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Jueza Erika Aifán no es superior a la ley, debe comparecer ante la justicia

Nadie debe ser superior ante la Ley. El que nada debe, nada teme. Esas eran dos lapidarias frases que se espetaban antes y que ahora parecen haber desparecido de la mente y bocas de quienes las decían.

Jueza Erika Aifán.
Alejandro Palmieri
19 de enero, 2022

Erika Lorena Aifán Dávila es la titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer de Procesos de Mayor Riesgo, Grupo D. Como puede esperarse por los procesos que conoce, ha sido denunciada muchas veces, lo que ha llevado a peticiones por retirarle la inmunidad para investigarla, como corresponde a un funcionario de su categoría. El antejuicio es una prerrogativa inherente al cargo y protege de acusaciones espurias o políticamente motivadas.

Los antejuicios planteados por quienes se sienten afectados por sus resoluciones, han sido rechazados. En la mayoría de casos ni siquiera se entró a conocer los hechos denunciados y mucho menos se investigó la veracidad de las denuncias. Así es el sistema.

Sin embargo, en días recientes el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), planteó no uno, sino dos solicitudes de antejuicio porque estima que pudo haber cometido delitos entre los que están prevaricato (difícil de probar), pero también abuso de autoridad. Lo ha hecho porque considera que en dos casos de la infame multicausa, la jueza realizó actos y/o emitió resoluciones más allá de lo que la ley le permite.

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El proceso es sumamente largo, sobre todo porque Aifán pelea "como gato panza arriba" (como tiene derecho a hacerlo) y utiliza todos los recursos legales a su disposición.

Eso es algo que otrora, personajes o oenegés de hueso colorado criticaron de los procesados por corrupción, pero ahora aplauden. Tanto la juzgadora como los otros tienen derecho a hacerlo conforme a la ley, la diferencia es el trato que reciben, nada más.

Pero estas dos recientes solicitudes de retiro de inmunidad suceden luego de una presentada por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, que ha sufrido toda suerte de retrasos por las impugnaciones de Aifán.

El antejuicio ha llegado hasta la Corte de Constitucionalidad que denegó el amparo definitivo para que prosiga el trámite. Ojo, ni siquiera se ha conocido del antejuicio, mucho menos resuelto y lejos aún de pasar luego a la etapa de investigación para ver si un juez contralor estima que hay motivos para ligar a proceso. Está en la cola de un venado, como se dice popularmente.

Vale la pena resaltar que no es lo mismo que un procesado quiera apartar a quien le juzga, que el ente investigador o una asociación de magistrados lo haga. Por supuesto la afectada, Aifán, pero también sus adláteres y secuaces llaman a la sola solicitud de retiro de inmunidad, un ataque. Ataque, además a “su” independencia judicial, aquella que dijo el excomisionado Iván Velásquez que no era un derecho del juez, sino de las partes a ser juzgadas con independencia.

El asunto es que una solicitud de retiro de inmunidad es sólo para investigar y determinar si hay elementos para procesar. Antes de ello no se puede solicitar informes bancarios, intervención de comunicaciones, documentos, etc. Es decir que lo que hay ahora es una sospecha y que, la señalada hasta ahora, debes ser investigada.

Pero ni eso quieren ella, ni sus compinches. Para todos ellos es ofensivo que se se le pretenda investigar. El conocido abogado Eduardo Mayora puso en sus redes sociales que: “Por tratarse de una juez de la república y por respeto a su independencia, el MP no puede limitarse a señalar los delitos que estima que puede haber cometido E. Aifán; debe señalar los hechos específicos que considera que los configuran y las pruebas que respaldan su acción”.

La ley de la materia regula los requisitos de una solicitud de retiro de inmunidad (antejuicio) y si la solicitud cumple, lo demás sale sobrando y será presentado en su momento procesal oportuno. Lo curioso o llamativo es que más allá de la inmunidad, un juez “de la república” (sic) no goza de ninguna otra prerrogativa o debe guardársele consideración adicional que, a un ciudadano común y corriente, por lo que apelar a que por su condición de juez el planteamiento debe revestir formalismos especiales, más allá de los que prescribe la ley, no es atendible.

En días recientes se conoció que la FECI presentó una solicitud en esa judicatura para dejar fuera de toda persecución penal a Julio Ligorría, quien fue señalado primero por financiamiento electoral ilícito por la FECI de Juan Francisco Sandoval. Pero al percatarse que ese delito no estaba dentro del tratado de extradición (Ligorría es también ciudadano español), en un santiamén cambiaron a lavado de activos. 

Cuando la Audiencia Nacional le pidió a Sandoval fundamentar su decisión, este hizo mutis por el foro. Ni siquiera respondió, por lo que la AN resolvió dejar libre de todo cargo a Ligorría.

La anterior es una muestra de lo que la dupla Sandoval-Aifán hacían durante la presencia de la CICIG en Guatemala. Claro, cuando se topan con jurisdicciones fuera de su control (es decir, sin que ellos las hayan tenido cooptadas) en la enorme mayoría de ocasiones las acusaciones no prosperaron y los sindicados fueron declarados inocentes. ¿No van a decir Sandoval, Aifán y la excomisión que aquellas jurisdicciones están cooptadas por lo que denominan el “pacto de corruptos?

En fin, lo que busca la denuncia del Instituto de Magistrados y ahora el MP por medio de la FECI, es que, por las serias dudas de posibles hechos ilícitos, se permita siquiera investigar a Aifán, pero ella se rehúsa a ello y el poderoso grupo que le apoya le hace las upas.

Nadie debe ser superior ante la Ley. El que nada debe, nada teme. Esas eran dos lapidarias frases que se espetaban antes y que ahora parecen haber desparecido de la mente y bocas de quienes las decían.

Lo único que se pide es investigar denuncias por posibles hechos ilegales. Esas defensas ad hominem y no fundamentadas en hechos y pruebas, son lo que hizo que se perdiera finalmente la confianza en la extinta CICIG. No se debe permitir que algunos estén más allá de toda duda o peor aún, de la majestad de la Ley.

 

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