La nota de El País que tergiversa, pretende confundir y miente
Las relaciones amistosas, diplomáticas y comerciales entre Guatemala y Colombia han sido muy buenas y seguirán siéndolo a pesar de los exabruptos pasajeros de un mandatario también pasajero.
En la edición de hoy de El País -en la sección “América Colombia”- se publica una nota firmada por Camila Osorio, la corresponsal de cultura de ese medio en Colombia. La nota se titula La Corrupción del sistema judicial de Guatemala salpica al Gobierno de Colombia (sic) y, tal vez por ser la corresponsal de cultura y no de política, diplomacia o asuntos judiciales, la periodista comete varios errores e incurre en imprecisiones, además de hacer apreciaciones tergiversadas.
Lo que llama inicialmente la atención es la entradilla que dice textualmente:
“El caso legal en Guatemala contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, no tiene pruebas contundentes en su contra, pero es un nuevo símbolo de la profunda crisis de corrupción por la que pasa el sistema judicial del país centroamericano”
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Afirma la periodista que el caso no cuenta con pruebas contundentes sin que exista un proceso judicial instaurado en su contra; es decir, la periodista confunde -o pretende hacer creer a su público- que lo declarado por el fiscal Curruchiche de la FECI y las imágenes mostradas en el comunicado son “las pruebas” que hay en contra del ex comisionado, hoy ministro de la defensa.
Porque, obviamente la periodista no pudo tener acceso a “las pruebas” que estén en poder del ente investigador, pues lo que se anunció es la investigación de los hechos que pudiesen involucrar a Velásquez luego de obtener indicios -prueba indiciaria- de los mismos. Una eventual acusación tendrá que realizarse luego de una investigación que es la que se ha anunciado, no más. Si luego de ello, se estima que se requiere la presencia de un sindicado en un proceso y para asegurar dicha presencia se ordena su captura, ni siquiera entonces se podrá hablar de “las pruebas” que se tienen, porque según la legislación guatemalteca, entonces tendrá el MP tres meses para presentar acusación con base a las pruebas recabadas.
La afirmación precoz de la periodista puede atribuírsele al desconocimiento dada su área de expertise. Sin embargo, posteriormente transmite a sus lectores información imprecisa. Cierto es, sí, que la probabilidad de que el caso -o una eventual orden de captura- prospere en contra de Velásquez son casi nulas. Esto debido a que en el convenio de creación de CICIG se otorgó inmunidad a los miembros extranjeros de dicha comisión; esa circunstancia es lamentable, a la postre, pero es una condición a la que Guatemala se sometió. Aunado a ello, por lo menos mientras sea presidente Gustavo Petro, no prosperará una captura o extradición a Guatemala.
La nota cita a Juan Pappier, sub director (en funciones) de la oenegé activista Human Rights Watch, división américas, y él dice erróneamente: ‘… Guatemala canceló este acuerdo de cooperación, el año pasado, “con argumento jurídicos absurdos, y ahora persiguen a quienes investigaron y liberan a los investigados” ’. Como podrá advertirse, Guatemala no “canceló” el acuerdo, sino que, precisamente en cumplimiento de este, ejerció su prerrogativa de no renovarlo. La retórica utilizada por Pappier no es casualidad, pues cancelar tiene una connotación abrupta y antojadiza, cuando lo que ocurrió es lo opuesto: se anunció con la debida antelación (hubo acciones legales para evitarlo y, la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad resolvió en contra de tales pretensiones) y se hizo en el marco del propio acuerdo. Pappier, engaña y miente.
Tampoco, como se puede ver fácilmente, fue el “año pasado” que dejó de tener actividad, sino que la CICIG cesó funciones en 2019, durante el gobierno anterior. De nuevo, la narrativa d que haya sido apenas el año pasado tiene la intención de hacer creer a los lectores que es un hecho reciente, cuando la realidad da cuenta de 3 años de diferencia y una administración distinta.
Cuando se refiere a la solicitud de detención de David Gaitán, extrabajador guatemalteco de CICIG, se pretende engañar -nuevamente- al afirmar los siguiente: “Especialmente porque el Gobierno firmó un acuerdo internacional y legal que le proveía inmunidad a todos los miembros de la CICIG, los cargos contra David Gaitán deben ser retirados. Le pedimos a la ONU que le exiga al gobierno sus compromisos para proteger a aquellos luchando contra la corrupción en la CICIG”.
Como ya se dijo, y se puede comprobar en el acuerdo referido, la protección de persecución penal -inmunidad- era aplicable a los miembros extranjeros de la CICIG mas no a los nacionales, pues eso constituiría una violación a la constitución guatemalteca. Así, la orden de captura en contra de Gaitán fue emitida en apego a las leyes guatemaltecas sin que pudiesen haber vulnerado el acuerdo de creación de CICIG como pretende hacer creer la nota.
Más adelante, se pretende mezclar casos y aprovechar la victimización de algunos procesados, cuando se hace alusión al caso por lavado de dinero y otros delitos en contra de José Rubén Zamora y que la juez que autorizó estas nuevas órdenes de captura, Carol Patricia Flores, fue acusada (sin éxito) por la CICIG en 2018 por corrupción, cayendo en una falacia de hombre de paja, como se conoce a ese tipo de argumento.
Finalmente, siguiendo la narrativa de activistas locales, la nota hace referencia a la entelequia denominada “pacto de corruptos” atribuyéndole la referencia a “tres expertos -anónimos- en Guatemala”.
La primera vez que se utilizó esa designación fue para denominar lo que el 13 de septiembre de 2017 pretendieron hacer diputados al Congreso de la República al modificar las penas a varios delitos. Así, esa designación se circunscribía a políticos, pero luego -y para intereses nefarios- se extendió para incluir también a empresarios o a cualquier persona que cuestionase o se opusiese a las pretensiones de la CICIG, acuerpada a coro por casi la totalidad de la prensa nacional. Que tres “expertos” anónimos se refieran a una grupo indeterminado -e inexistente- de personas resulta una falta a la ética periodística que, un medio como El País, debiese guardar.
Más allá de las -remotas- posibilidades de éxito de las acciones en contra de Iván Velásquez, que se anunciase investigación de sus actos fue suficiente para generar una reacción desproporcionada de parte de prensa nacional y extranjera, pero además impertinente y nada diplomática por parte del presidente Petro que obviamente acuerpa a su ministro, pero traslada al ámbito diplomático bilateral una investigación en contra de una persona, no en contra de un país ni de un gobierno.
Las relaciones amistosas, diplomáticas y comerciales entre Guatemala y Colombia han sido muy buenas y seguirán siéndolo a pesar de los exabruptos pasajeros de un mandatario también pasajero.
La nota de la corresponsal de cultura de El País, llena de falencias, queda para la posteridad como una comprobación del refrán popular: zapatero a tus zapatos.
La nota de El País que tergiversa, pretende confundir y miente
Las relaciones amistosas, diplomáticas y comerciales entre Guatemala y Colombia han sido muy buenas y seguirán siéndolo a pesar de los exabruptos pasajeros de un mandatario también pasajero.
En la edición de hoy de El País -en la sección “América Colombia”- se publica una nota firmada por Camila Osorio, la corresponsal de cultura de ese medio en Colombia. La nota se titula La Corrupción del sistema judicial de Guatemala salpica al Gobierno de Colombia (sic) y, tal vez por ser la corresponsal de cultura y no de política, diplomacia o asuntos judiciales, la periodista comete varios errores e incurre en imprecisiones, además de hacer apreciaciones tergiversadas.
Lo que llama inicialmente la atención es la entradilla que dice textualmente:
“El caso legal en Guatemala contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, no tiene pruebas contundentes en su contra, pero es un nuevo símbolo de la profunda crisis de corrupción por la que pasa el sistema judicial del país centroamericano”
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Afirma la periodista que el caso no cuenta con pruebas contundentes sin que exista un proceso judicial instaurado en su contra; es decir, la periodista confunde -o pretende hacer creer a su público- que lo declarado por el fiscal Curruchiche de la FECI y las imágenes mostradas en el comunicado son “las pruebas” que hay en contra del ex comisionado, hoy ministro de la defensa.
Porque, obviamente la periodista no pudo tener acceso a “las pruebas” que estén en poder del ente investigador, pues lo que se anunció es la investigación de los hechos que pudiesen involucrar a Velásquez luego de obtener indicios -prueba indiciaria- de los mismos. Una eventual acusación tendrá que realizarse luego de una investigación que es la que se ha anunciado, no más. Si luego de ello, se estima que se requiere la presencia de un sindicado en un proceso y para asegurar dicha presencia se ordena su captura, ni siquiera entonces se podrá hablar de “las pruebas” que se tienen, porque según la legislación guatemalteca, entonces tendrá el MP tres meses para presentar acusación con base a las pruebas recabadas.
La afirmación precoz de la periodista puede atribuírsele al desconocimiento dada su área de expertise. Sin embargo, posteriormente transmite a sus lectores información imprecisa. Cierto es, sí, que la probabilidad de que el caso -o una eventual orden de captura- prospere en contra de Velásquez son casi nulas. Esto debido a que en el convenio de creación de CICIG se otorgó inmunidad a los miembros extranjeros de dicha comisión; esa circunstancia es lamentable, a la postre, pero es una condición a la que Guatemala se sometió. Aunado a ello, por lo menos mientras sea presidente Gustavo Petro, no prosperará una captura o extradición a Guatemala.
La nota cita a Juan Pappier, sub director (en funciones) de la oenegé activista Human Rights Watch, división américas, y él dice erróneamente: ‘… Guatemala canceló este acuerdo de cooperación, el año pasado, “con argumento jurídicos absurdos, y ahora persiguen a quienes investigaron y liberan a los investigados” ’. Como podrá advertirse, Guatemala no “canceló” el acuerdo, sino que, precisamente en cumplimiento de este, ejerció su prerrogativa de no renovarlo. La retórica utilizada por Pappier no es casualidad, pues cancelar tiene una connotación abrupta y antojadiza, cuando lo que ocurrió es lo opuesto: se anunció con la debida antelación (hubo acciones legales para evitarlo y, la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad resolvió en contra de tales pretensiones) y se hizo en el marco del propio acuerdo. Pappier, engaña y miente.
Tampoco, como se puede ver fácilmente, fue el “año pasado” que dejó de tener actividad, sino que la CICIG cesó funciones en 2019, durante el gobierno anterior. De nuevo, la narrativa d que haya sido apenas el año pasado tiene la intención de hacer creer a los lectores que es un hecho reciente, cuando la realidad da cuenta de 3 años de diferencia y una administración distinta.
Cuando se refiere a la solicitud de detención de David Gaitán, extrabajador guatemalteco de CICIG, se pretende engañar -nuevamente- al afirmar los siguiente: “Especialmente porque el Gobierno firmó un acuerdo internacional y legal que le proveía inmunidad a todos los miembros de la CICIG, los cargos contra David Gaitán deben ser retirados. Le pedimos a la ONU que le exiga al gobierno sus compromisos para proteger a aquellos luchando contra la corrupción en la CICIG”.
Como ya se dijo, y se puede comprobar en el acuerdo referido, la protección de persecución penal -inmunidad- era aplicable a los miembros extranjeros de la CICIG mas no a los nacionales, pues eso constituiría una violación a la constitución guatemalteca. Así, la orden de captura en contra de Gaitán fue emitida en apego a las leyes guatemaltecas sin que pudiesen haber vulnerado el acuerdo de creación de CICIG como pretende hacer creer la nota.
Más adelante, se pretende mezclar casos y aprovechar la victimización de algunos procesados, cuando se hace alusión al caso por lavado de dinero y otros delitos en contra de José Rubén Zamora y que la juez que autorizó estas nuevas órdenes de captura, Carol Patricia Flores, fue acusada (sin éxito) por la CICIG en 2018 por corrupción, cayendo en una falacia de hombre de paja, como se conoce a ese tipo de argumento.
Finalmente, siguiendo la narrativa de activistas locales, la nota hace referencia a la entelequia denominada “pacto de corruptos” atribuyéndole la referencia a “tres expertos -anónimos- en Guatemala”.
La primera vez que se utilizó esa designación fue para denominar lo que el 13 de septiembre de 2017 pretendieron hacer diputados al Congreso de la República al modificar las penas a varios delitos. Así, esa designación se circunscribía a políticos, pero luego -y para intereses nefarios- se extendió para incluir también a empresarios o a cualquier persona que cuestionase o se opusiese a las pretensiones de la CICIG, acuerpada a coro por casi la totalidad de la prensa nacional. Que tres “expertos” anónimos se refieran a una grupo indeterminado -e inexistente- de personas resulta una falta a la ética periodística que, un medio como El País, debiese guardar.
Más allá de las -remotas- posibilidades de éxito de las acciones en contra de Iván Velásquez, que se anunciase investigación de sus actos fue suficiente para generar una reacción desproporcionada de parte de prensa nacional y extranjera, pero además impertinente y nada diplomática por parte del presidente Petro que obviamente acuerpa a su ministro, pero traslada al ámbito diplomático bilateral una investigación en contra de una persona, no en contra de un país ni de un gobierno.
Las relaciones amistosas, diplomáticas y comerciales entre Guatemala y Colombia han sido muy buenas y seguirán siéndolo a pesar de los exabruptos pasajeros de un mandatario también pasajero.
La nota de la corresponsal de cultura de El País, llena de falencias, queda para la posteridad como una comprobación del refrán popular: zapatero a tus zapatos.