Smartmatic: la cuestionada empresa que quiere contratar el TSE
Aunque aquel evento se canceló, el TSE persiste en el intento de comprar software y equipo, ya no en "paquete", sino en forma individual y separada. Smartmatic fue el único oferente en aquella oportunidad; no hay razón para pensar que ahora no ofertará en cada unos de los rubros.
Smartmatic es una compañía que ha sido seriamente cuestionada en varios de los países donde ha operado e incluso, en 2016, el Departamento de Justicia (*) enjuició a ejecutivos de esa compañía por alterar el script con el que operaban las máquinas de votación en las elecciones de Filipinas de ese año. Ese es solamente uno de los casos de manipulación o fraude en los que se ha visto involucrada esa compañía.
Hay que recordar que democracia no significa simplemente que cada cierto tiempo (en Guatemala cada 4 años) se lleven a cabo elecciones para elegir autoridades; el concepto es incompleto si esas elecciones se dan en un sistema que encarne la división de poderes, el control de poder público y el respeto a los derechos individuales. Es decir, una democracia sin república, más pronto que tarde se convertirá en una tiranía.
Pero si a ello se agrega que puede que no haya certeza en los resultados del evento electoral, es decir, que la voluntad de los ciudadanos no se vea reflejada en quiénes resultan electos, el sistema será cualquier otro, menos democracia.
Guatemala elije a sus autoridades mediante el voto popular, emitido en papeletas y depositado en urnas de una mesa electoral; es recibido y luego contado por las juntas receptoras de votos, en un sistema organizado en dichas mesas y juntas electorales a nivel municipal y departamental. Esas juntas son integradas por ciudadanos voluntarios que son nombrados por el Tribunal Supremo Electoral. Es un sistema primordialmente análogo que por supuesto es auxiliado por sistemas de computación para el almacenamiento y transmisión de datos hacia el centro de cómputo, que el TSE instala en la capital para tabular los datos de todo el país y entregar resultados a la población. Es un sistema que ha funcionado por más 8 elecciones generales y tres consultas populares.
Sin embargo, los actuales magistrados del TSE persisten en el intento de comprar un nuevo sistema y equipo para las elecciones bajo el título de “SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DIGITALIZACIÓN, TRANSMISIÓN, DIGITACIÓN, VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES E INFORMACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2023”. Ese primer intento de adquisición fue cancelado luego de los innumerables cuestionamientos, pero en particular acerca del único oferente: Smartmatic International Holding, B.V. (en Guatemala, a través de una subsidiaria). Aunque aquel evento se canceló, el TSE persiste en el intento de comprar software y equipo, ya no en "paquete", sino en forma individual y separada. Smartmatic fue el único oferente y no hay razón para pensar que ahora no ofertará en cada unos de los rubros.
Como se dijo, esa empresa ha provisto sistemas -equipo y software- en varias elecciones alrededor del mundo, donde ha sido señalada de manipulación y fraude. En Guatemala, el representante de la compañía es un exfuncionario del actual gobierno lo cual prende todas las alarmas.
Smartmatic fue fundada en Estados Unidos, pero todo apunta a que sus dueños son venezolanos con supuestos vínculos con el régimen chavista. Ahora la entidad tiene su sede en el Reino Unido.
Y fue precisamente luego de unas elecciones en Venezuela, las que eligieron a la constituyente durante el régimen de Maduro, que Smartmatic tuvo uno de sus escándalos de falta de fiabilidad y manipulación de sus sistemas. Antonio Mugica, uno de sus fundadores, denunció que se había manipulado el resultado de la votación, culpando al régimen madurista de ello, tratando de deslindar responsabilidad alguna de su empresa.
Imaginemos la magnitud del problema, si el propio directivo de Smartmatic reconoce que su sistema fue vulnerado -aunque haya sido detectado- ello pone en serias dudas que, de ser utilizado en otras elecciones, como en las de Guatemala, pueda ocurrir lo mismo.
En El Salvador, al igual que sucedió en Filipinas, de detectó un “error” en el script que contabilizaba los votos, lo que ocasionó que candidatos con menos votos resultaban arriba. La autoridad electoral de ese país demandó a Smartmatic por un millón de dólares; la empresa transó en poco más de doscientos mil dólares.
En 2019, en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri contrató a Smartmatic para elaborar un software de trasmisión de datos por 1.2 millones de dólares, como parte de un programa completo que costaría 17 millones de dólares. La oposición objetó tal contratación debido a que no existía la obligación de mostrar el código fuente de ese software, por lo que es imposible auditar o fiscalizar.
A lo largo y ancho del planeta, el involucramiento de Smartmatic en elecciones ha sido cuando menos controversial y en varios casos, como se dijo, resultó en la falta de fiabilidad o certeza en elecciones a nivel nacional.
Pero ¿cómo es posible que la empresa haya realizado elecciones en otras partes y no ha habido problemas? La respuesta no está clara, pero si existe una fuerte indicación a que mucho tiene qué ver el socio local, además de la permeabilidad a la corrupción que en cada país. Smartmatic no se prestaría -directamente o a través de su socio local- a alterar datos en elecciones, digamos, en Canadá o en Estados Unidos. Y si lo ha hecho, no ha tenido consecuencias.
Con los antecedentes de Smartmatic, la vinculación del socio local (acá en Guatemala, el ex viceministro de gobernación del gobierno actual), la gran permeabilidad de instituciones y funcionarios a la corrupción, la cercanía del proceso electoral sumado a la escaza o nula capacidad de auditar el software y fiscalizar su operación, no se puede permitir que el TSE concrete la adquisición de software y/o equipo de Smartmatic.
Tampoco se debe permitir que un sistema que ha sido probado una y otra vez como fiable y, sobre todo, auditable, como es el voto en papel y tabulado por juntas electorales de ciudadanos, se varíe hacia un sistema que no garantiza esa transparencia.
En los próximos días, el TSE estará decidiendo si atiende las solicitudes de amplios sectores de la población (además de varias acciones legales presentadas) o si insiste en la contratación de un sistema que le resta credibilidad al proceso electoral, además de ser por un monto estratosférico. El hedor de corrupción está impregnado en esa pretendida compra, así como las intenciones de adquirir un sistema permeable a la manipulación. Robo de dinero y -muy probablemente- de elecciones. Así de claro.
*Editado el 16/11/22 a las 10:35 a.m. Luego de una aclaración de parte de relacionistas de Smartmatic. Se había consignado erróneamente que se trató del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando la información correcta es que se trató del Departamento de Justicia de Filipinas.
Smartmatic: la cuestionada empresa que quiere contratar el TSE
Aunque aquel evento se canceló, el TSE persiste en el intento de comprar software y equipo, ya no en "paquete", sino en forma individual y separada. Smartmatic fue el único oferente en aquella oportunidad; no hay razón para pensar que ahora no ofertará en cada unos de los rubros.
Smartmatic es una compañía que ha sido seriamente cuestionada en varios de los países donde ha operado e incluso, en 2016, el Departamento de Justicia (*) enjuició a ejecutivos de esa compañía por alterar el script con el que operaban las máquinas de votación en las elecciones de Filipinas de ese año. Ese es solamente uno de los casos de manipulación o fraude en los que se ha visto involucrada esa compañía.
Hay que recordar que democracia no significa simplemente que cada cierto tiempo (en Guatemala cada 4 años) se lleven a cabo elecciones para elegir autoridades; el concepto es incompleto si esas elecciones se dan en un sistema que encarne la división de poderes, el control de poder público y el respeto a los derechos individuales. Es decir, una democracia sin república, más pronto que tarde se convertirá en una tiranía.
Pero si a ello se agrega que puede que no haya certeza en los resultados del evento electoral, es decir, que la voluntad de los ciudadanos no se vea reflejada en quiénes resultan electos, el sistema será cualquier otro, menos democracia.
Guatemala elije a sus autoridades mediante el voto popular, emitido en papeletas y depositado en urnas de una mesa electoral; es recibido y luego contado por las juntas receptoras de votos, en un sistema organizado en dichas mesas y juntas electorales a nivel municipal y departamental. Esas juntas son integradas por ciudadanos voluntarios que son nombrados por el Tribunal Supremo Electoral. Es un sistema primordialmente análogo que por supuesto es auxiliado por sistemas de computación para el almacenamiento y transmisión de datos hacia el centro de cómputo, que el TSE instala en la capital para tabular los datos de todo el país y entregar resultados a la población. Es un sistema que ha funcionado por más 8 elecciones generales y tres consultas populares.
Sin embargo, los actuales magistrados del TSE persisten en el intento de comprar un nuevo sistema y equipo para las elecciones bajo el título de “SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DIGITALIZACIÓN, TRANSMISIÓN, DIGITACIÓN, VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES E INFORMACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2023”. Ese primer intento de adquisición fue cancelado luego de los innumerables cuestionamientos, pero en particular acerca del único oferente: Smartmatic International Holding, B.V. (en Guatemala, a través de una subsidiaria). Aunque aquel evento se canceló, el TSE persiste en el intento de comprar software y equipo, ya no en "paquete", sino en forma individual y separada. Smartmatic fue el único oferente y no hay razón para pensar que ahora no ofertará en cada unos de los rubros.
Como se dijo, esa empresa ha provisto sistemas -equipo y software- en varias elecciones alrededor del mundo, donde ha sido señalada de manipulación y fraude. En Guatemala, el representante de la compañía es un exfuncionario del actual gobierno lo cual prende todas las alarmas.
Smartmatic fue fundada en Estados Unidos, pero todo apunta a que sus dueños son venezolanos con supuestos vínculos con el régimen chavista. Ahora la entidad tiene su sede en el Reino Unido.
Y fue precisamente luego de unas elecciones en Venezuela, las que eligieron a la constituyente durante el régimen de Maduro, que Smartmatic tuvo uno de sus escándalos de falta de fiabilidad y manipulación de sus sistemas. Antonio Mugica, uno de sus fundadores, denunció que se había manipulado el resultado de la votación, culpando al régimen madurista de ello, tratando de deslindar responsabilidad alguna de su empresa.
Imaginemos la magnitud del problema, si el propio directivo de Smartmatic reconoce que su sistema fue vulnerado -aunque haya sido detectado- ello pone en serias dudas que, de ser utilizado en otras elecciones, como en las de Guatemala, pueda ocurrir lo mismo.
En El Salvador, al igual que sucedió en Filipinas, de detectó un “error” en el script que contabilizaba los votos, lo que ocasionó que candidatos con menos votos resultaban arriba. La autoridad electoral de ese país demandó a Smartmatic por un millón de dólares; la empresa transó en poco más de doscientos mil dólares.
En 2019, en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri contrató a Smartmatic para elaborar un software de trasmisión de datos por 1.2 millones de dólares, como parte de un programa completo que costaría 17 millones de dólares. La oposición objetó tal contratación debido a que no existía la obligación de mostrar el código fuente de ese software, por lo que es imposible auditar o fiscalizar.
A lo largo y ancho del planeta, el involucramiento de Smartmatic en elecciones ha sido cuando menos controversial y en varios casos, como se dijo, resultó en la falta de fiabilidad o certeza en elecciones a nivel nacional.
Pero ¿cómo es posible que la empresa haya realizado elecciones en otras partes y no ha habido problemas? La respuesta no está clara, pero si existe una fuerte indicación a que mucho tiene qué ver el socio local, además de la permeabilidad a la corrupción que en cada país. Smartmatic no se prestaría -directamente o a través de su socio local- a alterar datos en elecciones, digamos, en Canadá o en Estados Unidos. Y si lo ha hecho, no ha tenido consecuencias.
Con los antecedentes de Smartmatic, la vinculación del socio local (acá en Guatemala, el ex viceministro de gobernación del gobierno actual), la gran permeabilidad de instituciones y funcionarios a la corrupción, la cercanía del proceso electoral sumado a la escaza o nula capacidad de auditar el software y fiscalizar su operación, no se puede permitir que el TSE concrete la adquisición de software y/o equipo de Smartmatic.
Tampoco se debe permitir que un sistema que ha sido probado una y otra vez como fiable y, sobre todo, auditable, como es el voto en papel y tabulado por juntas electorales de ciudadanos, se varíe hacia un sistema que no garantiza esa transparencia.
En los próximos días, el TSE estará decidiendo si atiende las solicitudes de amplios sectores de la población (además de varias acciones legales presentadas) o si insiste en la contratación de un sistema que le resta credibilidad al proceso electoral, además de ser por un monto estratosférico. El hedor de corrupción está impregnado en esa pretendida compra, así como las intenciones de adquirir un sistema permeable a la manipulación. Robo de dinero y -muy probablemente- de elecciones. Así de claro.
*Editado el 16/11/22 a las 10:35 a.m. Luego de una aclaración de parte de relacionistas de Smartmatic. Se había consignado erróneamente que se trató del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando la información correcta es que se trató del Departamento de Justicia de Filipinas.