empresarios, principalmente, vieron cómo se instrumentalizó la causa anticorrupción como pretexto para cometer abusos contra pilares fundamentales del Estado de Derecho como lo son el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías legales que se tienen para alguien investigado por las autoridades. Toda esta historia y estos abusos tienen un común denominador, un nombre que se encuentra en todos y cada uno de dichos abusos: Iván Velásquez Gómez.  

Iván Velásquez fue nombrado nuevo comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala a finales del año 2013, iniciando su mandato en 2014. Velásquez ‒altamente señalado en Colombia por su estrecha relación con las FARC desde los inicios de su carrera e incluso vinculado al actual presidente colombiano y exguerrillero, Gustavo Petro‒ llegó a Guatemala, heredando una estructura institucional donde CICIG ya tenía mucho más poder del originalmente intencionado. Para el año 2014, CICIG había conseguido ya impulsar la creación de nuevos juzgados, creados con el fin exclusivo de tratar casos relacionados con el crimen organizado y brindar más salvaguardas a los jueces que trataran estos casos: los Juzgados de Riesgo Mayor. Dichos juzgados se volvieron el instrumento perfecto para que fueran siempre los mismos jueces quienes se encargaran de tratar los casos de CICIG, un mecanismo ideal para mantener una relación formal entre juez y parte. 

No obstante, para 2014 poco se sospechaba de CICIG como una institución intervencionista como tal. Era un mecanismo poco útil, que había conseguido pocos avances serios en el fortalecimiento del sector de justicia e incapaz de perseguir a estructuras de crimen organizado como el narcotráfico. La mayor amenaza para la comisión era la presencia del presidente Otto Pérez Molina que, ante la ineficiencia de la comisión, mostraba ya su interés por no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. En vista de que peligraba su supervivencia, era evidente la necesidad de conseguir resultados claros, sabiendo también que el tiempo era limitado. Desde aquí se puede prever que se iban a cometer abusos, al final de cuentas, los procesos judiciales son largos y tardíos, pero CICIG no contaba con tiempo de sobra para presentar resultados contundentes. 

Velásquez fue el artífice perfecto de una confabulación entre la agenda internacional del presidente Obama, la narrativa mediática, los agentes del sector de justicia y las investigaciones de CICIG. Desde las oficinas de la comisión en la zona 14, desde la llegada de Velásquez, la comisión se volvió en un instrumento intervencionista capaz de, incluso, conseguir la renuncia de un presidente y su vicepresidenta. CICIG pasó de ser un apoyo para el Ministerio Público y fiscalías como la FECI a ser el principal promotor de la agenda de la persecución criminal en el país. La colusión implicó espectáculos mediáticos en los procesos de captura; violaciones de los tiempos de prisión preventiva; excesos en los plazos establecidos para las audiencias de los capturados; alineamiento de objetivos entre jueces y fiscales, pero principalmente el desaparecimiento del principio de presunción de inocencia y un total atropello al debido proceso. 

Guatemala se volvió un experimento jurídico de cómo una organización internacional como las Naciones Unidas podían impulsar su agenda en un Estado soberano a través del sistema de justicia. Una injerencia de tal magnitud que ninguno de los contrapesos republicanos podía contrarrestar. La politización de las cortes guatemaltecas se volvió una Hidra de Lerna incapaz de decapitar o neutralizar, apoyada por un organismo internacional y los países más poderosos del mundo, como los Estados Unidos. Velásquez logró manipular la narrativa del trabajo de CICIG como una institución que promovía la lucha contra la impunidad tras lograr que una investigación llevara a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por el caso “La Línea”. A partir de tal logro, dónde se evidenció una estructura fraudulenta en la administración de aduanas en el país, CICIG se posicionó ante la población guatemalteca y la comunidad internacional como el gran enemigo de la corrupción en el país, a pesar de que los casos investigados por la comisión terminaron en pocas verdaderas condenas judiciales. 

Tras aquel mega caso que en 2015 consiguió un paro nacional, manifestaciones multitudinarias y la renuncia del Jefe de Estado y su vicepresidenta, el poder y legitimidad acumulada por CICIG le permitía justificar cualquier abuso con el precedente de haber evidenciado una estructura criminal dentro del Estado mismo. Aunque ese único caso hubiese sido pretexto para alargar su mandato, no era suficiente para justificar que después de tantos años CICIG hubiese hecho poco o nada por fortalecer el sistema de justicia guatemalteco: lejos de ello, le había absorbido, debilitado y vuelto totalmente dependiente de la comisión. Es ahí cuando Saturno devoró a sus hijos y CICIG terminó de corromper y destruir las bases del Estado de Derecho en el país. 

Para el momento en el que llegó el gran caso “La Línea”, la sociedad guatemalteca estaba dividida en tres grandes grupos. El primero es el que entendemos por la colusión que se formó entre CICIG, el Ministerio Público, la FECI, la embajada de Estados Unidos, los medios y sus simpatizantes. Este grupo era el que reconocía que en el país había corrupción y que era necesario combatirla, sabiendo perfectamente que para ello tenían que saltarse la ley, irrespetar el debido proceso y violar la constitución. Conscientes de ese hecho, este grupo prefirió la lucha contra la corrupción que el Estado de Derecho. El siguiente grupo eran los corruptos, tanto políticos como políticos-empresarios, que sabiendo del peligro de CICIG para ellos empezaron a resistirse a ella e intentar defenderse atacándola. El último grupo eran los empresarios, políticos honestos y ciudadanos que apoyaban y habían apoyado la lucha contra la corrupción, incluso apoyando abiertamente la renuncia de Otto Pérez Molina, pero que se empezaron a dar cuenta de las violaciones al debido proceso y a la ley, sabiendo que esto debilitaba el Estado de Derecho. 

Este último grupo, los republicanos fieles a sus principios, siguieron apoyando la lucha contra la corrupción, sin embargo, denunciando los abusos intolerables de la colusión anteriormente mencionada. Reconocer el peligro de ignorar la ley para obtener sus objetivos fue lo que hizo que CICIG y el resto de sus aliados se tornaran contra ellos, no contra los corruptos, sino contra los empresarios, políticos y ciudadanos honestos que denunciaban el peligro de lo que se estaba fraguando. A partir de 2015, CICIG fue con todas sus fuerzas contra este grupo específico, dejando que la corrupción siguiera creciendo, mientras perseguían específicamente a todo aquel que les causara resistencia o les llevara la contraria. 

A partir de 2015, Iván Velásquez empezó a montar un espectáculo mediático semanal para hacer saber al público interesado que la comisión estaba trabajando. Tan cotidianas se volvieron las capturas matutinas que el colectivo adoptó casi una tradición de observar en los telediarios y periódicos allanamientos realizados con uso excesivo de fuerza y escenografía todos los jueves. Los guatemaltecos empezaban sus días jueves viendo nuevas capturas que les hacían pensar que cada semana CICIG conseguía captura de algún nuevo político o empresario corrupto. Entendiendo que la mayoría de los ciudadanos conocen el funcionamiento del proceso penal, estas capturas se llevaban a cabo con pleno conocimiento de que no había un caso sólido para que el proceso avanzara. Se conformaban con conseguir suficientes pruebas para que algún juez autorizara las capturas, los mismos jueces que la CICIG había adoptado desde el año 2009 con la promoción de la Ley de Competencia Penal en Mayor Riesgo, como se evidencia en la investigación Juzgados de Mayor Riesgo: Análisis y Retos del CIEN en 2019.

Iván Velásquez montaba conferencias de prensa donde siempre había una cobertura mediática enorme, con la complicidad de medios de comunicación como Nómada, Prensa Libre, Plaza Pública y CNN a través de su corresponsal Michelle Mendoza. Lejos de ser comparecencias ante la prensa, eran pequeñas campañas publicitarias de su trabajo, dónde nunca se hacían preguntas incómodas con referencia a los evidentes abusos en dichas capturas, como cuánto tiempo pasarían los capturados en prisión preventiva o si en esos casos también se prolongarían las audiencias que la ley les permite a los perseguidos para ser escuchados por un juez. Nunca se cuestionó el accionar de la comisión que presentaba las capturas como propias, cuando era competencia del Ministerio Público, después de todo CICIG suponía ser solamente un apoyo para el Estado guatemalteco, no una institución más del mismo. 

La manipulación mediática era evidente, la opinión de los medios mencionados estaba siempre alineada en apoyo a CICIG y los operadores del sistema de justicia. La relación entre periodistas, jueces, el embajador Todd Robinson, la fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Velásquez era, lejos de una profesional e independiente, casi una de compadreo. No existe motivo por el cuál un periodista no pueda tener una buena relación con funcionarios públicos, sin embargo, es una clara violación de la independencia que debe de haber entre ellos. Los periodistas están para informar a la población de la realidad y poner en escrutinio a los funcionarios, no para limpiar su imagen ante la opinión pública. En la siguiente captura de pantalla, se evidencia una conversación entre Martín Rodríguez Pellecer, director del medio de comunicación Nómada y el juez de mayor riesgo Miguel, Ángel Gálvez, queda clara la relación estrecha que había dentro de ese grupo.

Un juez, aparte de no tener motivo para sostener conversaciones con el director de un medio de comunicación, no tiene por qué dar explicaciones a ningún ciudadano sobre procesos judiciales. Dicha conversación evidencia la preocupación de mantener una buena relación entre los operadores del sistema de justicia y la prensa. Nómada, financiado por George Soros y Open Society Foundations, era uno de los grandes aliados con los que contaba el pacto entre CICIG-MP-FECI-Embajada de Estados Unidos-Juzgados de Mayor Riesgo. Tal era la injerencia, que el embajador Todd Robinson solía tener reuniones con periodistas para dar indicaciones sobre cómo abordar los temas de las persecuciones de CICIG. En las siguientes imágenes se evidencian dos de esas muchas reuniones sostenidas con el embajador de los Estados Unidos y periodistas que incluso tomaban nota de la narrativa alineada que luego se vendía al público en general. En las imágenes pueden observarse a periodistas como Dina Fernández, de soy502; a Gonzalo Marroquín, de elPeriódico; Haroldo Sánchez, de Guatevisión y Factor4; Luis Felipe Valenzuela, de Emisoras Unidas; y a Pedro Pablo Marroquín de La Hora. 

Tal fue la costumbre, que tanto los ciudadanos en las redes sociales como los medios de comunicación habían adoptado en su vocabulario el término “jueves de CICIG”, incluso titulando así secciones específicas de sus reportajes, como es el caso de Prensa Libre. Así se evidencia en la siguiente captura, dónde se muestra la sección todavía disponible en el portal virtual de Prensa Libre y dónde, incluso, se puede ver que existía una etiqueta titulada #JuevesDeCicig. No se trataba ya de apoyo al Ministerio Público y la FECI, eran ya investigaciones propias que iban acompañadas de un espectáculo de entretenimiento. Crearon una marca propia con el fin de querer evidenciar la eficiencia de su trabajo, disfrazando entre el morbo que tales espectáculos generaban un profundo abuso intervencionista y permanentes atropellos a los derechos de los guatemaltecos.  

Cualquier capturado era expuesto ante los medios de comunicación y el público en general. No existía respeto a la privacidad de nadie y aunque los casos no fueran lo suficientemente sólidos para recibir condenas, el espectáculo en los medios era lo suficientemente grande como para que sí recibieran una condena popular. En el imaginario colectivo, cualquier capturado era ya culpable de los cargos que se les imputaban. Se expuso a ciudadanos, en muchas ocasiones inocentes, a juicios políticos y mediáticos, obedeciendo en todos los casos al mismo perfil: empresarios y políticos no afines a los intereses ideológicos del comisionado Velásquez y el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson. No solo se les privaba de su libertad por fuera de los límites establecidos por la ley, sino que se les humillaba a ellos y a sus familiares, violando por completo su privacidad y su derecho a un caso justo, puesto que antes de que siquiera pusieran pie en un tribunal, los ciudadanos que veían la telenovela de los jueves de CICIG ya les habían condenado.

No solo era una práctica antiética, cuyo único propósito era crear la falsa ilusión de una eficiencia inexistente en el operar de la CICIG, sino que se violaba la garantía constitucional de presunción de inocencia y la misma ley que rige el funcionamiento del Ministerio Público, que prohíbe dicha exposición mediática de sus casos. Todo confabulaba para justificar la constante prórroga del mandato que, por falla de diseño, generaba los incentivos de un trabajo mediocre, pero que aparentara ser positivo. Una vez dictada la condena del colectivo, los abusos continuaban en el inicio del proceso judicial. Se mencionó que los capturados por CICIG veían violentados sus derechos constitucionales y el debido proceso que cualquier Estado de Derecho aseguraba.

Los jueces de mayor riesgo ‒principalmente Miguel Ángel Gálvez, Silvia De León y Erika Aifán, de los juzgados de mayor riesgo grupos B, C y D respectivamente, los que se ocuparon de los casos más emblemáticos‒ retrasaban constantemente las audiencias iniciales de los perseguidos y permanecían en prisión hasta recibir dichas audiencias. La Constitución de la República prohíbe que un capturado pase privado de libertad más de 24 horas sin recibir dicha audiencia para comparecer ante un juez, sin embargo, en los casos promovidos por CICIG, algunos capturados llegaron a pasar hasta 60 días en prisión sin recibir dicha audiencia. Estas se retrasaban por supuestos temas de agenda y saturación de los jueces, jueces que pertenecían a juzgados específicos diseñados para tratar exclusivamente con esos casos, que tienen mayor disponibilidad que otros funcionarios del sistema de justicia. Eran jueces a los que se les había designado a su cargo con el fin de darles seguridad y prioridad a los casos de CICIG, pero que entorpecían y alargaban ilegalmente los procesos. 

El objetivo de esto era no poder dejar en libertad a capturados contra quienes no había suficiente evidencia para iniciar un proceso judicial que les pudiera condenar. Se buscaba, por lo tanto, dar más tiempo a la colusión investigadora de CICIG-MP-FECI para, ya fuera encontrar evidencia o fabricarla para no demostrar que eran capturas ilegales e injustas contra civiles inocentes. Para CICIG hubiese sido un fracaso que todos esos capturados públicamente ante los portavoces de los medios salieran libres 24 horas después y que los casos no progresaran. Era necesario que la población viera en prisión a los capturados, cumpliendo en muchos casos más tiempo del que una hipotética condena les daría, condenas que no llegaban nunca debido a falta de evidencia. No importaba que los casos no se sostuvieran y que la ley les fuera a encontrar inocentes, CICIG perseguía a sus adversarios y les hacía ver culpables, e incluso pagando condenas inexistentes, con el fin de justificar su permanencia. Todo bajo la coordinación del comisionado Velásquez. 

Uno de los casos más emblemáticos es el caso “Asalto al Ministerio de Salud”, donde existe evidencia clara de la colusión entre una jueza, el MP, la FECI y CICIG. La ahora exiliada jueza Erika Aifán alargó las audiencias debido a la falta de evidencia en contra del sindicado Javier Castillo Ochoa. El hecho ocurrió el día 5 de agosto de 2019, tal como lo denuncia la fiscal de la FECI, Cinthia Monterroso. Monterroso denunció a la jueza Aifán por abuso de autoridad, ya que a la hora de la audiencia, ella como fiscal de la FECI presentó los delitos por los cuales se le acusaba al sindicado, pero fue inmediatamente aprehendida por la delegada de CICIG, que le pedía que imputara el delito de cohecho. Monterroso dijo que no existían pruebas suficientes para imputar dicho delito, por lo que FECI había decidido omitir el cohecho en el caso. 

La delegada de CICIG, presuntamente, le dijo a la fiscal Monterroso que sus jefes le habían insitido que se debía incluir el cohecho en la lista de delitos y pidió unilateralmente hablar con la jueza. Después de hablar con Aifán, esta procedió inmediatamente a suspender la audiencia y reprogramarla para el 22 de agosto del mismo año, prolongando 15 días más el proceso por supuestas diligencias en su despacho. Hecho seguido, llamó a la delegada de CICIG, junto con los otros representantes del MP y a la fiscal Monterroso a su despacho, a decirle que no la había suspendido por disponibilidad, sino para darle tiempo a ella de investigar el delito de cohecho y defenderlo. Aifán expresamente dijo que si no lo incluía “no vamos a poder ganar el caso”, implicando ser jueza y a la vez parte y teniendo una sentencia ya predeterminada para el sindicado, cuya orden de captura había autorizado ella misma. Procedió a indicarle a la fiscal cómo llevar a cabo el caso y ordenándole qué hacer, amenazándola que si no lo hacía le retiraría del cargo. 

En otra lamentable actuación de Aifán como jueza, vale la pena resaltar el caso de Rodrigo Arenas, José Andrés Botrán y FCN-Nación. A Arenas y otros 7 empresarios se les acusó de haber cometido financiamiento electoral ilícito por una donación de Q. 7 millones 119 mil 300 para los fiscales de mesa del partido FCN-Nación para los comicios de 2016. El apoyo, sin embargo, no fue registrado por parte del partido que recibió el dinero. En el momento del financiamiento, el artículo del código penal que regía el delito de financiamiento electoral ilícito, el 407 N, estipulaba que el delito se cometía por parte de los financistas si el dinero donado proviene de fondos ilícitos, o por parte del receptor si este no lo recibía de manera anónima y no lo registraba en el libro contable que audita el Tribunal Supremo Electoral. 

Esto quiere decir que la única forma en la que Arenas, Botrán y el resto de los empresarios pudiesen haber cometido el delito es si sus fondos provienen de manera ilegal, algo que no es el caso, ni de lo que siquiera se les acusa. El delito, conforme lo que establece la ley, en todo caso fue cometido por el partido político, pero nunca el financista. Un caso similar había pasado años atrás con una donación recibida de manera anónima por parte de la UNE, a lo que la Corte de Constitucionalidad había determinado que no era un delito por parte del donante, precedente legal suficiente para ni siquiera perseguir casos futuros similares. No obstante, tanto Arenas como el resto de los empresarios estaban en el radar de la cacería de brujas de CICIG. La ley fue posteriormente reformada por el Congreso, reformando tanto el delito de financiamiento electoral ilícito y creando uno nuevo llamado financiamiento electoral no registrado. Cuando la jueza Aifán escuchó el caso, era su labor desestimar el caso debido a que es evidente que cuando se hizo la donación, no existía crimen alguno y el derecho no es retroactivo, por lo que no podría llevarse a cabo juicio alguno. 

No obstante, Aifán como aliada clara del pacto de corruptos entre CICIG-MP-FECI-Embajada de EEUU-Juzgados de Mayor Riesgo-Medios de Comunicación tenía que proteger los intereses de su grupo, que operaba como un poder paralelo al Estado. Aifán decidió no hacer su trabajo como jueza de instancia y desestimar el caso, sino que resolvió que se tenía que determinar la verdad en un juicio. Cualquier persona que entienda el simple y fundamental principio de la no retroactividad del derecho sabría que no hay un caso que fundamente un juicio, pero ella, como jueza de mayor riesgo, no podía aceptar que la ley comprobara las irregularidades y abusos de sus protegidos. Aifán intentó enviarlos a juicio, pero un amparo en la Corte de Constitucionalidad dictó que el actuar de la jueza es inconstitucional y que tiene que desestimarse el caso dentro de la instancia de Aifán. La jueza eventualmente huyó del país sabiendo que iba a ser juzgada por todos sus abusos, buscando exilio en Estados Unidos para escapar de las consecuencias de sus actos. 

Velásquez no llegó a Guatemala a luchar contra la corrupción e impunidad

Los abusos en los casos de la confabulación de CICIG no solo eran ilegales y antiéticos. Eran inhumanos y en ocasiones mostraron ser letales. El caso IGSS-Pisa cobró la vida de más de uno de los sindicados, entre ellos el doctor Jesús Oliva, que fue detenido por supuestas irregularidades en un contrato del IGSS en 2015, mientras era miembro de la Junta Directiva. El doctor Oliva padecía de depresión y su familia y equipo legal habían pedido una medida sustitutiva, pidiendo arresto domiciliario debido a que su vida peligraba debido a su condición médica. Oliva llevaba ya 3 años preso con prisión preventiva, esperando que avanzara su proceso judicial, sin recibir condena alguna. Sus abogados presentaron pruebas médicas de que Oliva sufría de una depresión que le había quitado las ganas de comer, luchar e incluso seguir viviendo. La medida sustitutiva fue negada por el juez en dos ocasiones, hasta que en junio de 2018 fue encontrado sin vida en su celda tras haber cometido suicidio.

Menos de un año después, el 13 de febrero de 2019, varios sindicados del caso IGSS-Pisa recibieron medidas sustitutivas y el 5 de julio de ese mismo año la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal anuló la sentencia del caso. El doctor Oliva murió en vano, pagando 3 años en prisión preventiva por un delito que no cometió, en un caso promovido y sostenido por CICIG, donde se le negó un derecho constitucional a un sindicado debido a la narrativa que no podía romperse sobre la lucha contra la impunidad de CICIG. En 2016, el médico Erwin Raul Castañeda Pineda murió en la cárcel tras haber solicitado una medida sustitutiva solo unos días años por problemas de salud, solicitud que también fue denegada. La artimaña de CICIG cobró la vida de dos médicos ilegalmente mantenidos en prisión preventiva y privó de libertad a muchos más implicados por 4 años, sirviendo una condena sin haber sido condenados y habiendo sido demostrada su inocencia después de 4 largos años sin libertad.

En otro caso emblemático de abusos evidentes se encuentra el del ex presidente del Congreso, Pedro Muadi. Muadi estaba investigado por CICIG por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado. Muadi llevaba preso desde su captura en 2015, bajo la figura de prisión preventiva. Este fue condenado por los 3 delitos en 2020 por un juez que fue empleado de la Fundación Myrna Mack; dos de ellos fueron anulados en apelación y solamente subsistió la sentencia de 8 años por el delito de peculado y esa resolución todavía no está firme, pues se encuentra en casación en la CSJ. Es evidente que este caso conllevó a la captura de un empresario que incursionó y cuya única intención fue el aportar en la política, sin embargo, el caso era tan débil cuando se llevó la captura que Muadi pasó 6 años en prisión preventiva por un caso que tiene una condena de 8 años.

No importaba qué tantos abusos se cometieran, el Ministerio Público no tenía problema con desobedecer directamente la Ley del Ministerio Público o la Constitución de la República. La fiscal general Thelma Aldana no solo tenía una relación de cooperación y trabajo con el comisionado Velásquez, eran amigos personales. Confabulaban constantemente para coordinar esfuerzos y protegerse mutuamente. Aldana fue fotografiada abiertamente con Velásquez en repetidas ocasiones, fuera del ámbito laboral, pero a nivel de relación personal. Aldana no entendía de la independencia de dichas instituciones, era como si CICIG y el MP fuesen uno mismo y no había pudor siquiera para disimularlo. La fiscal incluso se presentaba y formaba parte de grupos de apoyo para Iván Velásquez, como se muestra en la primera de las siguientes imágenes. No existía independencia, separación de poderes ni contrapesos en un esquema dónde una organización internacional manejaba los hilos de la justicia guatemalteca, apoyados por la embajada estadounidense y protegidos ante la imagen pública por los medios de comunicación.

Es evidente que la corrupción existía, existe y seguirá existiendo en Guatemala y el mundo entero. Las denuncias de los abusos criminales de Iván Velásquez no son una defensa de la impunidad, sino lo contrario, son denuncias contra la impunidad misma, pero la impunidad de un personaje que cometió por 5 años una serie de abusos inexcusables en un país al cuál ni siquiera pertenecía. El espectáculo mediático; la exposición y humillación innecesaria; el asesinato de carácter; la prisión ilegal; la confabulación entre jueces, fiscales y CICIG, además del debilitamiento institucional generalizado del sistema de justicia son el legado que dejó Velásquez en su paso por Guatemala. 

Velásquez no llegó a Guatemala a luchar contra la corrupción e impunidad, sino que a promover su agenda ideológica evidenciada en su relación con grupos marxistas en Colombia. Como resultado de ello se creó todo un esquema corrupto dónde jueces y fiscales trabajaban juntos bajo la coordinación de CICIG, con el fin de perseguir y encarcelar ilegalmente a políticos y empresarios que se oponían a los intereses políticos de la izquierda. El trabajo de Velásquez fue debilitar a la derecha para permitir que la izquierda tomara el poder del país. En su trayecto dinamitó las bases institucionales del Estado de Derecho y convirtió al sistema de justicia en una marioneta al servicio de la izquierda, en un poder del Estado totalmente politizado y corrupto. Velásquez fue declarado non grato en 2017 por el presidente Jimmy Morales y no se renovó el mandato de CICIG, que abandonó el país en el año 2019. Aunque Velásquez y CICIG ya no están, el daño irremediable en el país y sus instituciones permanece.