Ayer en horas de la tarde, fue anunciado un “acuerdo” entre el superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz y representantes de los 48 Cantones de Totonicapán; el primero aceptó, entre otras cosas, derogar -modificar- los Acuerdos Gubernativos 245-2022 y 12-2023 que, en síntesis, obligan a utilizar el sistema de facturación en línea y a consignar nombre y número de NIT en facturas mayores a Q. 2,500.00
Representantes de los 48 cantones de Totonicapán iniciaron bloqueos desde el lunes para forzar a las autoridades a acceder a sus demandas. Había otras, como que el Organismo Legislativo detuviera el trámite de una iniciativa de ley que disponía un régimen especial para actividades agropecuarias y agrícolas -entre otras- lo que significaría mayores controles de parte de la autoridad tributaria hacia esas actividades.
En palabras simples, los representantes de los 48 cantones de Totonicapán se oponen a la mejor y más efectiva actividad de la SAT, puesto que “les afecta”. Sin embargo, en declaraciones a medios, su presidente dijo que: "No nos oponemos al pago de impuestos, pero se debe mejorar la recaudación". Recaudación de todos, menos de ellos, querrán decir.
Los reclamos y los métodos de los 48 cantones de Totonicapán son a todas luces una búsqueda de privilegios y uso de métodos antidemocráticos; el problema es que autoridades cedieron ante la presión. Ahora, que se enteren los quejosos que el superintendente de la SAT no es la autoridad que emitió los Acuerdos Gubernativos que motivaron los bloqueos, pues son autorizados por el presidente de la República y refrendado por el ministro del ramo, mas no por el jefe de la SAT. Si este último engañó a los quejosos o si estos ignoran que él no tiene facultades para cumplir lo que prometió, se desconoce.
Pero más allá de mecanismos de negociación o embustes, el asunto subyacente es mucho más grave: que unos pocos “representantes” de otros pocos no quieren someterse a las mismas reglas tributarias que el resto de los ciudadanos. Inmediatamente cuando se piensa en búsqueda de privilegios -que es lo que buscan los 48 cantones- se piensa en grandes empresarios, pero lo que hemos visto ahora con este show es que unos pocos comerciantes -o sus representantes- de un municipio, de un departamento de Guatemala, buscaron privilegios y el superintendente de la SAT prometió otorgárselos.
No extraña del superintendente Díaz; basta recordar que es quien tuvo la “brillante” idea de sugerir que se prohibiese el expendio de combustible a quienes no hubiesen pagado el impuesto de circulación. Basta decir que luego de esa “brillante” idea, tuvo que recular, como ahora ofrece hacerlo. La diferencia es que hoy prometió hacer algo que no le compete sino al presidente y al ministro del ramo.
Mismo embuste en el que incurrieron los diputados que, en nombre del congreso y de todos los 160 diputados, prometieron archivar una iniciativa de ley, que ni siquiera está en alguna comisión que ellos integren. Lo preocupante será cuando, en el plazo que se acordó (60 días) las autoridades no cumplan a cabalidad lo que los representantes de los 48 cantones exigen. En ese momento, estaremos tan cerca del día de la primera vuelta que una disrupción por virtud de bloqueos u otras medidas de hecho pueden poner en riesgo el evento electoral. Las autoridades juegan con fuego.
Además, es ridículo que el presidente de los 48 cantones diga que no se oponen al pago de impuestos, pero (sic) debe mejorar la recaudación. Ridículo porque precisamente las medidas a las que se oponen buscan mejorar la recaudación. ¿No comprenden correctamente la finalidad de las medidas? ¿Es solo un discurso para mostrar actividad? ¿Es a compadre hablado con el gobierno con fines político-electorales? La verdad, resulta indescifrable; lo que sí queda claro es que las autoridades son incompetentes y los representantes de los 48 cantones exigen privilegios. Así de triste y simple.
Ayer en horas de la tarde, fue anunciado un “acuerdo” entre el superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz y representantes de los 48 Cantones de Totonicapán; el primero aceptó, entre otras cosas, derogar -modificar- los Acuerdos Gubernativos 245-2022 y 12-2023 que, en síntesis, obligan a utilizar el sistema de facturación en línea y a consignar nombre y número de NIT en facturas mayores a Q. 2,500.00
Representantes de los 48 cantones de Totonicapán iniciaron bloqueos desde el lunes para forzar a las autoridades a acceder a sus demandas. Había otras, como que el Organismo Legislativo detuviera el trámite de una iniciativa de ley que disponía un régimen especial para actividades agropecuarias y agrícolas -entre otras- lo que significaría mayores controles de parte de la autoridad tributaria hacia esas actividades.
En palabras simples, los representantes de los 48 cantones de Totonicapán se oponen a la mejor y más efectiva actividad de la SAT, puesto que “les afecta”. Sin embargo, en declaraciones a medios, su presidente dijo que: "No nos oponemos al pago de impuestos, pero se debe mejorar la recaudación". Recaudación de todos, menos de ellos, querrán decir.
Los reclamos y los métodos de los 48 cantones de Totonicapán son a todas luces una búsqueda de privilegios y uso de métodos antidemocráticos; el problema es que autoridades cedieron ante la presión. Ahora, que se enteren los quejosos que el superintendente de la SAT no es la autoridad que emitió los Acuerdos Gubernativos que motivaron los bloqueos, pues son autorizados por el presidente de la República y refrendado por el ministro del ramo, mas no por el jefe de la SAT. Si este último engañó a los quejosos o si estos ignoran que él no tiene facultades para cumplir lo que prometió, se desconoce.
Pero más allá de mecanismos de negociación o embustes, el asunto subyacente es mucho más grave: que unos pocos “representantes” de otros pocos no quieren someterse a las mismas reglas tributarias que el resto de los ciudadanos. Inmediatamente cuando se piensa en búsqueda de privilegios -que es lo que buscan los 48 cantones- se piensa en grandes empresarios, pero lo que hemos visto ahora con este show es que unos pocos comerciantes -o sus representantes- de un municipio, de un departamento de Guatemala, buscaron privilegios y el superintendente de la SAT prometió otorgárselos.
No extraña del superintendente Díaz; basta recordar que es quien tuvo la “brillante” idea de sugerir que se prohibiese el expendio de combustible a quienes no hubiesen pagado el impuesto de circulación. Basta decir que luego de esa “brillante” idea, tuvo que recular, como ahora ofrece hacerlo. La diferencia es que hoy prometió hacer algo que no le compete sino al presidente y al ministro del ramo.
Mismo embuste en el que incurrieron los diputados que, en nombre del congreso y de todos los 160 diputados, prometieron archivar una iniciativa de ley, que ni siquiera está en alguna comisión que ellos integren. Lo preocupante será cuando, en el plazo que se acordó (60 días) las autoridades no cumplan a cabalidad lo que los representantes de los 48 cantones exigen. En ese momento, estaremos tan cerca del día de la primera vuelta que una disrupción por virtud de bloqueos u otras medidas de hecho pueden poner en riesgo el evento electoral. Las autoridades juegan con fuego.
Además, es ridículo que el presidente de los 48 cantones diga que no se oponen al pago de impuestos, pero (sic) debe mejorar la recaudación. Ridículo porque precisamente las medidas a las que se oponen buscan mejorar la recaudación. ¿No comprenden correctamente la finalidad de las medidas? ¿Es solo un discurso para mostrar actividad? ¿Es a compadre hablado con el gobierno con fines político-electorales? La verdad, resulta indescifrable; lo que sí queda claro es que las autoridades son incompetentes y los representantes de los 48 cantones exigen privilegios. Así de triste y simple.