El pasado viernes 14 de octubre se conoció que el Ministerio Público había solicitado una orden de captura en contra del ex auxiliar fiscal de la FECI, Carlos Videz.  Se le señala de cometer abuso de autoridad por haber insertado de manera irregular un delito en el formulario de Interpol para solicitar la “notificación roja” de la orden de captura que se le había girado al exembajador ante la Casa Blanca Julio Ligorría Carballido; a Ligorría la FECI lo señaló de cometer financiamiento electoral ilícito, con base en el testimonio de quien en su momento se declaro culpable, Julio Carlos Porras Zadik, ex gerente de Claro y quien habría dicho que durante la campaña Ligorría le entrego un papelito con “nombres de empresas” y eso fue suficiente para la emisión de una orden de captura y la solicitud de notificación roja contra el ex embajador.

El formulario de solicitud de notificación roja de Interpol tiene un listado taxativo de delitos por los que puede solicitarse y el delito de financiamiento electoral ilícito no está en dicha lista o formulario.  Videz, entonces, insertó una casilla inexistente para poner dicho delito, sin embargo para poder operarlo en el sistema de Interpol -que tiene códigos únicos para identificar a cada delito- el agente de la Policía Nacional Civil asignado a la Sección de Investigación Internacional de Personas y Objetos de esa agencia policial, Jonathan Diego Samuel Franco Tobar (quien también tiene orden de captura)  a solicitud de Videz, falsificó la información y colocó en el sistema el código del delito de cohecho, por el cual sí puede solicitarse notificación roja, mas no por financiamiento electoral ilícito.

En las oficinas centrales de Interpol en Lyon, Francia, la solicitud de notificación roja fue rechazada, presumiblemente por las anomalías detectadas, por lo que no se publicó en la página de acceso público de esa organización, sino solamente en la que tienen acceso las agencias policiales de los países miembro.

A Ligorría se le detuvo en Madrid, donde, sorprendentemente, alguien tomó un video del acto que pusieron a circular en redes sociales y medios de Guatemala mucho antes que las autoridades guatemaltecas fueran notificadas de la detención, lo que constituye un claro acto de satanización y condena pública de alguien que resultó inocente.

Al percatarse la FECI que Ligorria era ciudadano español y que no procedería una extradición porque el delito de financiamiento electoral ilícito no podría perseguirse en España, se le fabricó, en tan solo veinticuatro horas, un delito adicional, el de lavado de dinero y otros activos.  Por este segundo delito sí podría ser procesado en España, para lo cual la Audiencia Nacional le pidió a FECI que sustentara la acusación.  La FECI envió una serie de recortes de prensa y copias de unos cheques que no tenían ninguna relevancia y que no permitían identificar la comisión de delito alguno, por lo que la Audiencia Nacional española absolvió de todo cargo al embajador Ligorría.  Dicha resolución jamás fue apelada por FECI, evidenciando lo deleznable de la acusación y la inexistencia de pruebas, más allá de una declaración del tristemente celebre colaborador eficaz de múltiples casos Juan Carlos Monzón.

Derivado de lo anterior, la Audiencia Nacional de España comunicó su decisión a la Corte Suprema de Justicia para que se retirara la notificación roja en vista de la absolución de Ligorría.  El exfiscal Videz, quien originalmente había alterado el formulario de Interpol para dar la apariencia de cumplir la resolución proveniente de España, pide a Interpol retirar la notificación roja de la búsqueda y captura de Ligorría, pero solo para España, y la deja vigente para todo el resto del mundo con el objeto de impedir que Ligorría viajará y retomará su actividad económica y su vida familiar.

El ex auxiliar fiscal Carlos Videz hoy es prófugo de la justicia, al igual que el ex agente de la PNC, Jonathan Diego Samuel Franco Tobar; a ambos se les busca procesar por abusar de su autoridad y empujar -ilegalmente- procedimientos legales con la finalidad de cumplir una agenda inconfesada.  

Como mucho de lo que ocurrió durante la gestión de Juan Francisco Sandoval en la FECI, durante el diligenciamiento del proceso en contra del exembajador ante el gobierno de los Estados Unidos, Julio Ligorría, también se violaron procedimientos legales, vulneraron garantías individuales y los fiscales abusaron de su autoridad empujando casos falsos y sin pruebas que los sustentasen y que, a la postre, quedaron en evidencia pública.