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La controversia en torno a la contratación de Datasys por parte del TSE


Más allá de que las decisiones de las autoridades electorales en cuanto a la inscripción o no de candidatos sea controversial, esas decisiones son revisadas judicialmente; una errónea decisión administrativa por parte del TSE, a estas alturas, tendría consecuencias irreversibles y, la decisión del votante en las urnas sería burlada.
Elecciones 2023 (Imágen: redes sociales)
Alejandro Palmieri
28 de febrero, 2023

El Tribunal Supremo Electoral es la institución que más relevancia tiene en un proceso electoral, sin duda, y eso hace que su presencia en medios de comunicación sea recurrente.  Sin embargo, reiteradamente, lo ha eso ha sido por las controversiales intenciones de adquisición de equipos y programas para toda suerte de procos, como el conteo de votos, tabulación y transmisión de datos, etc.  Aunque en algún momento existió la intención de adquirir aquello también para identificación biométrica del votante, quedó descartado casi desde el arranque.

Inicialmente, el TSE tuvo la intención de adquirir un “paquete” que incluyese todo, con un mismo proveedor.  En aquella ocasión, surgió la controversia porque el único oferente fue Smartmatic, una compañía mundial que ha provisto de equipos y sistemas en procesos electorales alrededor del mundo y, por eso, ha sido cuestionada fuertemente; Filipinas, El Salvador y Venezuela han sido algunos de esos países donde luego de su paso ha quemado.  

Acá, además de lo anterior, el monto ofrecido (arriba de 600 millones de quetzales) y la persona que en Guatemala representa a la entidad (un ex viceministro de gobernación de la actual administración) hizo que se prendieran todas las alarmas.  El TSE, con razón, prescindió de la adquisición.  Posteriormente a ello levantó 6 procesos distintos de adquisición y ya no un “paquete todo incluido”.  Actualmente se han adjudicado ya casi todos esos eventos y no han causado mayor controversia, hasta ahora.

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Para la “adquisición de programas informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral 2023” al TSE se le han presentado dos ofertas por: PBS de Guatemala, S.A. y por Datasys, S.A.

Es esta última la que ahora genera la controversia, no solo porque ofertó el precio más alto de las dos (Q. 148,850,250.00) sino que esa entidad ha sido cuestionada -también- en procesos electorales en otras latitudes.

Se conoció desde antes de la contratación, que el Consejo Nacional Electoral colombiano decidió no contratar a dicha entidad para la auditoría las elecciones generales del año pasado en aquel país.  

La senadora colombiana María Fernanda Cabal, que fue dura crítica de aquel intento por parte del CNE, ahora envía una carta dl presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, advirtiéndole del riesgo en la contratación de esa entidad.  

                                                                                                                              

                   

 

Más allá de que la misiva está mal dirigida -el presidente no decide respecto de las contrataciones que hace el TSE- la advertencia es oportuna, debido a la mala experiencia que tuvo la autoridad electoral de Colombia con esa entidad y, según afirma la senadora Cabal, la sanción de Datasys en Honduras.

Es indudable que las adquisiciones para el proceso electoral generan suspicacia, tanto por el procedimiento utilizado (por excepción), por los montos, pero también por las entidades que ofrecen estos servicios.  Indudable es, también, que los entes electorales deben modernizar y mejorar los procesos de emisión del voto, así como mecanismos de transmisión y conteo de estos, pero esto no puede ocurrir a pocas semanas de que se lleven a cabo las votaciones.  El margen de error es sumamente reducido y cualquier falla o deficiencia sería casi imposible de sortear a tiempo, antes de las elecciones.  Ni hablar de que se descubra, a posteriori, que hubo error, porque la legislación guatemalteca no contempla remedios jurídicos en tal caso.  El daño estaría hecho, pues.

Más allá de que las decisiones de las autoridades electorales en cuanto a la inscripción o no de candidatos sea controversial, esas decisiones son revisadas judicialmente; una errónea decisión administrativa por parte del TSE, a estas alturas, tendría consecuencias irreversibles y, la decisión del votante en las urnas sería burlada.  Si es con dolo o simple culpa, estaría por verse.  Demasiado tarde, eso sí.

*El TSE comunicó en sus redes sociales, luego de la publicación de la anterior nota, lo siguiente:

 

 

 

La controversia en torno a la contratación de Datasys por parte del TSE


Más allá de que las decisiones de las autoridades electorales en cuanto a la inscripción o no de candidatos sea controversial, esas decisiones son revisadas judicialmente; una errónea decisión administrativa por parte del TSE, a estas alturas, tendría consecuencias irreversibles y, la decisión del votante en las urnas sería burlada.
Elecciones 2023 (Imágen: redes sociales)
Alejandro Palmieri
28 de febrero, 2023

El Tribunal Supremo Electoral es la institución que más relevancia tiene en un proceso electoral, sin duda, y eso hace que su presencia en medios de comunicación sea recurrente.  Sin embargo, reiteradamente, lo ha eso ha sido por las controversiales intenciones de adquisición de equipos y programas para toda suerte de procos, como el conteo de votos, tabulación y transmisión de datos, etc.  Aunque en algún momento existió la intención de adquirir aquello también para identificación biométrica del votante, quedó descartado casi desde el arranque.

Inicialmente, el TSE tuvo la intención de adquirir un “paquete” que incluyese todo, con un mismo proveedor.  En aquella ocasión, surgió la controversia porque el único oferente fue Smartmatic, una compañía mundial que ha provisto de equipos y sistemas en procesos electorales alrededor del mundo y, por eso, ha sido cuestionada fuertemente; Filipinas, El Salvador y Venezuela han sido algunos de esos países donde luego de su paso ha quemado.  

Acá, además de lo anterior, el monto ofrecido (arriba de 600 millones de quetzales) y la persona que en Guatemala representa a la entidad (un ex viceministro de gobernación de la actual administración) hizo que se prendieran todas las alarmas.  El TSE, con razón, prescindió de la adquisición.  Posteriormente a ello levantó 6 procesos distintos de adquisición y ya no un “paquete todo incluido”.  Actualmente se han adjudicado ya casi todos esos eventos y no han causado mayor controversia, hasta ahora.

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Es esta última la que ahora genera la controversia, no solo porque ofertó el precio más alto de las dos (Q. 148,850,250.00) sino que esa entidad ha sido cuestionada -también- en procesos electorales en otras latitudes.

Se conoció desde antes de la contratación, que el Consejo Nacional Electoral colombiano decidió no contratar a dicha entidad para la auditoría las elecciones generales del año pasado en aquel país.  

La senadora colombiana María Fernanda Cabal, que fue dura crítica de aquel intento por parte del CNE, ahora envía una carta dl presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, advirtiéndole del riesgo en la contratación de esa entidad.  

                                                                                                                              

                   

 

Más allá de que la misiva está mal dirigida -el presidente no decide respecto de las contrataciones que hace el TSE- la advertencia es oportuna, debido a la mala experiencia que tuvo la autoridad electoral de Colombia con esa entidad y, según afirma la senadora Cabal, la sanción de Datasys en Honduras.

Es indudable que las adquisiciones para el proceso electoral generan suspicacia, tanto por el procedimiento utilizado (por excepción), por los montos, pero también por las entidades que ofrecen estos servicios.  Indudable es, también, que los entes electorales deben modernizar y mejorar los procesos de emisión del voto, así como mecanismos de transmisión y conteo de estos, pero esto no puede ocurrir a pocas semanas de que se lleven a cabo las votaciones.  El margen de error es sumamente reducido y cualquier falla o deficiencia sería casi imposible de sortear a tiempo, antes de las elecciones.  Ni hablar de que se descubra, a posteriori, que hubo error, porque la legislación guatemalteca no contempla remedios jurídicos en tal caso.  El daño estaría hecho, pues.

Más allá de que las decisiones de las autoridades electorales en cuanto a la inscripción o no de candidatos sea controversial, esas decisiones son revisadas judicialmente; una errónea decisión administrativa por parte del TSE, a estas alturas, tendría consecuencias irreversibles y, la decisión del votante en las urnas sería burlada.  Si es con dolo o simple culpa, estaría por verse.  Demasiado tarde, eso sí.

*El TSE comunicó en sus redes sociales, luego de la publicación de la anterior nota, lo siguiente: