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Juez Pablo Xitumul y la verdad de los hechos que lo llevaron a perder la inmunidad

El juez no es investigado por sus resoluciones judiciales. Tampoco la Policía lo detuvo y lo agredió. Fue el funcionario el que abusó de su cargo y pudo cometer dos delitos.

Alejandro Palmieri
28 de febrero, 2022

El Juez Pablo Xitumul de Paz, Juez de Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer de Procesos de Mayor Riesgo, grupo “C”, pudo haber abusado de su posición e investidura en un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC). Por ello la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le retiró la inmunidad para que sea investigado por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y obstaculización a la acción penal.

Cuando en algunos medios de comunicación y en redes sociales se habla de la “criminalización” de operadores de justicia, muchas veces se tergiversa la información o se esconde la verdad. Este es un caso en el que se ha trasladado al público información inexacta. Si lo han hecho por ignorancia o con una agenda determinada, está por verse. El hecho es que si se les pregunta a personas que tratan de estar informadas si saben los hechos por los cuales se le ha retirado la inmunidad a Xitumul, las respuestas son variadas y en su enorme mayoría, equivocadas.

Las versiones son varias. Algunos creen que se persigue por prevaricato (un delito que comenten los jueces al resolver de manera contraria a la ley o basados en hechos falsos). Los hechos que se le atribuyen y que pueden ser delitos no tienen nada que ver con su actividad como juzgador. Sin embargo, esa es una de las versiones que algunos creen.

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Otros, la mayoría tal vez, cree una versión distorsionada de lo que realmente ocurrió. La mayoría de las personas cree la versión que algunos medios de comunicación han propagado. Así, medios como Prensa Libre, elPeriódico y Soy502, han esparcido una versión no  apegada a la verdad de los hechos, al punto que oenegés nacionales e internacionales como Wola, han tomado esa versión como real, sin conocer los hechos. Así, lo que las notas citadas diseminan es que una patrulla de la Policía exprofesamente detuvo al vehículo en el que el juez que iba con su familia y que, al negarse el juzgador a permitirlo, el agente se portó violento y forcejearon.

Lo que ocurrió en febrero de 2019

Como se dijo, lo anterior es falso. La verdad salió a relucir en el proceso de antejuicio y es la siguiente:

El 2 de febrero de 2019, aproximadamente a las ocho de la noche, se escucha en la frecuencia de la PNC que en San Juan Sacatepéquez hubo un accidente de tránsito y la patrulla, conducida por el agente Gustavo Adolfo Fuentes González, se dirige al lugar.

Al llegar se dan cuenta que no había tal accidente, pero sí se encontraban unas personas y un automóvil a la orilla del camino. Se “efectuaban maniobras para poner en marcha el vehículo (encendía el motor, apagaba el motor y nuevamente lo encendía)”.

Al ver este comportamiento, digamos poco usual, los agentes en su función policial tratan de identificar al conductor que no lograba poner en marcha el vehículo. Nunca intentaron abrir el carro por la fuerza ni nada parecido. Pero de pronto llegó un picop  (que no estaba previamente en el lugar) en el que iban siete personas, el juez Xitumul y seis acompañantes.

Xitumul se dirige a los policías y les ordena que se retiren del lugar y que no toquen el vehículo en cuestión. En ese momento Xitumul amenaza a los policías que de no seguir sus instrucciones lo estarían agrediendo “por ser una persona influyente”.

El inspector José Lindo Cuxaj Ajpoc (el denunciante) le dijo a la persona (que en ese momento todavía no se había identificado) que debían identificar a la persona dentro del vehículo que estaba a la orilla del camino porque de su comportamiento se presumía que estaba intoxicado y que para comprobarlo, debía bajar del automóvil.

Es en ese momento, de acuerdo con lo que se determinó en el antejuicio, Xitumul se abalanza sobre el policía, lo empuja y se interpone entre el agente y la puerta del piloto impidiendo que lo bajen, identifiquen y verifiquen su presunto estado etílico.

Ahí es cuando el juez muestra su carné que lo identifica con su nombre y puesto. Acto seguido, las personas que acompañaban al juzgador bajan por otro lado al piloto no identificado (que después Xitumul aduce que era su hijo) y lo introducen al picop en el que llegaron. Sin que se permita a los policías realizar su labor, se van todos en el carro, incluyendo al juez Xitumul y quien, presuntamente, es su hijo.

Esos hechos fueron denunciados y luego objeto de las pesquisas del juez a quien se le designó para el efecto, el que que rindió su informe a la CSJ que le retiró la inmunidad al juez Xitumul.

Juez no acude a citaciones

Es importante decir que el retiro de la inmunidad no prejuzga sobre la culpabilidad. Solo presume que hay suficientes elementos para que los hechos denunciados lleven a la investigación e individualización del posible hecho.

Dicho lo anterior, es muy curioso que en las notas de prensa y en las redes sociales se disemine la versión de que al juez Xitumul no se le dio la oportunidad de defenderse, lo cual no es cierto.

En seis ocasiones distintas se le citó para presentar pruebas de descargo y su versión de los hechos, pero en cada una de ellas Xitumul no compareció por una u otra razón. Presentó todo tipo de acciones: amparos, suspensión de diligencia, recusación, excepción de falta de acción, excusa y una cuestión prejudicial. Todas como acciones dilatorias para entorpecer el proceso, en lugar de comparecer a presentar sus pruebas de descargo.

Ahora el juez Xitumul debe enfrentar una acusación como ciudadano común y corriente, dado que los hechos denunciados y las pesquisas apuntaron a lo que resolvió la CSJ, que "ha lugar a formación de causa en contra de Pablo Xitumul de Paz". De nuevo, ello no prejuzga culpabilidad, por el contrario, la inocencia de Xitimul debe ser presumida, pero los hechos deben ser investigados.

De lo anterior se sacan algunas conclusiones:

La narrativa predominante en algunos medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, es tendiente a distorsionar la realidad de lo ocurrido y, presumiblemente, exculpar al juez de la posible comisión de delitos.

En algunas ocasiones, la investigación periodística es tendenciosa; si bien eso no es nada nuevo, es importante recalcar que, dado que no fue solamente un medio o una persona, sino fue la mayoría de los medios, parece haber una campaña orquestada para proteger indebidamente a un juez, solo porque ha conocido y ha resuelto casos de corrupción en donde personas otrora poderosas, han sido condenadas.

Si bien es preocupante que operadores de justicia sean señalados de la comisión de hechos reñidos con la ley, su condición de operadores de justicia no los hace inmunes a esa posibilidad. Precisamente para evitar ataques y acusaciones espurias es que existe la figura del antejuicio, pero no es una coraza blindada para otorgar impunidad.

Si algo hemos visto una y otra vez, es que los poderosos no son inmunes a cometer actos reñidos con la ley, por lo que resulta extraño que muchos medios, organizaciones y activistas, se nieguen a aceptar siquiera la posibilidad de que poderosos operadores de justicia puedan haber cometido abusos tanto en el ámbito de sus competencias, como en otras áreas de la vida.

El caso del antejuicio del juez Xitumul es uno de esos casos paradigmáticos en los que a la luz de los hechos probados se evidencia una narrativa protectora sin fundamento alguno, más que preferencia o afinidad y eso tiene que acabar. El juez debe enfrentar la justicia en la que cree y de la cual es un operador importante. De lo contrario, resultaría ser simplemente otro agente más, tendencioso, que solamente cree en la justicia cuando es administrada por mano propia. Eso no es justicia, eso es corrupción.

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